Televisión Española tiene nueva presidenta y algunos sectores de la casa se han puesto inmediatamente en guardia: “Si los presentes o inmediatos movimientos en RTVE tienen por objetivo someter a este servicio público a intereses partidistas, los trabajadores no lo permitiremos"-ha escrito el Consejo de Informativos en un comunicado urgente-. Con todos los respetos, queridos amigos, ¿por qué lo habéis estado permitiendo hasta ahora?

"Si detectamos adulteración del relato informativo al dictado de cualquier consigna, los trabajadores no nos plegaremos”, añaden. Puede que no se hayan "plegado" como afirman, pero he de confesar que me chirría tanta desconfianza en esta nueva etapa a las primeras de cambio, tras año y medio casi sin protestas contra unos telediarios mucho más beligerantes con el gobierno de coalición que con la derecha y la ultraderecha. En fin...

Así las cosas, quizás no sea mal momento para repasar, sobre todo pensando en quienes leen estas líneas sin ser expertos en la materia, algunas de las obligaciones de una televisión pública. Son muchas, pero a mi entender podrían resumirse en dos:

1. Hay que contar las cosas que interesan a la gente y no las que solo interesan a los políticos.

2. Si no se puede ser neutral ni objetivo, por lo menos hay que ser decente y coherente.

Una televisión pública, por mucho que dependa de un parlamento, no debe ser un altavoz de la institución. Los políticos deben aparecer cuando sus intervenciones ayuden a aclarar, no a confundir. Lo primero es y ha de ser siempre el espectador, a quien hay que ofrecerle información y datos sobre los asuntos que le preocupan.

La información política es importante, por supuesto, pero hay que intentar servirla explicando la otra cara de cada asunto sin limitarse, como sucede tantas veces, a ofrecer una batería de totales (declaraciones) concediéndole a cada partido su momento de gloria para intentar así que nadie proteste.

Salir en la tele se lo tienen que ganar y no pueden considerarlo un derecho. En los totales no pueden aparecer soflamas inconstitucionales, por muy diputado o diputada que sea quien las profiera. Si hay que divulgarlas por su interés, el presentador que recoja la noticia debería apostillar y explicar al espectador, con datos, que la afirmación que se acaba de hacer es inconstitucional.

El concepto de servicio público implica utilidad social. Si los maestros están para enseñar y los cirujanos para operar, el periodista de un medio público está para contar las cosas según unas elementales reglas sobradamente conocidas que permiten huir de la manipulación o el sectarismo. Quienes trabajan en las redacciones de las televisiones públicas las conocen y las usan cuando consiguen ejercer su trabajo sin condicionamientos. Solamente es preciso que los jefes de sección, y los responsables de información y de edición de los informativos, dejen hacer y no se entrometan en el trabajo de los profesionales.

Para eso, los jefes han de poder actuar (cosa que en la actualidad apenas sucede) con estricto criterio periodístico, eligiendo los temas de agenda con ese enfoque y no con el propagandístico, elaborando unas escaletas donde prime el interés del espectador y ayudando a entender las noticias con pedagogía y didactismo. En una palabra, que hagan bien su trabajo, y no funcionen desde el comisariado político.

La televisión pública del Estado tiene la posibilidad de marcarle el camino al resto. Probablemente haya llegado el momento de reinventar la televisión pública, de reivindicarla tal como era hace no tanto tiempo: sobran los adjetivos, los verbos valorativos, las reiteraciones; hay que elaborar temas propios, aprovechar las reuniones de redacción para propiciar tormentas de ideas, no solo para repartir los temas que están en previsiones o para procurar que no se nos escape nada de lo que vaya a hacer la competencia.

La televisión pública, sobre todo Televisión Española, debe contribuir a la difusión de la literatura, el cine, la música o la ciencia, y ha de hacerlo de manera eficaz y atractiva sin que eso signifique ponerse al servicio de los intereses de las industrias que manejan el sector.

La televisión pública no va en el kit de quién gana las elecciones, tampoco en el de ningún otro: sindicatos, Consejo de Administración, comités de dirección y Consejos de Informativos han de velar porque el servicio público sea el mejor posible y no permitir que se repartan en pedacitos la parrilla de programación y las cuotas de poder.

Televisión Española tiene un presupuesto de 1.200 millones de euros al año, mientras que ayuntamientos de capitales de provincia como Ávila o Cuenca no pasan de los 60. El presupuesto de RTVE es 10 veces Ávila y Cuenca juntas. Con ese dinero, la televisión pública del Estado tiene la obligación de ofrecer un producto imbatible, cosa que no ocurre. Y más contando nada más y nada menos que con ¡6.500 profesionales!

Televisión Española es una máquina de triturar presidentes y su última víctima ha sido José Manuel Pérez Tornero. Esperemos que quienes asumieron la responsabilidad de gestionar la empresa el pasado 27 de septiembre lo hagan pensando, por encima de cualquier otra cosa, en el espectador. Basta con dedicarse a contar las cosas que pasan en la calle, serle útil al ciudadano en todo aquello que le afecta a su bolsillo, su salud y su educación, y hacerlo con el mayor respeto a quienes destinan parte de sus impuestos a financiar un medio de comunicación del que lo mínimo que cabe esperar es que los ilustre adecuadamente.

En resumen: decencia, coherencia, honestidad, sabiendo que la neutralidad o la objetividad no existen, y ser implacables con el gamberrismo institucional o las proclamas ultraderechistas. Que un partido fascista cuente con representación parlamentaria no puede significar puente de plata para difundir proclamas antidemocráticas. Si eso es debatible vamos mal, si es querellable peor, y si un juez les da la razón, más vale que cerremos para siempre las televisiones públicas de una vez y nos dejemos de tonterías para siempre.

J.T.