Opinión
La prioridad de la agenda social
Por Antonio Antón
Sociólogo, politólogo y escritor
La huelga general ha sido un éxito. Ha conseguido sus dos objetivos básicos: articular la capacidad expresiva y unitaria de la ciudadanía indignada y condicionar la necesaria agenda social del poder institucional.
Por un lado, se ha logrado una participación popular suficiente, en torno a entre tres y cuatro millones de personas, similar a la última huelga general de noviembre de 2012 -con la misma rebaja de demanda eléctrica-, y cerca de un millón en el conjunto de las manifestaciones ciudadanas, con un cuarto de millón en la de Madrid, según cálculos propios, la más mayoritaria. Igualmente, ha sido multitudinaria la de Barcelona, provincia en la que han sido más densos los paros.
En general, el impacto directo ha afectado más a los grandes centros industriales y urbanos, aunque también ha tenido repercusión en el transporte (se redujeron a la mitad los viajeros en el metro madrileño), así como en la vida académica o comercial. Sobre todo, ha tenido una gran repercusión pública, con importantes efectos sociopolíticos al situar la nueva cuestión social como expresión del malestar ciudadano, eje articulador de las demandas cívicas y prioridad para las políticas públicas.
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Además, a pesar de los intentos deslegitimadores de las derechas, los objetivos y la convocatoria de esta movilización popular han contado con una gran legitimidad cívica, en torno a dos tercios de la población. Se ha producido la convergencia de múltiples actores sindicales, sociopolíticos y culturales como instrumento para empujar por una auténtica reforma social progresista, en defensa del derecho a una vida digna.
En ese sentido, se han activado las grandes organizaciones sindicales, el nuevo sindicalismo de base y juvenil, en torno a la vivienda, y muchos grupos y asociaciones. En particular, en días previos y ese mismo día se han desplegado múltiples grupos informativos. La amplia protesta social se ha canalizado de forma pacífica, aparte de algunos altercados violentos minoritarios -en Barcelona- fuera de las grandes manifestaciones.
Hay que señalar la desproporcionada violencia policial, en distintos lugares, ante el libre ejercicio del derecho a la huelga y la manifestación pública que, incluso, ha llegado a la agresión de tres diputados andaluces del Frente Amplio y Adelante Andalucía. Exige una explicación, con la responsabilidad política y funcional correspondiente y el refuerzo del cumplimiento escrupuloso de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
Ese proceso se enmarca en una intensa movilización social por el derecho a la vivienda, así como de los derechos sociales y los servicios públicos, la exigencia de cambios normativos e institucionales y la convocatoria de las elecciones generales, para determinar la orientación de las políticas públicas. Esa reactivación de la ciudadanía es un elemento fundamental de refuerzo de la democracia, en un contexto de amenazas a las garantías democráticas, la protección social y el bienestar público.
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Por otro lado, se ha resituado el foco principal de las demandas sociales, como la vivienda y la carestía de la vida, entre la conversación pública y el emplazamiento a las instituciones públicas, condicionando las políticas sociales de las distintas instituciones y grupos de poder y, en particular, los planes del próximo Gobierno, todavía más pertinente ante el riesgo de involución derechista.
La propia patronal y las mismas derechas se han hecho eco, con fuerte resquemor, de la oposición cívica a su trayectoria regresiva y autoritaria, así como a sus amenazas de recortes sociales y desprotección pública. Su agresiva reacción, con el nerviosismo que demuestra, es un síntoma del impacto socioelectoral inmediato a favor de las izquierdas, cuya dimensión es difícil calibrar hoy.
Lo que está clara es la emergencia de un clamor ciudadano masivo, con amplia participación juvenil, que reclama una agenda social consistente. Esa determinación social progresista trastoca los fundamentos de las políticas económicas y fiscales dominantes en Europa y apunta al problema de fondo de la redistribución de la riqueza, la regulación de los mercados y la garantía de un Estado del bienestar avanzado.
