El sargento Wayne Jenkins dirigía una unidad de élite de la Policía de Baltimore, y hacía lo que le daba la gana. Sus miembros eran temidos en toda la ciudad, y ofrecían buen material para las estadísticas, las fotografías y las ruedas de prensa del cuerpo que resaltaban el éxito de sus operaciones y la contundente respuesta contra el crimen. En principio, todo bien de cara a la galería. A Jenkins lo invitan a dar una charla a los agentes recién llegados. Ante ellos reivindica la buena praxis del cuerpo y advierte de cómo se deben hacer las cosas:

“No he venido a hablaros de aplicar la fuerza cuando no hay más remedio, sino de pegar porque quieres, porque te crees con derecho por llevar una placa. Eso sí es brutalidad policial. En serio, esa brutalidad sobra. Puede parecer divertido. ¡Si yo lo entiendo! Darle un guantazo a algún gilipollas para que se calle. Coño, ¡claro que sienta bien, sí hombre! Pero ese tipo de brutalidad es un obstáculo para nuestro trabajo. (…) Con la brutalidad no se consigue nada. (…) Un agente de policía en la calle, si conoce la ley y sabe cómo aplicarla, si sabe escribir un informe claro y conciso, si comprende su propia autoridad, gana. Y no gana a veces, gana siempre, todas las putas veces. Da igual lo que hagáis ahí fuera. Cuando entráis en la sala de un juzgado de una ciudad, vuestra palabra está por encima”

El discurso completo transita por una cierta ambigüedad, pero quizás precisamente eso era lo que pretendía el guionista: remarcar la contradicción entre la retórica y la realidad. De vez en cuando, una parte de la droga incautada por los hombres de Jenkins acababa en su poder, y varios miembros de la unidad hacían negocio con ella. Estos agentes usaban demasiadas veces la fuerza de manera desmesurada y arbitraria, hechos que quedaban impunes en demasiadas ocasiones. También chantajeaban a delincuentes e inocentes para conseguir lo que querían para su propio beneficio. Todo falló, -dijeron luego sus jefes- se dejaron pasar algunas denuncias de abusos, hasta que Asuntos Internos no tuvo más remedio que investigar a la unidad entera tras la muerte de un detenido bajo custodia policial y las denuncias de una asociación de derechos humanos que había recogido múltiples testimonios. Y descubrió el pastel.

El cineasta David Simons llevó esta historia real a la ficción en su excelente serie La ciudad es nuestra, en la que retrata los hechos y cómo sus protagonistas justifican sus acciones. Da la impresión a menudo que incluso se creen con el derecho a hacerlo, ya que cobran poco, se juegan la vida, y limpian de indeseables la ciudad. Nada raro en este tipo de perfiles autoritarios que justifican saltarse las leyes porque se creen por encima de ellas, porque si no les dejamos que se pasen de la raya de vez en cuando, si nos ponemos exquisitos, ¿a quién vamos a llamar cuando nos pase algo?

Es cierto que no son pocas las acciones dentro del cuerpo contra agentes corruptos. Hemos visto recientemente desmantelada una trama de narcos en la que había agentes de varios cuerpos policiales, o la detención de un Ertzaintza que tenía 55kg de cocaína, por ejemplo. Y numerosos buenos trabajos de Asuntos Internos para extirpar las manzanas podridas que llevan placa y uniforme. Esto es así y hay que reconocerlo. Sin embargo, respecto a ciertas actuaciones cuestionadas por la opinión pública o denunciadas por cualquier ciudadano, si no implican tramas delincuenciales o asuntos demasiado feos, la cosa no resulta tan fácil.

Existe cierto corporativismo y otros factores que permiten cierta impunidad para estos casos. Aunque desde la institución se consideren nimias, a quien le toque lidiar con ello y se enfrente a una denuncia por atentado a la autoridad o cualquier otro supuesto delito similar con la palabra de unos agentes como única prueba, va a pasar unos años bien jodido. Ha habido, además, condenas sonadas como las de los miembros de Podemos, Isa Serra y Alberto Rodríguez, o las del caso Alsasua o el de los seis de Zaragoza, pero son muchos los ciudadanos anónimos que acabaron igual, sin más prueba que la palabra de los agentes. Algunos, obligados a pactar reconociendo unos hechos que aseguran no haber cometido para evitar penas mayores si van a juicio, ya que no confían demasiado en que el juez les crea a ellos antes que a los funcionarios.

