Dice el refrán que las cosas de palacio van despacio, pero hay asuntos palaciegos que corren a la velocidad de un guepardo puesto de esteroides mientras que otras demandas, esas que alguna vez creímos urgentes, duermen el sueño de los justos y terminan entrampadas en las enredaderas de la burocracia. Hay casos a puñados. Nos contaban, por ejemplo, que reformar la Constitución requeriría una ingeniería titánica, un trajín de pactos y fontaneros que fue posible en las urgencias democráticas del posfranquismo pero que ahora resulta inviable, cuando no contraproducente. Hasta que el PSOE y el PP amañaron el artículo 135 en una tarde tonta de verano. Ay, las prisas del dinero.

Y qué decir de la ley del consentimiento. Allá por 2018, cuando la Audiencia de Navarra atribuyó a los miembros de la Manada un escaso delito de abuso, las calles se revolvieron en un aluvión de protestas y el entonces portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, se comprometió a supervisar la tipificación de los crímenes sexuales. Hicieron falta más de cuatro años de orfebrería jurídica para gestar una nueva legalidad pero han bastado unos pocos meses de titulares desquiciados y de tertulias vociferantes para que el PSOE claudique una vez más ante el populismo punitivo. Las huestes de Sánchez han sumado fuerzas junto a la derecha parlamentaria y adiós muy buenas.

Fue el pasado 10 de febrero cuando el PSOE recurrió a los procedimientos de urgencia para que su proposición de ley se debatiera a todo meter en el Congreso. A qué vienen tantas ansias, se preguntará el respetable. Al compromiso de poner fin a las revisiones de condenas, responderá cualquier corazón noble. Nanay. “Va a seguir habiendo revisiones de condenas”, reconoce la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante una entrevista en la cadena SER. Y es que las viejas sentencias siempre van a estar sometidas a las reintrepretaciones porque todo reo tiene derecho a reclamar para sí la ley menos severa. Las prisas del PSOE solo sirven para apaciguar a la caverna. Y ni así van a conseguirlo.

Dice el refrán que las prisas no son buenas consejeras. Y que consejos vendo pero para mí no tengo. En 2015, durante una entrevista en La Sexta, Pedro Sánchez se comprometía a fulminar la ley mordaza con una convicción que ahora suena bochornosa. “La vamos a derogar en cuanto lleguemos al Gobierno, de eso no te quepa la menor duda. Porque al final, de lo que estamos hablando es de que se está limitando el derecho a la manifestación de muchísimos españoles, por ejemplo en contra de los recortes del PP”. La promesa, llamémosla brindis al sol, ha sido reiterada sin descanso desde 2014. La última vez que la escuchamos fue durante la campaña electoral de 2019.

¿Dónde están los procedimientos de urgencia, el vértigo de las reformas exprés, la celeridad legisladora? ¿Dónde las manos diligentes que firman y confirman tochos legales a gusto del cortijo mediático con un juego de muñeca digo de El Zorro? Ahora la memoria nos molesta con agravios que parecen agua pasada pero que explican el presente. Digamos, por decir, aquella reforma laboral que aprobó el Gobierno de Rajoy cagando leches y con un sablazo unilateral porque la crisis le apretaba las clavijas. Fue necesario marear mil veces la perdiz en larguísimas mesas de negociación para revertir algunos de los estropicios que dejó aquella sangría.

Las promesas generosas de otros tiempos se diluyen en el bullicio de la actualidad informativa, en una selva de noticias que aparecen y desaparecen como si nunca hubieran existido, titulares tan frágiles y precarios que en apenas unos minutos caerán en el más largo de los olvidos. ¿Quién se acuerda ya del clima agitado de 2015, cuando cinco relatores de las Naciones Unidas denunciaban que la ley mordaza “vulnera la propia esencia del derecho de manifestación”? La libertad de opinión estaba entonces tan maltrecha y cercenada como ahora, pero por algún inexplicable motivo, parece que le hubiéramos cogido el gusto a la obligación de cerrar la boca.

Esta primavera habrán pasado cinco años desde que Mariano Rajoy se largó con viento fresco de la Moncloa. Un lustro, que se dice pronto, desde que surgió como entidad fantasmal ese grupo heterogéneo de siglas políticas al que se bautizó como bloque de investidura. A simple vista, dentro de aquella ensalada ideológica no había más vínculo común que el deseo de cambio. La derecha lo llamó “gobierno Frankenstein” haciéndose eco de una ocurrencia que no venía del PP sino que había sido lanzada por Alfredo Pérez Rubalcaba tras las elecciones de 2016. Pero Frankenstein tenía algunos consensos elementales y uno de ellos llamaba a liberar las mordazas.

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana lleva tres años empantanada en una reforma que no podrá llegar a buen puerto antes del fin de la legislatura. En una cuestionable paradoja, la mordaza de Rajoy sirvió a Sánchez para expedir sanciones a diestro y siniestro durante el estado de alarma. 405 millones en multas es el lucrativo saldo de haber incumplido una promesa de campaña. 634.669 personas afectadas. ¿Por qué Sánchez no se apresura a modificar la ley ante estos “efectos no deseados que hay que corregir”? Porque el cortijo mediático que hoy se subleva contra el “sí es sí” siempre ha jaleado a los ultras policiales que piden menos ley y más mordaza.

Lo cierto es que Grande-Marlaska chapotea en la ley mordaza como un rodaballo en un fangal. Que vivan las devoluciones en caliente y el estilo Meloni. Que vivan los ojos arrancados con proyectiles de goma. Que vivan los informes policiales elevados a dogma. Rajoy vive, la lucha sigue. Mientras tanto, los feligreses del bipartidismo se debaten como siempre entre lo malo y lo peor. Porque en eso consiste el bipartidismo: que nos gobiernen velocistas en el dudoso arte de arrebatar derechos o que nos gobiernen maratonianos en el lentísimo arte de restaurarlos.