Perry no ve más allá de sus narices

Este fin de semana, el aspirante republicano a la Casa Blanca, Rick Perry, ha arengado a sus hordas con un mensaje belicista para combatir el narcotráfico en Méjico. El ultraconservador con alma de Tea Party -aunque aún sin carné- ha apostado por la intervención militar en Méjico para luchar contra el tráfico de drogas. El objetivo, en coordinación con las tropas mejicanas, "matar a esos carteles de la droga y mantenerlos alejados de nuestras fronteras".

En la mente de todos figura Colombia y el apoyo militar que ha estado proporcionando EEUU desde hace años. Para Perry, un éxito; para la mayoría de los expertos, un fracaso. En 1990, el gobierno de Bush lanzó la Iniciativa Andina, un programa de ayuda militar para Colombia, Perú y Bolivia. A ese plan le siguió una década después el Plan Colombia, ya bajo mandato de Pastrana en el país. Se trataba de un plan a cinco años, dotado con 4.000 millones de dólares y un doble objetivo: por un lado, reducir el tráfico de droga y, por otro, debilitar a la guerrilla. El plan fue un fiasco y, además, sirvió para reforzar a los grupos paramilitares. En 2003 llegó el Plan Patriota, ya con Uribe, concebido como la mayor ofensiva militar contra las FARC, al que sucedió el Plan Consolidación (2007).

Plan tras plan y el tráfico de drogas sigue descontrolado y la violencia en Colombia, a la orden del día. ¿El motivo? Que tanto los gobiernos colombianos como, sobre todo, EEUU han identificado el problema de la violencia interna únicamente con el narcotráfico. Sin embargo, detrás la aparición de las guerrillas -no sólo las FARC, también EPL o ELN-, se encuentra una larga historia de desigualdad, impunidad e ilegalidad. Las millonarias ayudas estadounidenses, en lugar de ir a fines militares, deberían haberse encaminado a fines sociales, para atajar así los graves problemas estructurales del país, siempre bajo la sombra -como en cierto modo le sucede a Méjico- de narcoestado.

Y la violencia per se no puede atajar eso, como han demostrado los millones de dólares invertidos por EEUU esponsorizando la 'guerra de las drogas', ni los ocho años de políticas de 'Seguridad Democrática' de Uribe, con constantes violaciones de los Derechos Humanos. Un período en el que no han conseguido ni acabar con los insurgentes ni desmovilizar a los paramilitares y, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, ésta no ha visto grandes avances. Incluso, ha generado la aparición de las llamadas Bandas Criminales Emergentes, al servicio de los narcos.

Y ahora Perry vuelve a tirar de los militares para repetir los mismos errores, casi clónicos, queriendo mandar tropas tras las ayudas económicas multimillonarias infructuosas, a la luz del reciente repunte de violencia en ciudades como Acapulco o las cifras de más de 40.000 muertes vinculadas al narcotráfico desde que Calderon llegara al poder en 2006. Sólo hoy, la prensa en Méjico nos deja en portada la muerte de siete hombres "torturados, amarrados, semidesnudos y llenos de plomo" en una parada de camión de Zihuatanejo, cinco muertes más en Guerrero, la ejecución en Juárez de otros cinco, cuatro nuevas muertes en Monterrey y cinco en Mazatlán; y en Michoacán, el ejército se topa con unos sicarios y mueren otros seis. Suma y sigue.

Perry no ve más allá de sus narices. Y es literal. Porque además de atajar la producción y la distribución, el republicano debería preguntarse por qué el principal receptor de ese narcotráfico mejicano que quiere eliminar sigue siendo EEUU. Y es que la violencia no se puede atajar sólo con violencia; es preciso acudir a la raíz y resolver los problemas estructurales... en ambas partes (producción y consumo). La experiencia colombiana nos lo enseñó, aunque algunos sean duros de mollera y no lo sigan viendo.