Mi padre, otro represaliado-esclavo

Irene de la Cuerda,

secretaria de Acción Social del Comité Confederal de la CGT

“Privados de libertad y de los más elementales derechos civiles, despojados de sus pertenencias y propiedades, hacinados en recintos inmundos, arrancados de su tierra, sus familias, sucios, hambrientos, condenados a penas enormes... fueron reducidos tras la guerra, literalmente a la esclavitud, esto es, a la explotación de su fuerza laboral en beneficio de los vencedores del Nuevo Estado, de las empresas privadas afectas o de la Iglesia, siendo ésta la que organizaría ideológicamente este sistema de explotación que, abarcando todas las modalidades de trabajos forzados, recibiría el nombre de Redención de Penas por el Trabajo.” - Rafael Torres “ Los esclavos de Franco” Anaya-Oberon. 2000.-

Dentro del plan de depuración y sometimiento, mediante la eliminación física, la implantación del terror y el adoctrinamiento de las clases populares que se opusieron al golpe militar fascista del 18 de Julio de 1936, el trabajo esclavo ocupa un papel relevante como método de control, adoctrinamiento y aprovechamiento económico de la enorme fuerza de trabajo que representaban los miles de prisioneros de guerra capturados por los golpistas en el devenir de la guerra civil.

A principios de 1937 se acondicionaron lugares para la reclusión y clasificación de los prisioneros de guerra en el frente del norte y se crearon las Comisiones de Clasificación en Orduña y Murgia y en el campo de concentración de Miranda de Ebro. Ya en abril de ese año, se crean los primeros Batallones de Trabajadores, los cuales supondrían la primera fórmula que pone en marcha el régimen para el aprovechamiento de la mano de obra esclava.

A partir de 1939, con el final de la guerra, el régimen crea todo un enramado de explotación de los vencidos con la creación de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (BDST), compuestos por los jóvenes de las quintas de 1936 a 1940, muchos de los cuales ya formaban parte de los Batallones de Tabajadores (BBTT). Se crean también los Batallones de Trabajadores Penados, a partir de 1940, a partir de la fórmula del Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, que es el eufemismo con el que se pasa a denominar a los campos de concentración con el fin de descongestionar las cárceles. Este organismo, dependía de Presidencia del Gobierno, pero su gestión estaba ligada al Ministerio de Justicia y al ejército.

Al Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas se le dotó de un soporte ideológico de adoctrinamiento y reeducación gestionado por el jesuita Pérez del Pulgar a través del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, convirtiéndose en una verdadera factoría de aprovisionamiento de mano de obra a las instituciones del régimen, la Iglesia y las empresas privadas afectas.

El sistema de campos de concentración-explotación franquista se extendió como una mancha de aceite por toda la geografía del Estado, no hay territorio ni ciudad donde no se pueda seguir el rastro de la explotación esclava, desde Aragón a Cantabria, de Euskadi a Andalucia, pasando por Castilla y Extremadura, los esclavos del franquismo reconstruyeron ciudades, construyeron carreteras y fortificaciones en el Plan de Defensa del Pirineo, aeródromos, ferrocarriles, y todo tipo de infraestructuras y monumentos para mayor gloria del nuevo régimen, especialmente las obras hidráulicas en las que se construyeron pantanos y canales de riego como el Canal del Bajo Guadalquivir (El canal de los Presos). Su construcción se prolongó a lo largo que dos décadas. Los presos penados encuadrados en la 1ª Agrupación del Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas comenzaron esta obra siendo instalados en el campo de Concentración de “La Corchuela”, al que se sumaron después los campos de “El Arenoso” en el término municipal de Los Palacios y el de “Los Merinales” en Dos Hermanas. Comienzan allí dos décadas de humillaciones y sufrimiento para los presos y sus familias, hasta la disolución del Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas por el Decreto de 8 de Octubre de 1960.

En la construcción de la carretera de Lesaka a Oiarzun trabajó mi padre como esclavo del franquismo, dentro del Plan Estratégico de Defensa de los Pirineos. Tenía 24 años y nunca olvidó aquellos años de sufrimiento, peores incluso que los años de la guerra…

No se ha realizado todavía un estudio pormenorizado de cuantos de estos presos murieron en los campos, como consecuencia de la poca alimentación, las jornadas de trabajo agotadoras, la falta de higiene y salud, así como a consecuencia de la represión y malos tratos a los que eran sometidos por la arbitrariedad de las fuerzas militares que los custodiaban. Se trata de un asunto que está pendiente, como tantos otros crímenes franquistas, de documentación y reconocimiento, pero cuyos resultados seguramente nos asombrarían.

Los trabajos forzados surgieron como una respuesta útil a la acumulación de prisioneros de guerra y acabaron constituyendo un sistema ampliamente extendido y reglamentado. De este sistema inhumano y masivo de explotación y represalia se beneficiaron, como ya se ha apuntado, los empresarios emergentes de la posguerra afectos al ‘régimen’, que gracias a las ingentes plusvalías obtenidas del trabajo esclavo construyeron imperios empresariales, muchos de los cuales, bajo otros nombres corportativos, se mantienen hasta nuestros días, sin que nadie, por supuesto, haya reconocido el origen criminal de sus fortuna, ni mucho menos haya tenido un gesto de justicia hacia los explotados o hacia nosotros y nosotras, sus descendientes.

Como se ha documentado ampliamente, este sistema de explotación absolutamente impune permitía además todo un mundo de corrupción: los mandos militares de los campos, por ejemplo, hinchaban las facturas de los suministros, que en realidad eran raciones de hambre, para quedarse ellos mismos la diferencia. En cuanto al salario miserable que las empresas favorecidas pagaban, en teoría, a los trabajadores-esclavos, la mayor parte del mismo se lo quedaba el Estado.

El franquismo y la “modélica transición” del régimen del 78 cubrió con un velo de silencio y olvido a todas aquellas personas, hombres y mujeres que resistieron el golpe militar y defendieron la dignidad de nuestro pueblo, siendo por ello castigadas con la muerte, la represión, la humillación y el escarnio. No ha habido reconocimiento ni reparación a las víctimas por parte de esta “democracia de barniz” en la que vivimos y, por ello, nuestra es la responsabilidad de levantar ese velo de oprobio para situarlos de nuevo en el lugar de honor y dignidad que les corresponde en la historia de nuestro país.