El pasado 27 de diciembre se publicaba en el BOE el texto definitivo de la Ley de Atención a la clientela. La ley supone un gran avance en defensa de las personas consumidoras, y podría haber sido también una mejora sustancial en la consolidación de un sistema de juego legal más seguro y garantista. Sin embargo, en el último trámite de la ley, PP, Vox y Junts lo bloquearon.  

La decisión del PP, Vox y Junts supone un duro varapalo, pero no para el Gobierno, sino para los y las ciudadanas que no podrán saber si alguien ha usado su DNI de forma fraudulenta para acceder a una plataforma de juego online, hasta concluido el año fiscal en que haya sido usado.  

Lo es también para las personas más jóvenes que, sin el conocimiento suficiente sobre la dinámica de los bonos de bienvenida y cegados por el “juega gratis” que les ofrece su tiktoker de cabecera, pueden verse entrampados de la noche a la mañana en una deuda que no pueden pagar. 

Paradójicamente, también es un varapalo muy gordo para los operadores de juego que, ya que han preferido salvaguardar lo que ellos llaman “la experiencia del jugador” a garantizar que los proveedores de aplicaciones de juego sólo puedan ofrecer sus servicios a empresas con licencia, lo que redundaría en un mercado más seguro, también para ellos, operadores legales que, aunque creen que este bloque de los partidos de la derecha y la derecha extrema les beneficia, me temo que no es más que un espejismo. 

Las medidas de juego seguro que se han querido introducir en esta disposición adicional no eran más que un ejercicio de responsabilidad de quien tiene la imagen completa de mercado de juegos de azar online en España: la Dirección General de Ordenación del Juego.  

Esta DGOJ es quien sabe que los casos de suplantación de identidad del último ejercicio fiscal son superiores a los del ejercicio anterior y que a 8.675 personas les sustrajeron datos mediante phishing en 2024. Lo que hace prever que, lamentablemente, otras tantas lo padecerán en 2025, pero no lo podrán detectar a tiempo de evitar problemas muy serios, algo perfectamente evitable, tal y como ocurre en todos los países de nuestro entorno si se impide jugar con tarjetas de crédito de terceras personas. Lo que, por otro lado, parece de sentido común. 

También sabemos, porque tenemos los datos globales, el significativo incremento de las personas de 18 a 25 años que se incorporan al juego online como consecuencia de los bonos de bienvenida que publicitan influencers y redes sociales, y que les obligan a jugar compulsivamente en un periodo muy corto de tiempo, con el riesgo que ello supone.

Como también sabemos que, aunque lejos de las disparatadas cifras que se publican de cuando en cuando, el juego ilegal está creciendo gracias, precisamente, a las mismas redes sociales, influencers y proveedores de juego que anuncian indistintamente juego legal o ilegal generando, además, una enorme confusión entre la ciudadanía que juega. 

Todas estas medidas de protección y sentido común son a las que se han opuesto PP, Vox y Junts. Convendría que explicaran por qué. 

Nos resulta incomprensible que, al igual que han hecho con otras medidas de la ley, no se hayan sumado al objetivo de proporcionar un espacio legal y seguro para la ciudadanía que libremente juega. Lo vamos a seguir haciendo a pesar de esta oposición que parece más interesada en los zascas y los castigos al Gobierno que en defender a la mayoría a la que dicen representar.