¿Podemos confiar en ellos?

Tras leer las dos informaciones que ha difundido esta semana Público, me atrevería a escribir que a las comunidades LGTBIQ+ no nos ha sorprendido. Llevamos años denunciando los abusos policiales y esto es solo una gota más que deseo acabe por colmar el vaso. La mayoría de las personas LGTBIQ+ hemos tenido una experiencia desagradable con la policía, sea nacional o municipal. Desde el año 1986, cuando Arantxa Serrano se besó con una amiga en la puerta de la Dirección General de Seguridad y ambas fueron detenidas y sometidas a registros vaginales, hasta hoy, cuando Alberto (seudónimo de una de las personas que contó su testimonio a este diario) es detenido al salir de una discoteca y, en comisaría, le hicieron desnudarse, abrirse las nalgas y mostrar sus genitales a ocho policías, han pasado treinta y ocho años y, supuestamente, una democracia que nos dotaba, a las personas LGTBIQ+, no solo de derechos sino también de libertades. 

Yo sufrí una humillante redada en un bar gay de Palma, en Mallorca, porque la policía tenía la sospecha de que en su interior se había escondido un delincuente que perseguían. No sé si lo encontraron pero desde luego, a todos los que estábamos allí, nos trataron como si fuéramos el delincuente. Hace nueve años, en el barrio de Lavapiés, mi amigo Antonio se dirigía a un local gay cuando un coche de policía le deslumbró con las luces largas. La policía le desnudó completamente en plena calle para ver si llevaba algo de droga para consumo personal. Hace dos años, de madrugada, mi amigo Alberto se estaba besando con otro chico y un coche de policía se detuvo a su lado. Los policías les llamaron la atención de malas maneras y les preguntaron que qué estaban haciendo. Mi amigo contestó que besarse y los policías les ordenaron que se separasen. Mi amigo y su ligue se fueron de allí pero aún recuerda el miedo que sintió ante la posibilidad de que la pareja de policías se hubiera bajado del coche. Frases como “ahora verás lo que te va a pasar en Leganitos”, o expresar “qué asco” cuando una persona, en el registro, saca un lubricante, son propias de una policía heredera del franquismo.

El hostigamiento sistemático que sufren las comunidades LGTBIQ+ por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es tan antiguo como la homofobia que reside en ellos, de manera estructural. Es cierto que hay asociaciones de policías LGTBI+ que trabajan por la diversidad e imparten formaciones específicas para acabar con la lgtbifobia en la policía pero también es igual de cierto que apenas logran que el grueso de la profesión asista a ellas. Después de las informaciones que hemos conocido esta semana es lógico que nos preguntemos si podemos confiar en la policía. Resulta obvio señalar que son Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No están para protegerte a ti. Están para proteger y defender al Estado. Y tú eres un vecino, una mano de obra, un voto, pero no el Estado. Y mientras el Estado se rija por la heteronorma, mientras por las grietas del sistema se filtre la homofobia, estarán en nuestra contra. Y lo más duro de tener que escribir este párrafo es hacerlo con un ministro del Interior que es gay.

Hemos leído en este diario que Grande-Marlaska conoce, desde hace más de tres meses, las detenciones arbitrarias, los cacheos humillantes y las infiltraciones de agentes en espacios seguros gais y, que sepamos, se ha desentendido del problema. Lo que se contesta desde el Ministerio de Interior es que si te sientes perjudicado por una mala praxis policial, lo denuncies en la policía. Eso es como decirle a una víctima de violencia de género que primero informe a su maltratador de que va a denunciarle.

Por supuesto que no estamos en los años de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Ni siquiera en los años de la ley de Escándalo Público. Faltaría más. Pero estos 47 años que han pasado desde entonces no pueden ser un pretexto para dejar de prestar atención al hostigamiento actual. Las personas LGTBIQ+ sabemos que pocos individuos e instituciones se atreven a señalarnos y discriminarnos directamente por nuestra orientación o identidad. Desde Stonewall, siempre se ha usado una excusa para hacerlo. Desde la protección de la infancia hasta la ideología de género pasando por el borrado de las mujeres o, como en este caso, la lucha contra la droga. Como si el consumo recreativo de estupefacientes fuese un hábito exclusivo de las personas LGTBIQ+.

La Jefatura Superior de Policía dice que no hay discriminación. Que ellos actúan sobre zonas y espacios donde creen que puede existir algún hecho delictivo. Esa es la clave. Donde “ellos creen”. ¿Y en qué se basa esa creencia? Pues en sus prejuicios, que les llevan a discotecas, saunas o zonas de la ciudad concurridas por hombres homosexuales. ¿Habéis visto redadas y actuaciones policiales en los bares de Ponzano o en los locales frecuentados por jóvenes de chaleco y pelo acolchado? No. Y os aseguro que hay motivos para hacerlo. Es ahí cuando una investigación se convierte en una investigación de características homófobas.

En el estado mental de los policías sigue instalada una idea excluyente del enemigo, de lo correcto y lo admisible, que hace que nunca piensen que el delito está en un hombre hetero blanco, con traje y corbata, que se toma una copa en el barrio de Salamanca. Para ellos, el color de tu piel, tu vestimenta, tu orientación sexual o identidad de género o el barrio en el que vives es algo que, sin más, te convierte en sospechoso.

Y que no vengan ahora a decirnos que están luchando contra el chemsex. Crearse perfiles en aplicaciones gais de contactos para atraer a chicos a direcciones falsas de chills, animándoles a comprar droga que luego ellos van a utilizar como prueba para tu detención, es propio de una caza de brujas. Es bien conocida mi postura ante el chemsex. Me preocupan muchas de las conductas que suceden en esos espacios y las razones que llevan a las personas a participar de esas largas sesiones de drogas y sexo. Pero esas conductas no son exclusivas de la población homosexual. Son muchos los hombres cishetero que las hacen en habitaciones de hoteles y con presencia de prostitutas. Algunos con afiliaciones políticas incluso. Pero, al margen de eso, si una sociedad ha asumido que las adicciones son un problema de salud, ¿qué hace la policía deteniendo a personas que lo que necesitan es un acompañamiento terapéutico? Esa persecución policial es íntegramente homófoba porque se canaliza exclusivamente hacia hombres homosexuales y exime a la sociedad y a las administraciones de su responsabilidad en la información sobre prevención, reducción de daños y terapia.

Todo esto es un problema muy serio porque hace que las personas LGTBIQ+ sigamos sin denunciar las agresiones que sufrimos porque, claramente, desconfiamos de la policía. Y nuestra confianza es algo que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se tienen que ganar. Y actos como estos echan para atrás cualquier avance. Y más cuando su jefe es un hombre homosexual que ignora las llamadas de atención que le da su propia comunidad.