Imaginen que un alimento de primera necesidad como la leche escala su precio hasta los 10 euros el litro. Un cantidad absolutamente injustificada que, al preguntar a las grandes cadenas de distribución, vendría a excusar con el mantra “es el mercado, amigos”. Piensen por un momento que el Gobierno, en lugar de parar esta locura, lanza millones de euros para que ciertos colectivos, excluyendo a cualquier persona mayor de 35 años sin hijos, puedan pagar un porcentaje del litro de leche, ¿qué pensarían? Pues es lo que acaba de hacer el PSOE con la vivienda.

El plan de avales para la compra de una primera vivienda es un auténtico despropósito. Por muy sonriente que esté al presentarlo la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ya les avanzo que quienes más sonreían ayer eran los bancos, promotores y propietarios de viviendas, que conforman al colectivo más beneficiado. A fin de cuentas, allá donde se han puesto medidas similares, como Madrid o Andalucía, entre otras, ni se ha atajado el problema de acceso a la vivienda ni se ha detenido su imparable escalada de precios.

Por este motivo, el PP tiene motivos sobrados para acusar al PSOE de plagio, sencillamente, porque este tipo de medidas ya las ha puesto en marcha la derecha con nefastos resultados. Cuando el mercado sube sus precios de manera injustificada, subvencionar el coste jamás es la solución; resulta indiferente que hablemos de vivienda, de combustible o de alimentos, tal y como hemos comprobado con las subidas de la gasolina en pandemia o la rebaja del IVA en la comida.

Analizando la aplicación de estas medidas a regiones como Madrid o Andalucía, el plan de avales se ha convertido en una inyección directa de dinero público a banca y propietarios, dado que éstos aprovechan para subir más los precios. Las consecuencias son fatales, porque incrementa el problema de urgencia habitacional que sufrimos en España para todas las personas, pero muy especialmente a las que ni siquiera tienen derecho a estos avales. En un país en el que cada vez se retrasa más la edad de emancipación y el número de hijos decae, todas aquellas personas mayores de 35 años o de familias sin hijos serán quienes más sufran la escalada de precios que traerán consigo estos avales, pues ellos ni siquiera podrán optar a esta ayuda.

Como sucediera en la legislatura anterior con la muy mejorable Ley de Vivienda, el socio de coalición del PSOE ha tragado con este despropósito, cuyos efectos tratará de mitigar haciendo que realmente se apliquen los aspectos más positivos de la Ley de Vivienda, los mismos frente a los cuales los socialistas mostraron reticencias y la derecha oposición. El derecho a la propiedad privada jamás debiera pisotear el derecho a la vivienda y es evidente que lo hace. Por este motivo, en lugar de adoptar medidas que ni siquiera cumplen con un mínimo cosmético y de primeras ya se identifican como contraproducentes, urge ejercer control sobre los precios de venta y alquiler.

La solución no pasa por la construcción de vivienda pública (VPO) y mucho menos de vivienda libre, como clama la derecha. En el caso de la VPO, ésta puede ayudar, pero dado que los municipios ya se han quedado sin suelo público, se terminará por desplazar a la periferia a la clase trabajadora, reservando el centro urbano para la élite adinerada o los apartamentos turísticos, como de hecho ya sucede en capitales como Málaga, en cuyo centro hay más pisos turísticos que habitantes empadronados.

En algún momento, la ciudadanía debiera tomar las riendas y tomar las calles con esta problemática que nos asfixia. Las tractoradas han abierto la puerta a que se puedan cortar autovías y asilar ciudades enteras, realizar escraches en domicilios particulares de representantes públicos o, incluso, a mover en volandas coches de la Guardia Civil. ¿Qué han hecho los millones de personas a los que se priva de un techo porque unos pocos especulan con el derecho constitucional de la vivienda? Nada. Absolutamente nada, ni siquiera ahora, cuando el PSOE nos toma el pelo con avales para especuladores.