Ayer se presentó en Madrid el informe Transparencia y rendición de cuentas de los cuerpos policiales en el Estado español que han realizado conjuntamente Irídia, Novact y Rights International Spain (RIS), en el que precisamente ponían el foco en esto. Entre sus conclusiones, tras una intensa investigación y recopilación de datos, se afirma que "los diversos mecanismos internos de rendición de cuentas policiales en el Estado español no son suficientemente independientes ni eficaces". Algo que debería hacer saltar las alarmas de cualquier demócrata, que se rasga las vestiduras ante la represión en otros países cada vez que ve el telediario, pero piensa que, en su país, en su Policía, todo funciona perfectamente.

Los primeros interesados en despejar cualquier sospecha deberían ser los propios funcionarios y ministros al cargo. El silencio, la mentira y la opacidad no hacen más que acrecentar esas dudas, y una democracia no se puede permitir el lujo de tener zonas oscuras. La fiscalización de las instituciones por parte de la sociedad civil es un síntoma de madurez democrática de la ciudadanía, esa exigencia de más democracia que no debería existir si esta fuese transparente y efectiva. Deberíamos celebrar que existan organismos independientes al poder político que cuiden la salud democrática, más todavía en este Estado que ha demostrado mediante varios y sucesivos escándalos, la existencia de una cloaca permanente e impune, unos medios de comunicación compinchados con ésta y un poder político que se lava las manos ante cualquier escándalo de este tipo. Lo vimos con la acción "bien resuelta" de la Policía española y la marroquí en la masacre de Melilla, según el ministro del Interior, a pesar de las decenas de cadáveres que dejaron, o de los muertos en la playa del Tarajal hace unos años. Por no hablar de las cargas policiales en varias protestas, de las que no se recuerda sanción alguna a quienes golpean en la cabeza o disparan balas de goma a la cara saltándose sus propios protocolos. Cero autocrítica. Cierre de filas, todo bien y a seguir.

“Así fue la agresión de María León a una policía”, titulaba el pasado lunes El Mundo una información que tan solo recogía el atestado policial del incidente entre la actriz y varios agentes de la Policía Municipal de Sevilla días atrás. No es que fuese así, como dice El Mundo, sino que la policía dice que fue así. No es lo mismo, aunque el titular sentencie que esta versión es la realidad. La filtración del atestado para contrarrestar el relato de la actriz (que asegura que fue víctima de un abuso policial) no plantea ninguna pregunta sobre quién lo filtra, algo que parece obvio, pero que saca a relucir el papel de algunos periodistas que presentan una versión de unos hechos como la verdadera, tal y como el titular de la pieza sugiere. Nada nuevo. Hemos visto en reiteradas ocasiones cómo se filtraban incluso datos personales de hasta quien solicitaba permiso para una manifestación. Y la fuente, en ambos casos, es evidente, como lo es también la intención y el tándem entre algunos funcionarios, periodistas y el relato interesado de la institución.

Discutí recientemente al respecto en televisión con un representante de Jupol, y ambos coincidíamos en una cosa: si los agentes llevasen cámaras y se grabasen las intervenciones, no habría necesidad de disputarse gran parte del relato de los hechos. Todo quedaría grabado, como sucede en otros países, y cuyas imágenes de las actuaciones polémicas a menudo filtra la propia institución en un honorable ejercicio de transparencia. Puede que sea una opción, no se si la mejor, pero al menos habría que tenerla en cuenta. Pero sin estos ni otros mecanismos, todo queda en manos del juez de turno.

El informe de citado, además, concluye que "el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha mostrado su preocupación en relación al Estado español por las debilidades de las investigaciones de denuncias y sanciones relacionadas con el uso de la fuerza, así como por la concesión de indultos a agentes de la policía condenados por el delito de tortura".

Una democracia no tendría que temer a su ciudadanía, ni al periodismo, ni a la transparencia. Cualquier sospecha que se cierna sobre sus instituciones debería ser contestada con absoluta claridad, sin nada que ocultar ni nada que sugiera que se oculta algo. Además de hacer autocrítica cuando algo falle y sancionar cualquier irregularidad cuando proceda. Lamentablemente esto no sucede, y a quien lo pide, casi que se le señala como antipatriota y antisistema, exigiéndole una suerte de fe ciega en las instituciones, una carta blanca incuestionable, pues, ¿a quién va a acudir cuando lo necesite? Esta respuesta habitual ante cualquier crítica da a entender que existe una especie de carta blanca para quien debiera protegernos. Lo mismo que pensaba también el sargento Jenkins y sus secuaces de Baltimore. De momento, el Estado puede dar las gracias a que existe sociedad civil organizada y crítica, así como periodistas que no miran hacia otro lado. Lo que se necesitan son más medidas para evitar que personas con voluntad de servicio público se conviertan en Jenkins.