En circunstancias difíciles los políticos critican a los movimientos y colectivos sociales activos, cuando se ven amenazados por ellos. No depende del color político. Felipe González y Alfonso Guerra son autores de inmejorables "perlas": "quien quiera cambiar las cosas, que se presente a las elecciones (González), "los movimientos sociales no tienen legitimidad, si no pasan por las urnas"((Guerra). De cada uno de ellos tengo anotadas diez frases del mismo estilo. Mayor número de frases aún de líderes del PP contra el 15-M: "que se presenten a las elecciones", "que formen un partido político"… y así suma y sigue. Mi opinión está en las antípodas de las de estos próceres de la política única. 

La ciudadanía puede y debe adoptar un protagonismo en la vida política del país a través de la creación de colectivos ciudadanos de acción política al margen de los partidos políticos. La defensa de este protagonismo puede ser vista con reservas por los partidos políticos; estos últimos, de tanto observar que la vida política se canaliza exclusivamente a través de ellos, pueden llegar a pensar que este protagonismo ciudadano es un despropósito o un atrevimiento. ¿Permitido por la Constitución?, quizás se pregunten algunos. La democracia formal y burocratizada que vivimos da lugar a estos planteamientos nada simpatizantes con las iniciativas ciudadanas. Sin embargo, la participación ciudadana en la vida pública no tiene que estar sujeta siempre a los modelos institucionales y a los cauces de participación establecidos. Se reitera mucho que es lamentable que la participación política de los ciudadanos/as se limite a votar en elecciones periódicas cada cuatro años, dejando después a los elegidos/as que actúen a su aire. No sólo la participación de la ciudadanía en la vida pública no debe ser exclusivamente institucional, sino que es conveniente que no lo sea.

Por otro lado, participación política y militancia política no son conceptos similares. Podemos encontrarnos con un militante no participativo o escasamente participativo y en el mismo escenario con una persona no militante desarrollando una participación de primer orden. La militancia no tiene la llave de la participación política. En el seno de la sociedad civil se puede participar con más intensidad y durante mayor tiempo fuera de los partidos políticos y las instituciones políticas que dentro de ellos. He defendido la "pequeña gran política" de los ciudadanos/as, que sin el apoyo partidista han llevado a cabo una extraordinaria actividad política. Todos conocemos a algunos/as de estos "ciudadanos/as de la sociedad civil".

La misma Constitución española está llamando a una participación política externa a los partidos políticos, al señalar una participación concreta y exclusiva para los partidos políticos en el art. 6 y otra general para la ciudadanía en el art. 9.3 y en art. 23.1. El art. 6 afirma que "los partidos políticos son instrumentos fundamentales para la participación política". El art. 9.1 expresa que "corresponde a los poderes públicos… facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social", que se relaciona con el art. 23.1, muy ambicioso, que dice: "Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal". Este artículo contiene los dos modelos de democracia, la democracia representativa y la democracia directa sin representantes. 

Hace ya tiempo que el sociólogo alemán, C. Offe, prevenía de las actitudes recelosas de los partidos políticos contra el protagonismo, directo y espontáneo, de la ciudadanía, y de cómo el modelo de Estado de partidos no permitiría el surgimiento de movimientos sociales, que pusieran en peligro la relevancia política de los partidos y todo el aparato de poder que éstos incorporan. La alta cifra de políticos/as profesionales (que permite asegurar que nuestros partidos son partidos de profesionales de la política) no verá con buenos ojos un resurgimiento de ciudadanos/as políticamente activos fuera del control de los partidos. La posición de éstos respecto a los brotes de colectivos ciudadanos de acción política es medida y circunspecta: todo lo contrario de un cheque en blanco.

