Alguien ha filtrado intencionadamente a la prensa un artículo escrito en un periódico universitario a finales de los años setenta, en el que calificaba la presencia de Israel en la franja de Gaza y Cisjordania como ‘ocupación ilegal’. Lo firmaba el que ahora es candidato a secretario de Estado, Michael Kern, y el tema estalla mediáticamente en plena campaña para su elección. Kern es acusado de antisemita, y acaba reafirmando su apoyo a Israel para no ver su candidatura comprometida.

Es lo que cuenta el segundo capítulo de la primera temporada de House Of Cards, estrenada hace ya once años, en 2013. Y esto que relata, sin embargo, no es ninguna ficción. Aunque cambie el contexto y los personajes, la persecución de la crítica a Israel bajo la acusación de antisemitismo está a la orden del día, y es una de las estrategias habituales de quienes pretenden censurar la defensa de Palestina.

El pasado mes de noviembre tuve que volar a Berlín por trabajo. Gaza estaba en llamas tras varias semanas de intensos bombardeos por parte de la aviación israelí. Los muertos aumentaban cada día, y las imágenes eran desgarradoras. El mundo tenía puesta la mirada sobre aquel pedazo de tierra eternamente castigado.

En Alemania, el conflicto palestino no se ve de la misma manera en que lo vemos desde otros países, incluso desde las izquierdas. Su responsabilidad por el Holocausto ha sido siempre una excusa para blindar su apoyo incondicional a Israel, sin excepciones y sin fisuras. Y esto incluye perseguir toda crítica. Muchas organizaciones de izquierda ni siquiera se atreven a defender abiertamente a Palestina, y esto ha creado una brecha enorme con muchas otras organizaciones.

No son pocas las imágenes de la represión en Alemania contra manifestaciones por Palestina, y de un modo todavía más obsceno, ver a supuestos izquierdistas y antifascistas comprar estos marcos que blindan a Israel ante cualquier cuestionamiento. Esta política institucional que ha arrastrado a una parte de la izquierda hacia este peligroso consenso fue el motivo por el que el líder laborista británico, Jeremy Corbyn, había sido censurado días antes por parte del local donde tenía que dar su conferencia.

Corbyn fue defenestrado de la carrera a la presidencia años atrás por su propio partido, usando precisamente el comodín del antisemitismo por su defensa del pueblo palestino y sus críticas a Israel. El documental ‘The Lobby’, de Al Jazeera, retrató excelentemente cómo funciona esta maquinaria propagandística, el lawfare y la guerra sucia que emplean los grupos proisraelíes para perseguir toda disidencia con el proyecto sionista.

Existen numerosas organizaciones que se escudan en la supuesta defensa de los derechos humanos y contra los delitos y discursos de odio para perseguir las críticas a Israel. Y en el capítulo de House of Cards citan precisamente a la principal, a la Liga Antidifamación (ADL), una organización norteamericana que ha pasado de ser una referencia para muchos progresistas en la lucha contra los discursos de odio a una herramienta de propaganda israelí y de persecución del activismo antirracista. Así lo denunciaron numerosos colectivos sociales en la campaña #DropThe ADL, en la que exponían las “maneras que ocultan y legitiman sus actividades de derecha que socavan los derechos de los negros, inmigrantes, queer, musulmanes, árabes y otras comunidades marginadas”. Y avisan: La ADL no es aliada de ninguna de estas luchas.

En una web creada a propósito, esta campaña explica y documenta el papel de la ADL en la vigilancia y la persecución de los movimientos antirracistas y por la justicia social, y expone la estrategia que usan, en colaboración con el Gobierno estadounidense, para silenciar las críticas a Israel y garantizar el apoyo político, económico y militar a este aliado de la Casa Blanca. Advierten de cómo se está persiguiendo a todas aquellas personas críticas con Israel y defensoras de Palestina, desde académicos, periodistas, activistas o ciudadanos anónimos, y piden a todos los progresistas que dejen de usar a esta entidad como referencia.

