Papá Estado deja que nos maten

Andrea Momoitio

Periodista remasterizada y coordinadora de @pikaramagazine

La historia de Andrea Rascón, la hija de Ángeles González, y la de Jessica Bravo, la joven asesinada a tiros por su expareja en Elda, tienen algo en común: ambas han muerto por la inacción del Estado. Entre un entierro y otro han pasado 14 años. No me tiembla el pulso para señalar a las instituciones como cómplices de ambos asesinatos. Es imprescindible acusar y denunciar a quien tiene en sus manos los recursos necesarios para tratar de poner freno a los feminicidios y decide no hacerlo.

El Estado español firma y ratifica todos los convenios internacionales que se les ponen por delante con el objetivo de erradicar las violencias machistas, pero no dota de presupuestos ni de recursos públicos estas herramientas. No voy a presuponerles, ni siquiera, buena voluntad. Nunca he tenido fama de ilusa: la inacción del Gobierno español responde a una cuestión ideológica. No firmaré que no saben cómo abordar la cuestión, ni que la voluntad política no es suficiente; no voy a firmar que trabajan por evitar que nos maten, no voy a firmar ninguna frase que les exculpe de sus decisiones políticas. El Estado no actúa y, por tanto, deja que nos maten en la más absoluta impunidad política y social. El Gobierno español recorta el gasto en igualdad porque no cree en ella; no dota de recursos humanos ni económicos los planes que firma porque no considera una prioridad política garantizar la posibilidad de vivir una vida libre de violencia a las mujeres. El Gobierno presidido por Mariano Rajoy garantiza con sus políticas la continuidad del patriarcado, el sistema de dominación que sostiene ideológicamente la violencia machista en todas sus manifestaciones.

Si las feministas insistimos tanto en la importancia de reconocer las distintas formas de violencias machistas como una vulneración de los Derechos Humanos de las mujeres es porque esa afirmación nos permite, sin titubear, señalar a todos los Estados e instituciones públicas que no cumplen con una de sus funciones: velar por el cumplimiento de los derechos más básicos de su ciudadanía. No. El Gobierno español no cumple con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos de las mujeres, aunque quizá sea mucho esperar del mismo Estado que ha sido condenado por torturas e incumplimiento de otros derechos civiles en tantas y tantas ocasiones.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, demasiado ocupada tal vez en pasear de plató en plató hablando de la situación del pueblo catalán, no ha dimitido ni piensa hacerlo tras el terrible asesinato de Jessica Bravo, en la puerta del colegio de su hijo. El Ministerio que dirige seguirá actualizando los datos de víctimas mortales sin llorar sus muertes; los medios de comunicación siguen provocando un efecto narcotizante en la ciudadanía con la manida fórmula de “una nueva víctima de la violencia machista”, que no abre informativos porque ¡estamos acostumbradas! La vida continúa tras cada asesinada excepto para ellas.

La falta de mecanismos efectivos para que los Estados cumplan con los acuerdos que han ratificado y la falta de conciencia social para entender que el Estado y sus instituciones tienen una responsabilidad que eluden son sólo dos de las razones por las que, en lo que vamos de año, 44 mujeres han sido asesinadas en el Estado español por sus parejas o exparejas. Ampliar el concepto de violencia machista es urgente también para tratar de erradicar otras formas más sutiles de violencia y discriminación que preceden a los asesinatos. Esas pequeñas sutilezas, esas formas de discriminación que algunos creen exageradas; los pequeños gestos cotidianos que siguen alimentando en el imaginario social que las mujeres somos ciudadanas de segunda.

Ángela González había denunciado en 51 ocasiones a su expareja y este, sin embargo, pudo acabar con la vida de la hija de ambos. Andrea tenía 7 años. Jessica Bravo denunció que su asesino había quebrantado la orden de alejamiento. Le detuvieron, pero el juez de guardia le dejó en libertad para que pudiera matarla con cinco tiros en la cabeza. En la puerta del colegio de su hijo de cuatro años. ¡CUATRO AÑOS! Honraremos su memoria y recordaremos su nombre; denunciaremos su asesinato y clamaremos justicia por todas las mujeres asesinadas; nos manifestaremos y seguiremos trabajando hasta lograr que toda la ciudadanía comprenda que necesitamos de un cambio cultural radical que reconozca a las mujeres sujetas de Derechos Humanos y, sobre todo, seguiremos en lucha hasta que se entienda la dimensión política de la violencia contra las mujeres. Porque, compañeras, podemos ser cualquiera de nosotras y, sobre todo, el próximo asesino puede ser cualquiera de los nuestros.