Política de escaparate contra la violencia machista en Andalucía

Las mujeres no tienen especiales motivos para estar contentas con la Junta de Andalucía. Tras haber sido víctimas directas de la deficiente gestión sanitaria en el escándalo del cribado de cáncer, ahora se constata el negacionismo del Partido Popular en materia de violencia de género. En la presentación del informe anual sobre violencia de género que CCOO elabora desde 2011, su sección andaluza (CCOO-A) denuncia que el gobierno liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla únicamente ejecutó el 44% del presupuesto destinado a combatir la violencia de género. 

La conclusión por parte de Nuria López, secretaria general de CCOO-A, es demoledora: "El Gobierno andaluz lleva bastantes años, especialmente en los últimos presupuestos, sin recoger políticas dirigidas a luchar con contundencia contra la violencia hacia las mujeres". La ejecución presupuestaria de las partidas destinadas a tal efecto son un fiel reflejo de esta denuncia. En opinión de la secretaria general de CCOO-A, el gobierno de Moreno Bonilla lleva a cabo "una política de escaparate que luego ni siquiera se ejecuta".

Andalucía acapara el mayor número absoluto de mujeres asesinadas en España desde 2003, con 277 de 1.333 (y 98 huérfanos). Hasta el mes de octubre de 2024, las diez víctimas mortales registradas en esta región supusieron el 20% del total del país, encabezando el ranking nacional. En lo que va de 2025, de las 38 mujeres asesinadas en España, 11 lo fueron en Andalucía, la última de ellas en Marbella el pasado mes de octubre. Ante estos datos, comprobar cómo en 2024 se quedó sin ejecutar el 56% del presupuesto contra la violencia machista, hace que Nuria López lamente que "el Gobierno andaluz se haya bajado del autobús de la lucha contra la violencia de género, ya que lleva bastantes años sin recoger en los presupuestos políticas dirigidas a luchar con contundencia contra la violencia hacia las mujeres".

Hace algo más de una semana, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, inauguraba el 16º Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres. En aquel acto, la consejera lanzó un llamamiento urgente a hombres y mujeres para unirse sin excepción contra la violencia de género, pero no pudo evitar dejar asomar el negacionismo de este problema estructural por parte del PP. Aunque reconoció que la violencia de género existe, Loles López quiso precisar que "el hombre no es el problema ni el enemigo". A su modo de ver, "el culpable es el cobarde que agrede a una mujer". Palabras huecas que, como hace el teléfono de violencia intrafamiliar, busca ocultar que los asesinos son hombres y las víctimas, mujeres, precisamente, por ser mujeres.

A pesar de que Loles López lleva por bandera que "la herramienta más potente que tenemos para hacer frente a esta lacra es la educación en igualdad", lo cierto es que la dejadez por parte de la Junta en materia de igualdad es absolutamente transversal. Ni siquiera hay formación obligatoria en perspectiva de género para la plantilla pública y la ola de privatizaciones de los servicios públicos impacta negativamente en las políticas públicas contra la violencia machista. Tal y como denuncia CCOO, la externalización de servicios del Instituto Andaluz de la Mujer no juega a favor de la lucha contra esta lacra, como tampoco que no se refuercen convenientemente ni los centros municipales de información a la mujer ni las plantillas en las unidades provinciales de violencia de género.

Ante la pasividad de la Junta, en provincias como Huelva el 90% de las empresas no cumple con su obligación legal de tener protocolos de prevención frente al acoso sexual. En el caso de la violencia de género esta desidia es todavía más evidente. Ya desde la primera legislatura de Moreno Bonilla, tras cuyas primeras elecciones el presidente se autoproclamó resucitado, tuvo que pagar a Vox la contrapartida de su resurrección con la conversión del teléfono contra la violencia de género en violencia intrafamiliar o la eliminación de subvenciones a más de 240 proyectos feministas, muchos de ellos volcados contra la violencia de género.

Si el cambio de teléfono específico contra la violencia de género a violencia intrafamiliar (900 300 003) hizo perder la confianza en él a las víctimas (en sus tres primeros años apenas recibió una llamada al día), tampoco cuenta con los medios necesarios, con quince trabajadoras para atender a más de 3.700 usuarias, según CCOO. Además, el nuevo ingenio de la Junta, el Teléfono de Información a la Mujer (900 200 999), también busca restar peso a la violencia machista, atendiendo a una gran diversidad de consultas, desde llamadas por este motivo a formación, encuentros o actividades con otras mujeres, pensiones o técnicas de búsqueda de empleo, entre otras.

Loles López tiene motivos sobrados para arremeter contra el Gobierno de España por la falta de transparencia en el caso de los fallos del sistema de las pulseras de control de maltratadores. Más recientemente, también ha cargado contra el Ministerio de Igualdad, acusándolo de incidencias en los accesos al uso del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (VioGén). El Ministerio niega tal extremo, puntualizando que únicamente es posible acceder a los datos, por parte solo de las personas autorizadas, si la víctima lo ha autorizado previamente. No podemos olvidar que este mismo año seis policías locales de Granada fueron investigados por consultar los datos de una mujer, expareja de un compañero denunciado en múltiples ocasiones por maltrato físico y psíquico a ella y sus dos hijas.

Más allá de estas acusaciones de la consejera andaluza, el contundente dato de que Andalucía acumula 178.845 víctimas registradas en Vio-Gén hasta septiembre de 2025, de un total de 764.552 (más del 23% del total) debería ser incentivo más que suficiente para ejecutar todo el dinero disponible para combatir la violencia machista. En lugar de desviar la atención de su falta de compromiso con esta lucha, las carencias, fallos o incidencias en la parte que corresponde a otras Administraciones debería ser un motivo adicional para poner en marcha cuantos recursos haya disponibles en la comunidad en la que más asesinatos machistas hay. Sin embargo, nada de eso parece ser suficiente para el gobierno de Moreno Bonilla.

Asesinatos por cierto, que según destaca CCOO son cometidos en ocho de cada diez casos por españoles, con más de tres cuartas partes de las víctimas también españolas… por aquello de desmontar otro de los bulos de la extrema-derecha, a los que se ha subido también el PP, que busca criminalizar a las personas migrantes. De hecho, el perfil más habitual de víctima es mujer española de entre 31 y 60 años que convivía con su agresor y no había denunciado.

En la antesala del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es importante dejar de "ponerse el lacito morado en la solapa mientras se  recorta y se guarda en un cajón las políticas a favor de la igualdad", según denuncia la secretaria general de CCOO-A. Del mismo modo que sucede en Sanidad Pública, de nada sirve inflar las cifras presupuestarias en violencia de género si después más de la mitad no se destina a tal fin. ¿Qué compromiso es ese contra el terrorismo machista que nos asola?