Lo que vimos el jueves en el Parlamento no puede volver a suceder y no va a haber mejor momento que éste para cambiar las reglas que lo permiten. Parece evidente que hay que prohibir que los diputados, del partido que sea, engañen a la cámara para torcer el resultado de una votación. Lo que hicieron esta semana los dos de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, (decir a los medios, a la ejecutiva de su partido, a otros diputados en los pasillos que votarían sí y, por lo tanto, la norma saldría adelante y hacer lo contrario, evitando así otras posibles negociaciones que pudieran aprobar la norma sin sus votos) no puede ser admisible. Tendría que costarles el escaño. Tampoco debería ser viable que el diputado que salve con su voto un Gobierno –de una moción de censura, por ejemplo– pase a ser parte de ese Gobierno, como ocurrió con cuatro de los seis votos cruciales que salvaron en marzo del año pasado a López Miras, el presidente de Murcia.

Ninguno de estos episodios debería repetirse. Alimentan la antipolítica, dan letra a todo tipo de corruptos, engendran lo peor de nuestras instituciones, acunan uno de los peores cánceres de cualquier democracia o dicho de otro modo: hacen imposible defender que la política es más que un juego de trileros.

En ese orden de cosas, es decir, en lo importante que es preservar libres de trampas, trampitas y tramposos a las instituciones, tampoco parece razonable que el error de un diputado a la hora de apretar un botón pueda cambiar el resultado de votaciones cruciales. Ni siquiera si el error fue confirmado; ni si siquiera si se equivocó seis veces en el mismo día. Alberto Casero, el diputado del PP a quien debemos la aprobación de la primordial reforma laboral, votó mal también en otras dos votaciones en la misma jornada, según ha declarado.

Así que, desde aquí se lo pido, Presidente y Presidenta de la cámara, por el bien de todos: lo suyo sería anular los votos de los tránsfugas, echarles del hemiciclo para siempre y cambiar el voto erróneo de Casero. El resultado sería el mismo pero se asentaría un precedente importante que no dependiera de ninguna arbitraria justicia poética. Y, si para esta vez no es posible porque no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de partido, hagan los cambios que haya que hacer para que este bochorno no siga abochornándonos.

Ha llegado la hora de convertir el Pacto Antitransfuguismo en algo serio. Firmado en 1998, renovado desde entonces tres veces, ratificado por 11 partidos estatales en 2020, esta semana ha vuelto a demostrar que no es que sea papel mojado es que se lo lleva el viento cada vez que sopla. Es cierto que el PP abandonó este acuerdo en junio del año pasado, después de que la comisión de seguimiento del pacto resolviera que los diputados de Ciudadanos que salvaron el gobierno murciano del PP son unos tránsfugas. Por más que al PP le pique, no se puede llamar de otra manera a quienes salvan un gobierno después de haber firmado, como el resto de sus compañeros de partido, que no lo harían y pasan automáticamente a ser parte del mismo ejecutivo que salvan con sus votos. Pero también es verdad que este pacto, antes de eso, tampoco ha evitado otras veces transfuguismos escandalosos.

Inés Arrimadas, a raíz de lo de Murcia, pidió llevar este pacto al terreno de los hechos, sacarlo del bonito e inoperante mundo de color de las recomendaciones y de la falta de desarrollo. El texto ratificado en 2020 establecía el compromiso de todas las fuerzas políticas firmantes para “impulsar la modificación de los reglamentos de las cámaras autonómicas y los reglamentos orgánicos de las corporaciones locales, para adaptarlos a lo establecido en los Acuerdos y las modificaciones legales que de estos se deriven”. Es decir, todos firmaron que se convirtiera en hechos. Ese punto nunca se ha desarrollado en ninguna cámara, ni en la estatal ni en el resto.

Ciudadanos propuso entonces una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para hacer posible que el pacto tenga consecuencias jurídicas en serio. Entre las fórmulas que propusieron estaba que la Junta Electoral Central fuera competente para inhabilitar a cargos públicos que incurrieran en prácticas de transfuguismo.

No sé si ése es el mejor camino o si hay otro mejor. Solo sé que estamos en un momento crucial en el que las mejoras de nuestras democracias no se pueden posponer más porque el futuro huele ya a podrido. O vamos arreglando las grietas del sistema o esos serán los huecos por dónde se cuelen los que amenazan con romperlo.