Presos del franquismo: la tortura continúa

Por Pilar Estébanez, miembro de La Comuna.

Desde el punto de vista jurídico, humanitario y moral, es una aberración que después de más de cuarenta años desde la muerte del dictador, los presos del franquismo aún no hayan recibido reparaciones por las detenciones, malos tratos y torturas sufridas durante el franquismo. Y es una aberración porque existen instrumentos jurídicos para llevarlo a cabo. Sólo falta voluntad política: España firmó hace más de veinte años la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (10 de diciembre de 1984, cuya entrada en vigor fue el 26 de junio de 1987). Nuestro país se adhirió, tras la llegada de la democracia, a todos los convenios y tratados que garantizan la observancia de los derechos humanos.

Entre diciembre de 2006 y octubre de 2008 se presentan las primeras denuncias ante los juzgados. En 2007 se aprueba la Ley de Memoria Histórica. En 2008 Naciones Unidas publica un informe del Comité de Derechos Humanos en el que se recomienda la superación de la Ley de Amnistía de 1977, por la que se pretendía garantizar la impunidad para los torturadores y autores de crímenes en nombre del Estado.

Naciones Unidas ha señalado al Gobierno Español la situación de impunidad que se está produciendo con las víctimas del franquismo en un informe de finales siglo pasado: Resolución 1999/34 de la Comisión de Derechos Humanos sobre impunidad. Insta a los Estados “a que redoblen los esfuerzos para ofrecer a las víctimas de violaciones de los derechos humanos un proceso justo y equitativo mediante el cual puedan investigarse y hacerse públicas esas violaciones, y a que alienten a las víctimas a participar en dicho proceso”. Se reitera también la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, la necesidad de la creación de una Comisión de la Verdad y que se facilite a las familias de los asesinados y desaparecidos identificar y exhumar a sus muertos.

En 2013 y 2014, el relator de Naciones Unidas para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, así como el Grupo de Desapariciones Forzadas, efectuaron varias visitas a España para apoyar a las asociaciones de víctimas y recoger información.

Sin embargo, lejos de avanzar por ese camino para lograr la reparación a las víctimas del franquismo o de otras dictaduras, España, ha ido retrocediendo en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional: se ha impedido que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos puedan acceder a los tribunales españoles.

También se está impidiendo que los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo puedan ser investigados por otros países cuyo sistema jurídico sí acepta la competencia en el ámbito de la jurisdicción internacional.

España no sólo no investiga, sino que tampoco colabora con las investigaciones iniciadas en otros países, como la querella que en 2010 aceptó la jueza argentina Servini (la llamada Querella Argentina) por crímenes contra la humanidad del franquismo (desapariciones forzadas, delitos sexuales, ejecuciones sumarias, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados, persecución por motivos políticos y religiosos).

El Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), que España está obligada a observar dice que, aunque “nadie podrá ser condenado por una acción u omisión que en el momento de cometerse no constituya infracción”, ello “no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía un delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”. Estas disposiciones anulan el obstáculo de la irretroactividad esgrimido por los defensores de la impunidad. Asimismo, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, que España adoptó en 2010, señala que dichos crímenes internacionales son imprescriptibles

Las consecuencias para las víctimas

Las consecuencias para las víctimas de la no reparación son enormes: no sólo se trata de la flagrante injusticia de no ver reparada de alguna manera la arbitrariedad y la vulneración de sus derechos individuales. Estas se extienden incluso en el ámbito personal y físico, en la salud. Muchos presos fueron interrogados brutalmente, torturados y un gran número quedaron con secuelas importantes para su salud física y psicológica.

Entre las secuelas físicas se encuentran sacrolumbalgias por la aplicación de descargas eléctricas que llegaban a provocar roturas y lesiones de los discos intervertebrales. También hay secuelas de artritis en articulaciones de codos, manos y rodillas, que produjeron molestias durante el resto de sus vidas. Los golpes en los oídos provocaron a muchos secuelas auditivas irreparables, como sorderas o ruidos permanentes. Traumatismos craneales, epilepsia, con algunas de las secuelas registradas entre los presos y detenidos torturados. Pérdidas de piezas dentales, ansiedad, depresiones, traumatismos genitales, traumatismos renales severos…

Los sistemas de interrogatorio y presión también dejaron como secuelas trastornos psicológicos, síndromes de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, cambios conductuales con reacciones agresivas que afectaron a las relaciones personales y familiares.

Todas estas enfermedades están asociadas actualmente a personas que sufrieron torturas y, a pesar de tener diagnóstico e indicación operatoria precisa, estas víctimas no han tenido reparación ni justicia. Muchos de ellos, por falta de recursos, han arrastrado durante toda su vida estas secuelas, muchas de ellas incapacitantes. Y muchos están muriendo sin que se hayan reparado los crímenes ni se haya hecho justicia con sus torturadores y responsables, muchos de estos aún vivos y disfrutando de la libertad sin haber pagado por sus crímenes.

Es preciso y urgente que se haga justicia antes de que sea demasiado tarde, antes de que no quede a nadie a quién reparar ni a nadie a quién juzgar. Ello sólo será posible con el esclarecimiento de la verdad.

Sólo es cuestión de voluntad.

Jueces: no permitan que los crímenes queden impunes, no permitan que sobre la injusticia caiga el manto del olvido, no permitan que aquellos que fueron detenidos, maltratados, torturados y asesinados durante una dictadura por el único motivo de desear la libertad y la democracia para su país hayan sufrido en vano. No permitan que aquellos que torturaron, que cobardemente usaron los recursos de un Estado dictatorial para infringir daño y sufrimiento a sus semejantes sigan paseando impunes por la calle.

Aún estamos a tiempo. Hagan justicia con los torturados del franquismo.