Opinión
Perseguir a Francesca Albanese, perseguir la justicia internacional
Profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la UCM.
Desde hace meses, Francesca Albanese se ha convertido en objetivo prioritario de una campaña internacional de intimidación política, mediática y diplomática destinada a desacreditar su trabajo y silenciar sus denuncias sobre la situación en Palestina. Ataques personales, acusaciones de antisemitismo, presiones institucionales, amenazas y sanciones forman parte de una estrategia cada vez más agresiva contra quien, desde el marco de Naciones Unidas, ha documentado con rigor jurídico y precisión política los crímenes cometidos contra la población palestina. Pero Albanese no está sola en esta persecución. Jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional que investigan posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad están siendo igualmente objeto de sanciones y amenazas por parte de Estados Unidos, en un intento evidente de condicionar y obstaculizar la acción de la justicia internacional.
Lo que estamos viendo es extraordinariamente grave. No se trata únicamente de desacreditar a determinadas figuras incómodas, sino de lanzar un mensaje disciplinador a toda la arquitectura internacional de derechos humanos: quien ose investigar a Israel será castigado. La ofensiva contra Albanese y contra la Corte Penal Internacional constituye un ataque frontal contra el derecho internacional y contra el sistema de garantías construido tras la Segunda Guerra Mundial precisamente para impedir que la impunidad de los poderosos prevaleciera sobre la protección de la vida humana.
La estrategia no es nueva, pero sí adquiere una dimensión inédita por la crudeza con la que se despliega. Se trata de deslegitimar a Naciones Unidas, desacreditar a la Corte Penal Internacional y convertir en sospechosas a las voces que documentan la devastación sistemática de Gaza y la violencia estructural ejercida durante décadas contra el pueblo palestino. Es la lógica de la intimidación elevada a política exterior.
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En este contexto, la figura de Francesca Albanese resulta especialmente incómoda. No porque sus informes sean panfletarios o ideológicos, como pretenden presentar quienes la atacan, sino precisamente porque están construidos sobre una documentación rigurosa, exhaustiva y jurídicamente sólida. Albanese ha hecho algo que el poder no tolera, poner nombre y apellidos a los responsables políticos, militares y económicos de la destrucción de Palestina.
Sus informes describen minuciosamente la maquinaria de ocupación, apartheid y exterminio, pero también identifican las complicidades internacionales que permiten sostenerla. Y ahí reside uno de los elementos más perturbadores de su trabajo, evidenciar que el genocidio no es únicamente una cuestión militar, sino también económica. Empresas tecnológicas, corporaciones armamentísticas, fondos de inversión y grandes actores financieros participan, directa o indirectamente, en un sistema que convierte la devastación palestina en oportunidad de negocio.
El pasado miércoles, en el Círculo de Bellas Artes, Albanese lo expresó con una claridad devastadora, no basta con observar; hay que actuar en nombre de la justicia. Señaló entonces cómo determinados sectores económicos avanzan hacia una nueva fase del capitalismo que ella definió como “necrocapitalismo”: un modelo donde la acumulación de riqueza se sostiene literalmente sobre los cuerpos de las poblaciones sacrificables.
No es casual que quienes denuncian esta realidad estén siendo perseguidos. Cuando una relatora de Naciones Unidas o un tribunal internacional documentan posibles crímenes de guerra y genocidio, lo que se pone en cuestión no es únicamente la actuación de un gobierno concreto; se cuestiona toda una red de intereses geopolíticos y económicos que se benefician de la impunidad.
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Por eso la ofensiva contra la Corte Penal Internacional es también enormemente peligrosa. Las sanciones y amenazas dirigidas contra jueces y fiscales constituyen un precedente gravísimo. Se pretende interferir de manera explícita en investigaciones judiciales internacionales mediante métodos de presión política y económica impropios de un sistema democrático que dice defender el Estado de derecho. Es, en esencia, una forma de coerción mafiosa que consiste en castigar a quienes investigan para que el resto aprenda la lección.
En este punto, si Europa continúa mirando hacia otro lado, su mera existencia no tendrá sentido. De nada sirven las celebraciones del día de Europa (9 mayo), porque ¿exactamente qué celebramos? ¿el silencio ante la impunidad?
Durante demasiado tiempo, las instituciones europeas han respondido con tibieza ante la destrucción sistemática del pueblo palestino y ante el ataque permanente a las estructuras internacionales de derechos humanos. El silencio, en este contexto, deja de ser neutralidad para convertirse en complicidad.
Por eso resulta relevante la iniciativa impulsada por Pedro Sánchez para activar el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea, el Reglamento 2271/96, mediante el cual la Comisión Europea podría neutralizar en territorio europeo las sanciones estadounidenses consideradas contrarias al derecho europeo e internacional. Se trata, sin duda, de un primer paso importante. Europa debe proteger a quienes trabajan en defensa del derecho internacional y garantizar que las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos no se conviertan en instrumentos de censura política dentro del espacio europeo.
Pero no es suficiente.
La defensa del derecho internacional no puede quedar únicamente en manos de los gobiernos. La presión social resulta imprescindible. Porque lo que está en juego no es solo Palestina, sino el propio futuro de nuestras democracias. Cuando se persigue a relatores de Naciones Unidas, cuando se amenaza a jueces internacionales, cuando se intenta silenciar a periodistas, activistas o académicos que denuncian un genocidio, lo que se erosiona son las libertades fundamentales que sostienen cualquier sociedad democrática.
La libertad de expresión se convierte así en uno de los principales campos de batalla. Estamos asistiendo a una ofensiva global destinada a criminalizar la solidaridad con Palestina y a restringir el debate público. Universidades, medios de comunicación y espacios culturales son objeto de presiones crecientes para evitar cualquier cuestionamiento de la narrativa oficial dominante. El objetivo no es otro que el de producir miedo, autocensura y desmovilización.
Por eso es tan importante difundir los informes de Francesca Albanese. Leerlos, compartirlos, debatirlos. Porque frente a la propaganda y la desinformación, esos documentos representan una herramienta fundamental de verdad y memoria. En ellos se documentan hechos, responsabilidades y estructuras de poder con una precisión que desmonta los intentos de banalizar o justificar la masacre.
La ciudadanía europea tiene una responsabilidad histórica en este momento. No basta con expresar indignación moral mientras se mantiene intacta la arquitectura política, económica y militar que permite el exterminio de los y las palestinas. Es imprescindible exigir transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades políticas. Exigir el fin del comercio de armas con Israel, el cumplimiento efectivo del derecho internacional y la protección activa de quienes investigan los crímenes cometidos. Es ahí donde reside la verdadera autonomía estratégica europea.
Porque lo verdaderamente insoportable no es únicamente la magnitud de la violencia, sino la normalización de la impunidad.
La persecución contra Francesca Albanese y contra la Corte Penal Internacional revela hasta qué punto determinados poderes están dispuestos a destruir las propias reglas del orden internacional con tal de garantizar la continuidad del proyecto colonial israelí y los intereses económicos asociados a él. Se trata de una huida hacia adelante profundamente autoritaria, donde el derecho internacional deja de ser un marco común para convertirse en un obstáculo que debe ser neutralizado.
Y precisamente por eso no podemos callar.
Defender a Albanese, defender a la Corte Penal Internacional y defender el sistema internacional de derechos humanos significa defender la posibilidad misma de la justicia. Significa afirmar que ningún Estado está por encima de la ley y que ningún interés geopolítico puede legitimar el exterminio de un pueblo.
La historia juzgará no solo a quienes cometieron los crímenes, sino también a quienes guardaron silencio mientras se perseguía a quienes intentaban denunciarlos.
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