Me ha sorprendido un poco, lo confieso, la agresividad con la que un sector de la izquierda ha contestado a la propuesta del ministerio de Derechos Sociales de crear una prestación universal por crianza de 200 euros al mes. La medida puede considerarse modesta, si se compara con la reivindicación justísima de una renta de ciudadanía, y más aún con la deseable y hoy imposible abolición del capitalismo, pero no carece de importancia en un país en el que el riesgo de pobreza infantil afecta casi al 30% de las familias. La objeción de los críticos izquierdistas, algunos no siempre serenos o bienintencionados, atañe a su carácter “universal”. ¿Va a recibir esa ayuda lo mismo un vecino de Cañada Real que uno de Puerta de Hierro? ¿Lo mismo un trabajador precario que no llega a fin de mes que el CEO de una gran empresa? La universalidad, ¿no atenta en este caso contra el principio de igualdad? Creo que el ministro Bustinduy ha explicado de manera elocuente las razones de esta universalidad, que en realidad garantiza que reciban la ayuda los más desfavorecidos, desconectados como están de los servicios sociales y disuadidos una y otra vez por procedimientos administrativos opacos y farragosos. Al mismo tiempo, Héctor Tejero, asesor del ministerio de Sanidad, sintetizaba el otro día en twitter (o 'X') una comparación muy convincente. Decía: “Lo mismo que aplica a las prestaciones en especie como la Sanidad pública aplica a las prestaciones monetarias como la de crianza. No queremos que las rentas altas paguen por ir la sanidad pública. Van y luego pagan impuestos. Igual con los 200 euros por niño”. La expresión monetaria del ingreso de crianza puede resultar irritante, pero es una pura ilusión: tanto la sanidad como la escuela pública, donde pobres y ricos reciben en servicios una “prestación” mucho mayor, tienen un carácter felizmente universal.

Ahora bien, como dice Tejero y ha insistido igualmente Pablo Bustinduy, esta prestación de crianza tiene que ir acompañada de una reforma fiscal que obligue a pagar más a los que más tienen. En condiciones de desigualdad económica, solo una fiscalidad progresiva puede asegurar los efectos igualitarios de la universalidad, cuya función paradójica debe ser la de garantizar que solamente los sectores más desfavorecidos cobren la prestación. Me explico: los ricos, si pagan los impuestos correspondientes a sus ingresos económicos, no van a cobrar en realidad esos 200 euros; no los van a cobrar porque, vía fiscal, estarán obligados a devolverlos y porque, aún más, van a tener que pagar las prestaciones de los que tienen menos ingresos. La expresión monetaria de la ayuda por crianza es doblemente engañosa. Lo es en la medida en que nos oculta en este caso el verdadero sentido de esa misma universalidad que defendemos con calor en la sanidad y la enseñanza; y lo es también porque genera la ilusión de que los más pudientes reciben algo cuando, en realidad, deberán devolverlo todo y añadir además la parte correspondiente a la prestación de los más pobres. La universalidad, como vemos, es la única manera de asegurarse de que van a recibir la ayuda los que la necesitan y únicamente ellos. Eso implica, claro, una política fiscal más justa; es decir, más exigente con los que no necesitan y, aún más, desprecian los 200 euros de la prestación por crianza. Ahora bien, Sumar podrá hacer muy poco en este sentido si el PSOE del “punto y aparte” no comprende lo que está en juego, incluso desde un punto de vista electoral. Y si el resto de la izquierda no se deja de pejiguerías sectarias y empuja también en esa dirección.

Porque esto de la universalidad tiene otra vertiente más política que a mí me gusta mucho. Hay, sí, un tercer elemento de orden estrictamente democrático, en su sentido más fuerte, relacionado, como sugiere Jorge Moruno, con el concepto de ciudadanía: esa ciudadanía formalmente declarada en la Constitución, pero materialmente desmentida por la desigualdad social. Si lo pensamos bien, no son tantas las personas en España que se reconocen realmente en su condición ciudadana. Los pobres, digamos, son menos que ciudadanos, como lo señala su abstencionismo electoral, resultado natural, si se quiere, de toda una serie de exclusiones previas. Los ricos, por su parte, son más que ciudadanos: tienen sus propias escuelas, sus propios hospitales, sus propias piscinas y a veces sus propios jueces y sus propias leyes. Así que reparemos en este efecto colateral de la modesta medida propuesta por el ministro Bustinduy: al pagarles 200 euros que no necesitan y que, aún más, desprecian, a los ricos se les obliga a asumir un patrón compartido de ciudadanía común. Los marxistas belicosos, de hecho, podrían felicitarse de la medida asociándola a una especie de venganza de clase: no les vamos a permitir huir completamente de la ciudadanía compartida; no van a tener solamente privilegios.

En cuanto a los votantes comunes de clase media deben celebrarla, en este sentido, como una indolora zancadilla en la fuga de los más ricos hacia el exterior de la ciudadanía. Mediante la universalidad de esta medida (que en realidad no beneficia al barrio de Salamanca) les impedimos escapar: les decimos: sois como todos. Tendrán, sí, que aceptar esos doscientos euros quieran o no, como si los necesitasen, como si tuvieran dificultades para llegar a fin de mes, como si no tuvieran piscinas privadas y no llevaran a sus hijos a clubs selectos de hípica y de golf; como si no se diferenciaran, en definitiva, de la “chusma”. Personalmente, esta dimensión psicológica de la propuesta, profundamente democrática, me llena de regocijo. El ingreso universal por crianza (como lo sería, aún más, una renta ciudadana universal) es la única manera que se me ocurre, en una sociedad capitalista minada por la desigualdad, de construir materialmente ciudadanía a fin de incluir en ella tanto a los más pobres, a los que no se deja entrar, como a los más ricos, que se quieren escapar. Los ricos tendrán que recibir lo mismo que todos y el hecho de que no les haga falta solo enfatiza el carácter desnudamente democrático de la medida, que es lo que verdaderamente molesta a los sectores oligárquicos más reaccionarios de nuestro país. Lo que no me cabe en la cabeza es que moleste también a algunos sectores de la izquierda.