Próxima estación: propaganda

En Madrid, cientos de personas acampan para denunciar que no pueden acceder a una vivienda mientras el gobierno de  Isabel Díaz Ayuso está trabajando para que buena parte de la conversación pública termine girando alrededor de si se duchan, trabajan o se cagan y se mean en la Puerta del Sol. Todo un ejercicio de desplazamiento del debate político.

El pasado 16 de octubre, la presidenta madrileña decidió cerrar la estación de Metro de Sol alegando problemas de insalubridad relacionados con la acampada por el derecho a la vivienda. Aseguró que la medida respondía también a las peticiones de los sindicatos. Un pequeño inconveniente: CCOO, UGT y Solidaridad Obrera publicaron un comunicado conjunto desmintiendo haber solicitado el cierre. Es más, aseguraron que el Comité de Empresa ni siquiera había sido informado de los hechos y que tampoco había recibido las mediciones que supuestamente justificaban la decisión.

Cercanías, que comparte estación con Metro y tiene su acceso principal en la misma Puerta del Sol, siguió funcionando. Renfe publicó un comunicado en el que aseguraba que no había detectado problemas de salubridad ni incidentes relacionados con la acampada. Su director de Negocio y Operaciones fue incluso más explícito en Radio Nacional: aseguró que la convivencia con las personas acampadas estaba siendo "bastante respetuosa".

"Viajeros, por problemas de limpieza en la estación de Sol no se efectúa parada en dicha estación".

Este es el mensaje que escuché personalmente en la línea 1 del Metro de Madrid. Se repetía dos veces seguidas y volvía a sonar de forma continua durante el recorrido. La línea 1 registró más de 112 millones de entradas en 2025 y Sol, casi 22 millones. Aunque desconocemos cuántas personas escucharon el anuncio, las cifras permiten dimensionar la capacidad de difusión de un mensaje que se introducía, una y otra vez, en los desplazamientos cotidianos de la ciudadanía. Y la difusión del relato tampoco terminó en los vagones. El cierre de Sol ocupó titulares y espacios informativos de los principales medios, multiplicando su alcance mucho más allá de quienes utilizaban el Metro. La supuesta insalubridad de la acampada pasaba así a formar parte de la agenda informativa nacional.

Entonces ¿qué ha pasado con el problema de la vivienda? Robert Entman llamó la atención sobre el poder de los encuadres para determinar qué aspectos de un conflicto adquieren relevancia pública. Y aquí se ha conseguido que la higiene de quienes protestan tenga más protagonismo que sus reivindicaciones. Hasta el punto de que una decisión del Gobierno regional, cerrar una estación de Metro, acabe alimentando el rechazo hacia quienes precisamente cuestionan sus políticas.

Las acusaciones contra la acampada forman parte de un discurso político que podemos identificar y cuestionar. Sin embargo, cuando la megafonía del Metro anuncia el cierre por problemas de limpieza, ese mismo discurso adquiere otra legitimidad. La ciudadanía confía en la información que recibe de los servicios públicos y no tiene por qué sospechar que un aviso sobre su trayecto está contribuyendo a reforzar una campaña de desprestigio. La megafonía del Metro no debería ser un canal de propaganda del Partido Popular.

El discurso de la insalubridad tampoco surgió el día del cierre. Desde los primeros días de la acampada, sectores de la extrema derecha habían recurrido a las acusaciones de suciedad, falta de higiene y vagancia para desacreditar a quienes participaban en ella. El 12 de octubre, durante una protesta contra la acampada, algunos de sus detractores llegaron a exhibir productos de higiene personal para ridiculizar a las personas movilizadas. El mensaje era bastante explícito: quienes protestan son unos guarros que deberían ducharse y ponerse a trabajar y ahí la presidenta se ve que aprovechó el tirón.

Hay algo muy propio del discurso liberal y de la cultura de la meritocracia en esa obsesión por llamar vagos y guarros a quienes protestan. Porque si son pobres será porque no trabajan, porque no se esfuerzan o porque no saben comportarse. Siempre hay algún defecto personal al que echarle la culpa de su situación. Y así nos ahorramos hablar de los salarios, los alquileres y las condiciones que hacen que tener una vivienda sea cada vez más difícil.

Ahora, además, la presidenta madrileña planea trasladar temporalmente su despacho fuera de la Real Casa de Correos porque, según su Gobierno, la acampada impide desarrollar la actividad institucional en condiciones adecuadas de seguridad. A la suciedad se suma la amenaza. La movilización aparece progresivamente asociada a todo aquello que perturba el funcionamiento normal de la ciudad. Y responde a la misma lógica que el cierre del Metro: presentar a quienes protestan como responsables de que las instituciones no puedan funcionar con normalidad.

No podemos olvidar que ya había acudido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para desalojar la acampada, pero el tribunal rechazó las medidas cautelares. Es decir, cuando llegó el argumento de la insalubridad, ya existía un conflicto abierto entre la Comunidad de Madrid y quienes seguían acampando en Sol.

Con estos antecedentes, me gustaría saber qué informes justificaron el cierre de la estación. Porque tenemos a tres sindicatos desmintiendo que lo hubieran pedido, a Renfe diciendo que no había tenido problemas con la acampada y a un Comité de Empresa que, según su propio comunicado, ni siquiera había recibido las mediciones de las que hablaba la Comunidad de Madrid. ¿Dónde están esos informes? ¿Por qué no se hicieron públicos?

Me cuesta mucho aceptar que la Comunidad de Madrid pueda cerrar un servicio público y utilizar la megafonía para difundir un mensaje que encaja tan bien con las acusaciones que lleva días haciendo contra la acampada. Sobre todo porque quienes están protestando no disponen de esos altavoces institucionales para dar su versión.

Mientras discutimos si quienes reclaman una vivienda ensucian demasiado la Puerta del Sol, hay un Gobierno que se está ahorrando muchas preguntas sobre su responsabilidad en la crisis de vivienda.