El "pepinazo de las mascarillas" en el PP andaluz tiene visos de ser mucho más. Las investigaciones llevadas a cabo describen toda una trama de comisiones al frente de la cual, presuntamente, estaría desde 2016 el ya expresidente de la Diputación de Almería, José Aureliano García que, a la sazón, también presidía el PP en esa provincia. Como toda buena trama que se precio, tenía su propio lenguaje en clave, basado en odontología, con "muelas" y "cambios de piñata" incluidos. A las puertas de las elecciones andaluzas el año que viene y dando comienzo hoy el debate sobre el estado de la región, Juan Manuel Moreno Bonilla tiene dolor de muelas.   

Es complicado recordar alguno de los sonados casos de corrupción en los que las personas implicadas, antes incluso de saltar el escándalo, no se erigieran ante la opinión pública como garantes de la ética y la rectitud política. Podemos remontarnos a los casos del PP, con los delfines de Esperanza Aguirre Francisco Granados e Ignacio González perjurándose limpios de corrupción, a un José Luis Ábalos mostrándose muy digno en el Congreso, lamentándose de lo solo que lo habían dejado.

El grado de desfachatez es tal que, incluso el expresidente de la Diputación de Málaga afirmaba en redes sociales el año pasado y en referencia a la detención tres años atrás de su vicepresidente tercero y diputado provincial de Fomento de la Diputación, Óscar Liria, que "el único vicepresidente de la Diputación de Almería que está en la cárcel es del PSOE y lo está por robar 800.000 euros de todos los almerienses. Lecciones de lucha contra la corrupción a mí, ninguna. Ojalá hubiera actuado Pedro Sánchez como yo lo hice".

En el caso de las tramas que se prolongan durante años, su capacidad para permanecer desapercibidas al radar interno de los partidos es insultante. En primer lugar, por su duración en el tiempo; en segundo, porque a medida que conocemos detalles de las respectivas investigaciones, más burdos y poco cuidadosos son los métodos mediante los cuales sus actores cometían los presuntos delitos.

En el caso del PP almeriense, Moreno Bonilla tenía datos más que suficientes en 2021 para haber activado todos los protocolos de control del partido. La oposición le exigió explicaciones en el Parlamento andaluz, pero el presidente de la Junta se desentendió con el mismo cinismo que en esta nueva ocasión se hizo de nuevas cuando Aureliano García fue detenido. Rizando el rizo de la hipocresía, Moreno Bonilla presume de respuesta rápida por haberle cesado una vez detenido.

Como en otras tramas investigadas que eluden con soltura los controles internos de los partidos, a toro pasado siempre surgen voces que sugieren que se trataba de un secreto a voces. En Almería, es cuestión de tiempo que aparezca algún iluminado; en el PSOE ya han salido. Hace unos días, la exministra socialista Carmen Calvo deslizaba que ella ya había advertido en el pasado del comportamiento y modo de vida de Ábalos. ¿De qué sirve ahora eso más que para desprestigiar aún más la falta o ineficacia de los controles internos de los partidos? Por jugar, ni siquiera juega a favor de la propia Calvo.

Volviendo al caso de Almería, es muy llamativo que una semana antes de que saltara el escándalo y Aureliano fuera detenido, Juan Manuel Moreno Bonilla le daba palmaditas en la espalda y le mostraba su confianza incorporándolo a su nueva ejecutiva regional como vocal. No sólo a él, sino a otros seis almerienses, motivo por el cual el presunto líder de esta trama presumía de que "el PP de Almería sale muy reforzado del Congreso andaluz".

Aureliano García articuló, presuntamente, de manera tan diligente la red de comisiones investigada, que incluso en 2023 fue nombrado presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que es organismo que reúne a todas las diputaciones y cabildos insulares de España.

El problema es que las pesquisas policiales evidencian la torpeza de los perpetradores de la trama, que incluso pagaron en metálico más de 19.000 euros de una hipoteca sacando el dinero en cajeros automáticos. No hubo tal diligencia. Parece más bien que lo que predominó, en el mejor de los casos, fue una venda en los ojos de quienes tenían la responsabilidad de atarlo en corto. Y si no de ejercer ese nivel de control, sí al menos de no dar más atribuciones a la persona cuya mano derecha en Diputación ya había sido detenida por corrupción.

Entre los criterios para la conformación de equipos de gestión debieran primar dos elementos cruciales: la preparación y la confianza. Son dos factores inseparables, porque, incluso en el caso de una vocalía, la responsabilidad es tal que exige satisfacer ese grado de confianza. Moreno Bonilla se enfrenta a un dilema complicado, porque ante la opinión pública se presenta ahora, o bien cómo alguien que adoptó una conducta de connivencia con Aureliano García o, en el mejor de los casos, como alguien a quien resulta sencillo colársela. ¿Cuántas manzanas podridas más puede tener el presidente andaluz en su equipo de confianza sin que él, presuntamente, lo sepa? Es idéntico dilema al que ha de hacer frente Pedro Sánchez tras ver cómo sus dos secretarios de organización van a ser procesados.

Al PP andaluz, siguiendo con la burda encriptación de esta trama, le ha salido una buena caries. Los populares lo saben, el dolor de muelas es tan evidente que temen que quizás no puedan con el chuletón de las elecciones andaluzas de 2026. PP y PSOE acudirán a esa cita electoral con idéntico problema: sus controles internos contra la corrupción hacen aguas y no inspiran confianza a la ciudadanía. En el caso de Vox, el Tribunal de Cuentas ya se ha encargado de demostrar la influencia húngara en el partido, y sus propios pesos pesados fugados plantean serias sospechas sobre su gestión económica. La responsabilidad ciudadana debiera confiar en un buen dentista, porque el panorama andaluz no requiere empaste, exige extracción.