La ADL ya fue retratada años atrás precisamente por un judío israelí, el director Yoav Shamir, en su película Defamation (2009), en la que cuestiona la instrumentalización del antisemitismo y del Holocausto que hace el Estado de Israel. Shamir había sido acusado de antisemita por su documental anterior, Checkpoint (2003), en el que retrataba los múltiples controles militares a los que están sometidos los palestinos en su propia tierra. Decidió entonces reflexionar sobre cómo las acusaciones de antisemitismo trataban de silenciar y criminalizar las voces críticas con las políticas israelíes.

Youssef es un reconocido periodista y activista madrileño de origen rifeño. Lleva años documentando el racismo institucional y realizando un trabajo excepcional en Rights International Spain y en AlgoRace, analizando el impacto de la Inteligencia Artificial en las poblaciones racializadas. El pasado lunes tuvo que acudir a la Brigada de Información de la Policía porque alguien le había denunciado. Youssef ha escrito a menudo sobre Palestina en sus redes sociales, como tantas otras personas que asistimos horrorizadas al genocidio que Israel está cometiendo en Gaza.

Según le informaron los agentes, alguien había señalado las supuestas “connotaciones antisemitas” de algunos de sus mensajes en redes, y añadía que estos estaban enmarcados “en un contexto de radicalización en España de carácter antisemita”, sin aportar ninguna prueba de ello. El mensaje denunciado señalaba las contradicciones del representante de una organización en sus calificaciones respecto a lo que sucede en Palestina.

Quien denunciaba era, nada más y nada menos que Esteban Ibarra, el presidente de una entidad autodenominada Movimiento Contra la Intolerancia, quien advertía que los mensajes de Youssef “pudieran provocar una incitación (directa o indirecta) en personas radicalizadas, a la consumación de actos violentos contra el denunciante u otras personas de MCI.”

La elección de Youssef como objetivo de esta denuncia no es casualidad, por quién es y por los términos que utiliza. “Habla de un contexto de “radicalización”, cosa que no es casual puesto que se pretende asociar la idea de la radicalización a un activista antirracista y de origen marroquí, ante una ola represiva y racista contra las personas moro-musulmanas a lo largo y ancho del continente”, explicaba el periodista en sus redes sociales.

Tras la denuncia de Youssef se han conocido otras interpuestas por otras entidades proisraelíes y de extrema derecha contra otras personas, tratando así de minar la solidaridad con Palestina. Muchas de estas hacen referencia a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) que el Gobierno anterior ratificó, aunque no de manera vinculante, en 2021, y a pesar de las advertencias de numerosas organizaciones de derechos humanos. Esta definición pretende hacer creer que, detrás de toda crítica a Israel hay, en realidad, odio a los judíos. Incluye, por lo tanto, las críticas a Israel como antisemitismo, coartando así la libertad de expresión y atribuyendo a Israel la representación de todo el pueblo judío.

Urge de una vez que el gobierno español rectifique y rechace esta definición de antisemitismo, y evite así que algo tan serio sea instrumentalizado para blindar de toda crítica a un estado que está cometiendo un genocidio. Este Gobierno sabe cómo funciona esta propaganda y esta estrategia de criminalización, tras ser acusado también de antisemita y de apoyar a Hamás tras reconocer al estado palestino y manifestar su oposición a la acción militar israelí. Por esto, no debe contribuir a que esta cacería se normalice en nuestro país como pretende la derecha y la extrema derecha, y como ya lo han conseguido en otros países.

Igualmente, es imprescindible denunciar esta estrategia de criminalización contra las personas que se oponen al genocidio, y desenmascarar a quienes usan su supuesta faceta de defensores de los derechos humanos para perseguir a quien critique a Israel, el racismo institucional o el colonialismo. Esta denuncia contra Youssef servirá para esto, y tendrá el efecto contrario al que el denunciante pretendía.