Prohibido informar sobre los policías infiltrados

En junio del año 2022, el periódico catalán Directa publicó un reportaje sobre la infiltración de un agente de la Policía Nacional en varios movimientos sociales catalanes. Tras meses de rigurosa investigación se pudo acreditar la identidad real de un supuesto activista que había entrado en las organizaciones que luchan contra la especulación y por el derecho a la vivienda en Barcelona, y que posteriormente pasó también por varios colectivos de la izquierda independentista. Marc, como se hacía llamar este agente de policía, pasó dos años engañando a decenas de personas, metiéndose en la vida de gente anónima porque sus ideas son sospechosas. Su infiltración no destapó ninguna trama criminal ni abortó ningún atentado, ni evitó nada ilegal. Tan solo consiguió información privada sobre personas y movimientos sociales que hoy forma parte de las fichas que guarda el CNP sobre activistas, simplemente por sus ideas.

Unos meses después, el mismo periódico destapó un nuevo caso de espionaje contra movimientos sociales. Esta vez, el agente había cruzado todavía más líneas rojas: había mantenido relaciones sexoafectivas con varias personas víctimas de su engaño. La noticia puso de nuevo el debate de las infiltraciones sobre la mesa, sobre hasta dónde era legítimo en un Estado de derecho el espionaje a colectivos por sus ideas. El Gobierno cerraba filas con la policía y justificaba este modus operandi, despreciando el daño que manifestaban las víctimas del engaño y el conflicto sobre la libertad ideológica y de asociación que debería plantearle este asunto a cualquier demócrata. Más todavía si se reivindica progresista. Pero el goteo de casos no había hecho más que empezar.

Desde entonces, más de una decena de agentes infiltrados han sido descubiertos por varios medios de comunicación, destapando la operación que este Gobierno autodenominado progresista ha avalado (u ordenado) para espiar a los colectivos y a los activistas de izquierdas. La consecución de casos en varias partes del país (Barcelona, Girona, València, Madrid...)  evidenció que no se trataba de casos aislados sino de algo perfectamente planificado y todavía en marcha. Algunas de las víctimas denunciaron a uno de esos agentes por abuso sexual continuado por la falta de consentimiento, y por un delito contra la integridad moral, pero la Fiscalía pidió el archivo de la causa. Todos los aparatos del Estado se coordinaron para proteger a los agentes y correr un tupido velo al destaparse el espionaje injustificable.

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Hoy, varios años después, estos casos vuelven a ser noticia. No porque el gobierno haya dado todas las explicaciones al respecto, ni mucho menos haya pedido disculpas, sino por la denuncia de cuatro de los agentes descubiertos tras la publicación de los reportajes y sus consecuencias. Los medios que dieron la noticia y los que se hicieron eco de la investigación están siendo perseguidos y sancionados por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La Directa primero, y después Vilaweb y el Diari de Balears se enfrentan a varias multas de miles de euros y se les obliga a retirar los artículos que tratan el tema.

Esta reacción institucional ante el descubrimiento de unas prácticas de dudosa legalidad y de indefendible encaje democrático es un síntoma muy preocupante. Una censura en toda regla, un ataque al periodismo que, sin embargo, no ha suscitado ninguna polémica ni ha generado demasiada atención en otros medios. Y esto, en una democracia y más todavía en esta profesión, debería hacer saltar todas las alarmas.

Esta persecución contra los medios que se han atrevido a investigar estas prácticas no es solo un ataque contra el periodismo y la libertad de prensa, sino contra toda la ciudadanía. Nuestro derecho a ser informados es indesligable de cualquier democracia sana, y la función del periodismo es, principalmente, fiscalizar al poder, más todavía cuando este vulnera nuestros derechos fundamentales. Es preocupante que este asunto no ocupe los debates, al menos en los medios públicos, o que no haya supuesto un cierre de filas general de toda la profesión ante tamaña injerencia y tan peligrosa coerción. La noticia está pasando desapercibida, y pocos medios están informando sobre ello. Y no es que haya un exceso de información este verano precisamente.

Hay un interesante debate sobre los límites de la acción policial y del periodismo de investigación. Un debate que tan solo estos medios están proponiendo -y sufriendo- hoy cuando implican a toda la profesión, pero respecto del que nadie se siente o se quiere sentir interpelado. Y aquí hay, en realidad, una cierta y prejuiciosa aceptación de los hechos. Porque el carácter de la Directa como periódico no es el de una empresa convencional. Es un medio cooperativo, de izquierdas, con sus raíces en los movimientos sociales, una rara avis en la profesión, pero no por ello menos riguroso y digno que cualquier otro. Pero los prejuicios existen también en este mundo.

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Oriol Daviu

Estos últimos años se han destapado todavía más casos de policías infiltrados. Sus nombres, sus caras y sus vidas ya han trascendido públicamente, no solo por las investigaciones periodísticas, sino porque las víctimas de sus engaños han decidido contar su historia. Por mucho que el Estado se proponga coaccionar a los medios que informan sobre estas prácticas y destapan a sus agentes, en plena era de internet, la difusión de estas informaciones, las obtenga un medio de comunicación o un activista, es imparable. Es incontrolable. El problema que deberían atender las autoridades no debería ser como proteger la identidad de sus agentes, sino la incompatibilidad de estas prácticas con un sistema democrático.

La Directa elaboró este documental sobre los casos de los infiltrados en Catalunya y el País Valencià que se emitió en la televisión pública catalana en enero de 2025. 

Bajo el título ‘Sancionan a quien investiga, protegen a quien se infiltra’, La Directa ha puesto en marcha una campaña de solidaridad a la que se han adherido varios medios de comunicación, organizaciones de periodistas, colectivos y personas a título individual.