Esta importante movilización cívica aporta dos lecciones relevantes y entrelazadas, respecto de su significado, sometidas a controversias y matices interpretativos entre las fuerzas progresistas: el sentido de sus objetivos transformadores, con el impulso a una fuerte agenda social, y la conformación de los campos sociopolíticos, con la importancia de la participación democrática de la ciudadanía y la reconfiguración de alianzas y adversarios.
He avanzado que esta trayectoria sociopolítica, crítica y reformadora pone el acento en la imprescindible respuesta cívica e institucional a la nueva cuestión social, prolongando y actualizando el proceso iniciado hace más quince años contra las políticas de austeridad, los recortes sociales y la prepotencia antidemocrática de las élites gobernantes de entonces.
Digo "nueva" cuestión social porque supera la dinámica rígida de ciertas izquierdas de priorizar solo las reivindicaciones económicas o la clase trabajadora convencional. Y, por otro lado, reafirma la importancia de los problemas materiales de las mayorías sociales, desvalorizados por las tendencias centristas o de tercera vía, así como por la unilateralidad postmoderna de centrarse en los cambios culturales o identitarios. Así, esta masiva experiencia ha expresado la relevancia ineludible de una profunda agenda social, capaz de asegurar las condiciones vitales de la ciudadanía, con cierta renovación estratégica y discursiva de las izquierdas.
Por una parte, ya he mencionado la significativa incorporación juvenil, con sus propios proyectos de vida, empezando por la vivienda, la precariedad laboral y la inseguridad de su futuro vital, que convergen con los dilemas clásicos de las clases trabajadoras, incluidas las más sindicalizadas, por los salarios y las condiciones laborales.
Pero, además, se estrechan los vínculos de intereses compartidos con las personas pensionistas o las necesitadas de los servicios públicos, como la sanidad, la educación o la dependencia, en defensa de la protección pública.
En esta trayectoria también se ha mostrado la convergencia de unos problemas sustantivos y generales como la vivienda o el nivel de vida, con una perspectiva de género, en la medida que afectan más a las mujeres, o con un enfoque antirracista y de convivencia intercultural, al estar afectada la especificidad de la gente inmigrante.
Por tanto, se genera una nueva dinámica combinatoria de las exigencias distributivas y los derechos sociales, típicas de un enfoque de clase social o de izquierda tradicional, con las demandas de reconocimiento o identificación feministas o antirracistas, que también afectan a las propias capas populares, que tienen un componente relacional, material, cultural y transversal.
Toda esa experiencia sociocultural sirve para la formación de un nuevo campo sociopolítico o un emergente sujeto colectivo progresista. Aparte quedaría, sin hacer paralelismos con la interacción del proceso de protesta del llamado movimiento 15M y la formación de las fuerzas del cambio, en el periodo anterior (2010/2016), en qué medida afecta a la recomposición de las actuales izquierdas políticas, la socialista y las alternativas.
Por último, este proceso movilizador en torno a esos objetivos básicos, de una vivienda y unas condiciones laborales dignas, con un nivel de vida y una protección social suficientes, también señala los adversarios de los grupos de poder. Tiene un gran componente transversal, pero popular, y en oposición a los de arriba.
Así, demanda responsabilidades institucionales y exige cambios profundos respecto del capitalismo rentista, los grupos financieros especulativos o el poder político que los ampara, en particular las derechas políticas y su orientación regresiva y autoritaria.
Pero haría mal el Partido Socialista si no modifica su inercia ambivalente, toma nota de las demandas sociales y se compromete a un nuevo contrato social en la nueva legislatura. No hay que descartar que pueda liderar un nuevo gobierno de progreso o, bien, contribuir a la oposición parlamentaria y cívica. El reto de las izquierdas sociales y políticas es la acción contra las políticas reaccionarias y la defensa de la democracia y los derechos sociales: la prioridad es la nueva agenda social y democrática.
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