La Operación Enredadera, que ayer desplegó la UDEF de la Policía Nacional, fue otro mazazo para el país; nuevos casos de corrupción que minan todavía más la confianza en nuestros representantes y que vuelven a poner el foco en una empresa (Sacyr) asociada en innumerables ocasiones a corruptelas, sobrecostes inexplicables y demás tropelías de las que siempre sale airosa. Por si este banquete de inmundicia moral no fuera suficiente, el postre lo ponen hasta nueve jefes de policía local detenidos. Un despropósito.

España se encuentra en un punto en el que corremos el riesgo de permanecer indiferentes ante nuevos casos de corrupción. Son tantas y tantas las causas, las macroperaciones policiales por toda la geografía nacional que se antoja cada vez más complicado confiar en la clase política y el empresariado. En este sentido, es noticia, porque indudablemente lo es, que el primer alcalde de Ciudadanos, "el partido de la regeneración", haya sido detenido pero, ¿a quién le sorprende? ¿De verdad nos coge a contrapié que tres de los cuatro Ayuntamientos de C's en Madrid estén tocados por la corrupción o la mala gestión?

Lo mismo sucede con la empresa Aplicaciones Gespol, perteneciente al Grupo Sacyr. ¿Cuántas veces se ha visto salpicado este grupo por asuntos feos? Y tampoco es una excepción en el empresariado, que acostumbra a coquetear con cajas B, comisiones por adjudicaciones, etc.

Sin embargo, hoy quisiera llamar la atención sobre la Policía Local. El hecho de que nueve jefes de policía (uno de ellos ya jubilado) hayan sido detenidos nos debería alertar. Si un/a representante polític@ ha de tener vocación de servicio público, un policía todavía más. ¿Cómo es posible caer en prácticas corruptas? Se ha escrito poco acerca de ello, pero la relación de los mandos policiales con las alcaldías, especialmente en ciudades de tamaño pequeño o mediano, son muy estrechas.

Se trata de una relación de dependencia, en la que una parte puede hacer la vida imposible a la otra y viceversa. Obviamente, también pueden beneficiarse mutuamente, incluso, ilegalmente, como parecer ser el caso. Ascensos, recolocaciones en juntas de seguridad, puestos de privilegio con mejores pagas... todo eso juega como moneda de cambio legal entre regidor@s y mandos policiales. La contraprestación es una colaboración sin fisuras, desde informes policiales favorables para actos populistas, servicio de seguridad privado, cobertura policial sin reparo en citas festivas que requieren de horas extra, oleada de multas por zonas... Hechos así se han podido ver en muchos municipios de España.

Con la Operación Enredadera, además, presuntamente se sube un peldaño más y se saca tajada, esquilmando las arcas públicas de una Administración, como es la local, que por lo general no está para tirar cohetes. De confirmarse la culpabilidad de estos nueve jefes de policía, serán cómplices de que en sus municipios no haya becas suficientes de transporte, no se desplieguen mayores ayudas al pago del agua o la luz, no exista un teatro municipal, los hogares del jubilado se caigan a trozos o la limpieza de la localidad brille por su ausencia por falta de efectivos. Y todo ello a pesar de su promesa de servicio público.

¿Debería ser la justicia igual para tod@s? En realidad, yo nunca defendí eso, pues soy de la opinión que quienes asumen cargos públicos, ya sean políticos, policiales o militares, han de afrontar penas más duras. Su misma labor debe jugar en su contra a la hora de ser juzgados por corrupción, pues precisamente la traición a la confianza depositada por la ciudadanía es el mecanismo aprovechado para su enriquecimiento personal. Y eso jamás debiera pasar. Seamos ejemplares en el castigo... de una vez por todas.