Por Mario Martínez, miembro de La Comuna y autor de "Presos contra Franco".

Alguien debería explicarle a la derecha de este país que puede condenar el franquismo y seguir siendo de derechas. Que abandonar ideales y creencias nacionalcatólicos no es incompatible con aplicar medidas ultraliberales que empobrecen a la mayoría de la población, con seguir precarizando el mercado laboral o con desmantelar los servicios públicos. Pueden seguir haciendo y proponiendo todo eso, y a la vez romper definitivamente con un pasado oscuro y deplorable.

De todas formas, hace poco una investigación del CSIC venía a tratar de explicar por qué nos cuesta tanto dejar de pensar como lo hacemos, a través de un estudio de las conexiones y circuitos neuronales que estabilizan patrones de conducta y dificultan el aprendizaje y la flexibilidad en nuestras facultades ideativas. Quizá sólo de esa forma puedan explicarse las pervivencias y persistencias del franquismo en pleno siglo XXI. Aunque, indudablemente, existan otros circuitos de poder e interés económico que no cabe desarrollar aquí.

Han pasado ya cuarenta años desde aquel “pacto de olvido y silencio” que supuso la Ley de Amnistía de octubre de 1977. Dicha ley incluía, en su artículo segundo, dos apartados en los que se amnistiaban “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público”; y “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Nótese el empleo del subjuntivo en el primero de ellos (“que hubieran podido cometer”); así como la mención explícita a los crímenes de lesa humanidad (“contra el ejercicio de los derechos de las personas”).

Esos dos apartados suponen la clave de bóveda que durante todos estos años ha impedido juzgar los crímenes de la dictadura, así como la depuración de los cuerpos judiciales y policiales del Estado, y han dado un soporte jurídico y una legitimidad legal a las pervivencias y persistencias del franquismo en nuestro país. Dada su formulación, resulta evidente su carácter inconstitucional, así como su nulidad jurídica en el marco europeo de derechos humanos, en el que la comisión de crímenes contra la humanidad no prescribe.

Así que por una simple cuestión de higiene democrática, resultaría en todo punto necesario derogarlos. Pero, ¿acabaríamos así con las persistencias filofranquistas? Seguramente, no. En nuestro país existe todo un aparato social, mediático, político e incluso educativo que se ha dedicado a blanquear la historia de la dictadura, minimizando su actividad represiva, elogiando el periodo desarrollista, hablando de “dictablanda”, o directamente justificando el golpe de Estado de 1936 como una respuesta a las derivas revolucionarias en el interior de la República.

En esa línea, el argumento por excelencia para evitar criticar la dictadura es aquel de que “los dos bandos cometieron barbaridades durante la guerra”, poniendo Paracuellos como ejemplo paradigmático (olvidando otros casos del bando nacional aún más terribles como los de Badajoz o Málaga), obviando la explícita política del “terror” de Mola y sobre todo, guardando silencio sobre los cuarenta años de dictadura posterior.

Así, los circuitos neuronales de la derecha en España han quedado encallados en una nostalgia por el régimen de Franco y la figura del dictador, de tal forma que en el año 2019 todavía nos vemos empantanados en debates enconados de tono guerracivilista y escaso nivel democrático. Porque al fin y al cabo, el problema de las pervivencias y persistencias del franquismo nos remiten a una cuestión de higiene democrática, más allá de cualquier posicionamiento ideológico.

Este país nuestro se debe una limpieza a fondo, y a partir de una política emprendida por el Estado contando con todos los partidos políticos que se hagan llamar demócratas, poder resolver el problema de los desaparecidos en fosas y cunetas, solventar el drama de los bebés robados, anular los procesos judiciales franquistas, retirar cualquier símbolo público de la dictadura y reconocer su lucha a todos los que se atrevieron a enfrentarse a ella. Se trata, precisamente, de cerrar heridas, puesto que no se puede reabrir lo que nunca se cerró.

Todo este esfuerzo, que podría realizarse en el plazo de uno o dos años a lo sumo, podría verse culminado con un Museo de la Memoria que se emplazara en el solar de la antigua prisión de Carabanchel, donde podría construirse un relato ejemplar de la resistencia al fascismo que pudieran conocer las futuras generaciones de españoles. Qué bella patria podríamos construir, en nuestro rechazo al autoritarismo y a la cerrazón ideológica, a partir de la condena unánime de un pasado vergonzoso.

Claro que los patrones de conducta y pensamiento nacionalcatólicos perviven y persisten, y se alzan molarmente (e inmoralmente) contra tal posibilidad. Cada vez que se exponen este conjunto de argumentos, que como digo, no son ideológicos, sino de higiene democrática, se sienten atacados y ofendidos, como si de repente su vida perdiera su sentido. Por eso creo que conviene interpelarles, de forma cordial, para mostrarles que pueden seguir siendo de derechas y defender los valores de la unidad, la seguridad y el liberticidio económico. Pero que nos convendría a todos que dejaran de ser de derechas de “los de toda la vida”.

El argumento democrático, apoyado en la defensa de los derechos humanos que todos proclaman (aunque no todos se creen), y más allá de distintas afinidades ideológicas, habría de resultar suficiente para alcanzar una política de Estado en la que derogar los apartados arriba citados de la Ley de Amnistía no supusiera un drama para nuestra convivencia. Más allá de las críticas al proceso de la Transición hacia la democracia, o las lanzadas contra el régimen del 78, existen una serie de baluartes básicos de derecho y de ética que resultan irrenunciables independientemente de la filiación política o de las propuestas programáticas.

Reconstruyamos los circuitos neuronales del país, saquemos los debates de ponzoñas ideológicas, y por favor, acabemos de una vez con las pervivencias y persistencias del franquismo. Una vez completada la tarea, ya si quieren nos montamos una Ley de Concordia, que en realidad, ya no será necesaria, porque habremos recuperado, al menos respecto a lo que el pasado y la memoria se refieren, nuestra salud democrática.