Como último paso de una campaña planificada y preparada desde hace años por el oligopolio eléctrico, esta semana han anunciado la petición al gobierno para alargar la vida de la central nuclear de Almaraz. Con ello, las eléctricas pretenden reventar el programa de cierre nuclear que fue pactado por ellas mismasccon el objetivo de maximizar sus beneficios forzando el alargamiento de la vida de las centrales nucleares, pero a través de una mayor participación del Estado en su coste. 

El 28 de abril, a las 12:33 horas, se produjo un apagón de todo el sistema eléctrico peninsular, lo que se conoce como "caída a 0" de tensión. Este momento fue clave en esta campaña de acoso y derribo contra las energías renovables. A pesar de que posteriormente se demostró falso, desde el primer minuto se acusó a las energías renovables de ser las responsables del apagón. La nuclear, que no jugó ningún papel relevante en la recuperación de la potencia eléctrica, se presentaba como salvadora en una campaña tan falsa como intensa. Posteriormente el informe de Red Eléctrica apuntaba precisamente a la responsabilidad de las eléctricas en el apagón, por la ausencia de los ciclos combinados ante la caída de tensión. Pero esto se ha tapado, y ha quedado en el imaginario que el apagón fue culpa de las energías renovables.

La campaña mediática ha ido de la mano de la presión política. El pasado 6 de mayo, el Partido Popular aprovechó la coyuntura para llevar al pleno del Congreso una Proposición No de Ley que, bajo el título "Estrategia Integral para una Transición Energética limpia, justa", tenía como único objetivo revertir el calendario de cierre nuclear propuesto por las empresas eléctricas en 2019. Todo ello llevaba a lo que estamos viviendo hoy: evitar el cierre nuclear.

La responsabilidad civil en materia de energía nuclear no acaba cuando las centrales dejan de operar, sino que continúa con los residuos nucleares durante las generaciones futuras. La incertidumbre estriba en no saber quién paga por esta responsabilidad civil a largo plazo. La industria nuclear aboga de manera creciente por un sistema en el que la compañía eléctrica pague una tarifa fija por kWh durante la vida operativa de la central. A cambio, el Estado asume la responsabilidad financiera y legal por los residuos una vez clausurada ésta. De esta manera los riesgos futuros quedan en manos del Estado y sus costes deben ser abonados por los contribuyentes. Es decir: la energía nuclear depende del dinero del Estado, bien para suscribir costes de capital, para asumir la responsabilidad civil a gran escala o para hacerse cargo de los costes –subestimados- del desmantelamiento de las centrales. Está claro que la industria nuclear no puede sobrevivir sin ser una carga para los contribuyentes.

Por el contrario, las energías renovables hacen que el precio de la energía esté cayendo: de hecho la UE cuantificó en 59.000 millones de euros el ahorro gracias a las renovables en Europa (datos del último informe EMBER publicado el pasado 23 de enero). De esos 14.000 millones se han ahorrado en España (según los datos del Ministerio de Transición Ecológica).

En un reciente informe de Greenpeace se ponía de manifiesto que, en contra de la percepción que tratan de promover sus partidarios, la energía nuclear es poco importante y se encuentra en declive en el mercado internacional de tecnologías de generación de electricidad. Según el informe de World Nuclear Industry Status Report 2024, la cuota de producción nuclear en 2023 bajó una décima (del 9,2 % al 9,1 %) pues, aunque se pusieron en marcha cinco nuevos reactores nucleares (5 GW), se cerraron cinco de más potencia (6 GW). En cambio, la inversión renovable alcanzó la cifra récord de 623.000 millones de dólares en 2023, 27 veces más que la inversión en centrales nucleares. La potencia instalada solar creció un 73 % y la eólica un 51 %, lo que supone 460 GW de nueva potencia renovable frente a un descenso de 1 GW en potencia nuclear. Las instalaciones eólicas y solares mundiales generaron un 50 % más de electricidad que las nucleares.

La energía nuclear tampoco es una energía segura. El alargamiento del funcionamiento de las centrales más allá de los 40 años supone aceptar una situación de riesgo creciente, que exige mayor vigilancia de la entidad reguladora y demanda inversiones millonarias de las empresas propietarias.

A pesar de que el calendario de cierre fue acordado entre las compañías propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy y EDP) y ENRESA en 2019, y contempla un proceso de desmantelamiento gradual entre 2027 y 2035, actualmente estamos asistiendo a una voluntad de reapertura de dicho calendario por una fuerte presión del lobby pro-nuclear.

Recientemente, el gobierno del Psoe y Sumar se ha mostrado dispuesto a valorar un aplazamiento si lo piden las compañías eléctricas propietarias de las centrales (Iberdrola y Endesa como socios mayoritarios en las diferentes plantas y Naturgy y EDP con participaciones minoritarias en algunos reactores), y si la solicitud va a acompañada de un plan que no implique trasladar ningún sobrecoste al recibo de la luz que pagan todos los consumidores. El problema es que el oligopolio tiene su campaña diseñada por pasos. Si el gobierno cede con Almaraz, acabaremos pagando todos el sobre coste que supone mantener las nucleares abiertas. Por ello las eléctricas deben cumplir el calendario que pactaron. Pero ya sabemos que no lo harán.