La pena de muerte ya funcionaba en Israel y ahora también se firma

Hay leyes que cambian cosas. Y hay leyes que, más bien, las dejan al descubierto.

La que acaba de aprobar el Parlamento israelí pertenece a la segunda categoría. Permitir la pena de muerte contra prisioneros palestinos no es un gesto menor. No es una exageración decir que marca un punto de inflexión. Pero tampoco sirve leerlo como si todo empezara aquí.

Y es empezando por aquí que conviene separar dos planos que suelen confundirse. Por un lado, Israel nunca ha abolido del todo la pena de muerte. Ha estado ahí, en el ordenamiento, aunque su aplicación fuese excepcional. Esa es la dimensión formal.

Por otro lado, y esto es lo incómodo, la muerte ya formaba parte del funcionamiento cotidiano del sistema. No como sentencia judicial, sino como resultado de un entramado político, militar y legal que lleva décadas gestionando la vida palestina hasta el límite, y muchas veces más allá.

La novedad de la ley es que conecta ambas cosas. Que toma algo que operaba de forma dispersa y lo convierte en una herramienta explícita, dirigida y legitimada. Y además lo hace de forma selectiva.

No es un detalle. Los palestinos son juzgados en tribunales militares. Los colonos israelíes, en tribunales civiles. Dos sistemas en el mismo territorio, con reglas distintas, consecuencias distintas y, en última instancia, con un valor distinto asignado a la vida de unas personas y otras.

En ese marco, la pena de muerte no aparece como una anomalía. Encaja demasiado bien. Por eso chirría tanto (o, a estas alturas, quizás no tanto) la reacción que estamos viendo fuera. El comunicado de la Unión Europea suena correcto, incluso firme. Reafirma su oposición a la pena de muerte, habla de regresión, expresa preocupación por el carácter discriminatorio de la ley.

Todo eso es cierto. Pero no es suficiente. Porque hablar de "regresión" implica que había un punto anterior que funcionaba. Que esto rompe con una normalidad previa que merece ser restaurada. Y ahí es donde el análisis se queda corto.

La normalidad anterior ya estaba atravesada por formas constantes de violencia. Algunas visibles, otras más lentas, más difíciles de nombrar. Detenciones sin juicio. Muertes bajo custodia. Disparos que no llegan a investigación. Bloqueos que convierten la vida cotidiana en una lucha por sobrevivir.

Y en Gaza, desde hace meses, esa lógica ha alcanzado una escala que es inevitable describir como genocida. No como una forma de hablar, sino como una manera de intentar poner nombre y marco legal a lo que está ocurriendo.

En ese contexto, la ley no introduce la muerte en el sistema. La reorganiza. La declara. La hace más directa.

También conviene decirlo sin rodeos. Esta ley no aparece de repente ni contra la voluntad de la sociedad. Durante años, incluso antes del 7 de octubre al que tantos se aferran para explicar, ha habido un apoyo amplio a la idea de ejecutar a palestinos acusados de terrorismo. Lo que vemos ahora no es una ruptura con ese clima, sino su traducción política.

Todo esto no reduce la gravedad de la ley, por favor no me malinterpretéis. La sitúa mejor. Si se entiende como un desvío puntual, la respuesta será pedir correcciones, apelaciones, vuelta atrás. Si se entiende como parte de una estructura, entonces la pregunta cambia. Ya no es solo qué hacer con esta ley, sino qué hacer con el sistema que la hace posible. Y se entiende como un mensaje al resto del mundo: '¿Hasta dónde vais a permitirnos llegar sin hacer nada?', aún más provocador cuando el país ocupa el sur del Líbano y sigue aterrorizando la región.

Ahí es donde la incomodidad se vuelve real. Porque obliga a ir más allá de los comunicados. A cuestionar no solo lo que se aprueba en el Parlamento israelí, sino también la relación política, y el marco colonial, que permiten que todo esto siga tratándose como si fuera compatible con los principios que se invocan desde fuera.

La ley, en ese sentido, no es solo una decisión interna. Es un espejo. Y lo que devuelve no es nuevo. Solo es más difícil de ignorar. La pregunta, no tanto para ellos sino para quienes pueden (y deben) pararles los pies, es… ¿hasta cuándo?