Los partidos se debaten entre un lenguaje externo demagógico de alentamiento de las iniciativas participativas ciudadanas y un comportamiento real calculado, donde mueven fichas en función de las expectativas electorales propias. Apoyarán las iniciativas ciudadanas, si con ello ganan votos en el mercado electoral; si su "solidaridad" contribuye a mantenerles en el poder o a ganarlo. Si no es así, los partidos se alejarán de estas iniciativas o las combatirán directamente desde la trastienda, aunque públicamente callen o digan hacer lo contrario.

Si miramos hacia la historia política, próxima y remota, los partidos políticos en los momentos difíciles de una transición política hacia la democracia han devorado sigilosamente a movimientos sociales y colectivos ciudadanos, tras realizar éstos su gran labor de cambio político. En la lucha por el cambio político suelen compartir el compromiso y el riesgo, actuando en consonancia para acabar con el antiguo régimen. Después, implantado el nuevo régimen democrático, los partidos se afianzan y crecen. Si es necesario, recelosos de los movimientos sociales y los colectivos ciudadanos, los desacreditan y marginan. En las primeras elecciones democráticas con frecuencia el voto de la ciudadanía, que consolida al partido, es en cierta medida un voto contra quienes iniciaron y apoyaron con más fuerza el cambio político.

Sin embargo, las relaciones ciudadanía-partidos políticos se basan en el principio de subsidiariedad de los segundos respecto a los primeros. El principio de subsidiariedad expresa el carácter subordinado del representante al representado, del elegido al elector, del político al ciudadano. El representante hará lo encomendado por los ciudadanos/as y en la medida en la que subsista esa encomienda. Por consiguiente, la actividad política corresponde a la ciudadanía directamente en toda su dimensión a excepción de la parcela encomendada provisoriamente al representante comisionado, susceptible siempre de revocación. La acción de los ciudadanos/as es directa y plena; la de los políticos/as, indirecta y subsidiaria.

En definitiva, se trata de defender la coexistencia y complementariedad de ambos: de los partidos políticos y de los movimientos sociales y los colectivos ciudadanos de acción política. No se pretende que éstos suplanten el papel de los partidos, sino de que conjuntamente convivan y hagan su trabajo en la vida política de nuestro país. Porque ambos modelos son necesarios y cada uno puede desarrollar en la escena política cualidades, que les son propias y que difícilmente podría desplegar un modelo alternativo exclusivista.

Al defender la coexistencia de ambas políticas: institucional partidista y ciudadana espontánea, se pretende hacer frente a las críticas de quienes consideran que los modelos institucionales son los adecuados (o que éstos son exclusivos, que sería una opinión extrema). Yo mismo he sido sujeto pasivo de un comentario de esta naturaleza: defendiendo un interés social general durante varios años. Refiero el incidente en un episodio de mis Memorias de un ciudadano de a pie. Un compañero me espetó la conveniencia de hacerme valer de un partido político o que me hiciera militante de un partido político afín a la causa defendida. Opinión contraria a la que aquí se sostiene. Precisamente porque los partidos políticos son grandes instituciones burocratizadas, selectivas en la defensa de intereses sociales, con grandes dependencias externas que limitan una acción independiente, es por lo que los colectivos ciudadanos de acción política son no sólo convenientes, sino incluso necesarios para una sana vida política.

La participación política ciudadana autónoma en relación con los partidos políticos puede proporcionar beneficios por varias razones: a) el conocimiento de problemas políticos y soluciones en los que los partidos no están interesados; éstos desvelan ante la opinión pública lo que les conviene y frecuentemente para arrojarlo a la cara de los adversarios, b) el control de la actividad de los partidos políticos y sus miembros, quienes se comportarán mejor si se sienten observados; c) la exigencia de responsabilidades a los políticos/as, que es más eficaz desde las bases ciudadanas que desde los partidos políticos y las instituciones dominadas por ellos; y d) la influencia para producir un cambio en la agenda de los partidos políticos, metiendo en ella asuntos nuevos o cambiando el orden de prioridad de los ya incorporados; estamos viendo recientemente el cambio de las agendas por la presión de colectivos sociales, como las mujeres y los pensionistas.