Pilar Baeza, la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, el próximo 26 de mayo hará pasar una prueba de fuego a la democracia española y, más concretamente, a ese puñado de constitucionalistas que reparten carnés de defensores de la Constitución. ¿Puede acceder a la alcaldía una persona que ha cumplido con la pena que dictaba la sentencia tras declararla culpable como cómplice de un asesinato? Y la respuesta es clara: Sí.

Baeza tenía 24 años cuando, según su versión cuando fue condenada, participó en el asesinato de una hombre que la había violado dejándola embarazada. Fue condenada y ha cumplido con su pena de prisión. Desde hace años, ha rehecho su vida, ha militado en el activismo social y es una mujer comprometida con su entorno, con sus vecinos y vecinas... no con un pedazo de tela, un tipo enchufado por su apellido como Jefe de Estado o un soniquete sin letra.

Quizás eso es lo que más preocupa a quienes tratan ahora de desprestigiarla; quizás es que quienes lo hacen no son tan constitucionalistas como dicen ser, porque la Carta Magna es muy clara en su artículo 25, cuando determina que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social". Eso es, precisamente, lo que ha hecho Baeza.

Quizás su error ha sido ocultar su pasado, ha sido su ingenuidad de pensar que nadie iba a averiguarlo y a usarlo en su contra. Baeza debería haberse adelantado y haberse presentado como una mujer que bajó a los infiernos y salió de ellos reforzada, fortalecida para trabajar, como lleva años haciendo, por el bienestar de las personas a través del activismo en organizaciones como la Plataforma de Afectados por las Preferentes de Ávila.

Negar su derecho a ser alcaldesa es negar la Constitución y negar nuestra propia democracia. Ojo a quienes lo hagan porque, de hacerlo, sólo conseguirán desacreditarse ell@s mism@s.