A partir de mañana sábado, cada inmigrante irregular que llegue a las playas de Almería o que sea interceptado en patera por alguna patrullera de la Guardia Civil hará su declaración judicial por videoconferencia. De hecho, mañana inaugurarán esta herramienta los que fueron interceptados ayer noche y que desde entonces llevan en los módulos de recepción del Puerto.

Este procedimiento judicial es el que determina el futuro inmediato del migrante, puesto que tras él se decide si es deportado a su país de origen o trasladado a uno de los polémicos y, por lo general, opacos Centros de Internamiento e Inmigrantes (CIEs).

Según García Lorca, mediante el sistema será posible incrementar "la eficiencia y seguridad en Almería puesto que las patrullas de Policía Nacional no tendrán que hacer traslados y custodia de inmigrantes irregulares". Según él, reducir el número de traslados redundará en beneficio de la seguridad ciudadana. No en vano, sólo el año pasado se trasladaron cerca de 1.400 inmigrantes (unos 692 de origen subsahariano y 696 argelinos). Este año, ya se han interceptado 8 embarcaciones con un total de 203 inmigrantes (200 de origen subsahariano y 3 de origen argelino).

Lo sorprendente no es sólo que se presuma de "idea pionera" cuando esta tecnología lleva más de dos décadas utilizándose, sino que además el principal argumento de venta no es el bienestar del migrante, sino el ahorro de dinero y la seguridad de quienes nos encontramos en España cómodamente instalados. Han hecho falta episodios como los vividos el año pasado, cuando siete migrantes, asustados y desesperados, forzaron a patadas una claraboya del furgón que los trasladaba, fugándose, para que se adopten medidas.

Aunque es cierto que el comisario Castaño ha destacado el método "más humanitario, seguro y eficaz" y de que se habla de reducir el estrés de los migrantes, llevados hasta ahora "en coches policiales como si fueran delincuentes", lo cierto es que hay cosas que no casan; lo cierto es que el hecho de que este sistema llegue ahora y, además, sea único en España dice mucho de lo que a nuestra Administración Pública le importan los migrantes.