Salimos a los balcones a aplaudirlos cuando la pandemia nos recluyó en casa y los muertos se contaban al día por centenares; el presidente andaluz Juan Manuel Moreno (PP) prometió que el refuerzo sanitario se quedaría en plantilla y ahora se ventila a 8.000 de estos profesionales. Mientras, continúa la teleasistencia, las listas de espera y, en definitiva, el desmantelamiento de la Sanidad Pública en Andalucía.

De los 20.000 sanitarios andaluces contratados como refuerzo COVID, únicamente se renovará por seis meses a 12.000 de ellos y el resto, a la calle. Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CGT están que trinan y no es para menos. La noticia se ha producido semanas después de la presentación del Plan Estratégico de Atención Primaria 2020-2022, elaborado unilateralmente por la Junta de Andalucía sin dialogar con los sanitarios. El resultado se traduce en estupor de pacientes y profesionales, que asisten perplejos a cómo este plan contempla que sea el cuerpo de enfermería el que realice el triaje y determine si los pacientes han de pasar o no al facultativo.

El desmantelamiento de la Sanidad Pública es más que evidente en Andalucía. Al tiempo que se despiden sanitarios, el consejero del ramo, Jesús Aguirre, afirma que "la teleasistencia ha venido para quedarse" en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Una teleasistencia que nada tiene de sofisticación: consiste únicamente en una conversación telefónica que todavía a día de hoy está instaurada, al tiempo que en los estadios de fútbol ya acude el cien por cien del público. Mientras, demoras de hasta quince días para un simple análisis y muchos meses para intervenciones mayores.

Al otro lado, la Sanidad privada se frota las manos, como ya ha sucedido con la Educación en Andalucía, donde los estudiantes de Formación Profesional se quedan sin poder estudiar en centros públicos mientras las entidades privadas -una de las cuales cofundada por el actual consejero de Educación, Javier Imbroda (Cs)- no hacen más que abrir nuevos centros. Casi 1,8 millones de andaluces cuentan con un seguro privado de sanidad, 100.000 más que antes del coronavirus, lo que evidencia las pérdida de confianza en la Sanidad Pública, cada vez más falta de recursos. Casi 1.300 millones de euros se embolsaron las aseguradoras en Andalucía durante el pasado año.

Por si esto no fuera poco, el gobierno de Moreno Bonilla está batiendo récords de desvío de dinero público a la sanidad privada. Absolutamente desbordado por las listas de espera, en lugar de apostar por el refuerzo de la Sanidad Pública, el SAS ha optado por destinar a la privada las mayores partidas presupuestarias de la historia. Sólo la última prórroga por seis meses de estos conciertos, anunciada en julio, supone más de 130 millones de euros. Cantidad que, a la hora de eludir la evidencia del desmantelamiento de la Sanidad Pública, se incluirá en el gasto sanitario como si repercutiera en ésta cuando, en realidad, llena los bolsillos de empresas parasitarias que ni siquiera han de competir, sólo esperar a que los millones le caigan desde la Junta.

Educación y Sanidad viven sus horas más bajas en Andalucía y eso que con el anterior gobierno socialista tampoco podían calificarse de altos vuelos, como demostraron las mareas verde y blanca que Susana Díaz (PSOE) tachó de politizadas. Sin embargo, comparada con la gestión del tándem PP-Cs, la del PSOE no parece tan mala y eso, definitivamente, no es ningún consuelo. De hecho, el pesimismo está instalado en la izquierda andaluza, que se teme lo peor de cara a las próximas elecciones -adelantadas o no-. Los desméritos del ala progresista de San Telmo tenderán la alfombra roja a una derecha que, en realidad, no merece seguir en el poder, cuyo paso por él se traduce en la quiebra del Estado de Bienestar.