El martes por la mañana el Ministerio de Vivienda publicaba un video, que cuesta imaginar cómo ha podido pasar los filtros más básicos de la comunicación política, en el que un grupo de personas de edad avanzada compartía piso como adolescentes debido al precio de los alquileres. La distopía no viene de considerar que tal modelo de convivencia sea inaceptable (es el mismo Ministerio que debería estar atendiendo al fenómeno del co-housing senior como alternativa a las residencias privadas y a la soledad de las personas mayores, pero bueno, supongo que eso ya es pedirle peras al olmo) sino de vender como comunicación de éxito de un Ministerio su propio fracaso en el control del precio de los alquileres. La reacción no se hizo esperar y fue de una intensidad pavorosa.   

Hace dos semanas, la ministra de Vivienda fue al pleno del Congreso a exponer sus medidas para abordar la emergencia habitacional. De dicha comparecencia sólo quedó un teléfono de atención. Estoy seguro de que no fue lo único que dijo la ministra, pero desde luego ni una sola de esas medidas tuvieron el impacto social necesario para conseguir atención suficiente. Todo se lo comió el teléfono.

El Ministerio de Vivienda tiene dos líneas fundamentales de trabajo en relación a la vivienda, una comunicativa contra al Partido Popular por el incumplimiento de la ley de vivienda en las Comunidades dónde gobierna y otra de políticas públicas cuyo soporte fundamental es un cambio de modelo basado en un mayor parque de vivienda pública que tardaremos unos veinte años en conseguir.

La primera es una política fallida por ser meramente comunicativa. El Partido Popular, efectivamente, no cumple con la Ley de Vivienda, pero su incumplimiento (flagrante, anunciado, defendido públicamente, publicitado, aliado con los especuladores) no tiene consecuencias. Esas consecuencias caen del lado del Ministerio de Vivienda. ¿Quién lo va a hacer si no? El próximo miércoles van a intentar desahuciar a Maricarmen, una mujer de 87 que vive en el barrio de Retiro en Madrid. Su alquiler ha subido a 2660 euros al mes después de que un fondo comprara la casa en la que lleva viviendo desde que tenía 17 años. ¿Por qué puede hacer esto el fondo? Básicamente porque el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no cumple la ley de vivienda. ¿Cómo es posible que semejante incumplimiento no tenga consecuencias?

La segunda, si bien apunta a algunas (no todas) de las causas de esta situación, tiene dos problemas fundamentales. El primero es que no se hace cargo de la emergencia habitacional que hay hoy. Los alquileres son altísimos hoy, no dentro de veinte años. El segundo es que para que esas políticas estructurales se lleven a cabo tienes que garantizar consensos sociales que hagan que un cambio de gobierno no las dinamite. Algo que hoy por hoy es una quimera.

Pero el PSOE elige alejar la responsabilidad en el espacio (hacia los gobiernos del PP) y en el tiempo (hacia adelante) porque tiene un problema de composición social de su voto. No es muy diferente a la situación que tienen con la tauromaquía. Una parte importante de su electorado está compuesto por propietarios. No hablo de especuladores, sino de gente con una vivienda en propiedad o con una segunda vivienda que tienen en alquiler. El PSOE tiene miedo de que una legislación de protección de los inquilinos espante a ese electorado suyo.

Esta no es la hipótesis de la que hablo en el título. Creo que en nada de lo que he dicho hasta ahora hay más que la constatación de hechos. A nadie se le escapa que el PSOE podría abordar la emergencia y no lo hace porque no quiere y sólo con una enorme presión social, de los partidos de la investidura y su socio de gobierno se mueve al respecto.

La hipótesis es que esta forma de actuar define bien al PSOE como un partido cuyo planteamiento político fundamental no es la acción política, sino la resistencia. Retener lo que se tiene. Ese punto de vista creo que explica bien cuándo y cómo el PSOE modula sus acciones. La activación de las propuestas en torno al aborto no se entiende sin el CIS en el que perdían cinco puntos de voto porque las mujeres progresistas se quedaban en casa. En el caso de la vivienda, consideran que el país inquilino no les vota ni les va a votar y el país propietario sí, y lo más importante es que no creen que haya manera de convencer o seducir a ese país propietario de la importancia de legislar los alquileres. Esa concepción conservadora de la política sistemática minusvalora a sus propios electores. Electores que tienen hijos e hijas que pagan alquileres, que ven cómo sus barrios se llenan de pisos turísticos, cómo se van perdiendo locales y vida en las ciudades o que ven cómo fuerzas económicas que no producen nada y no reparten un duro de lo que ganan a costa de un derecho básico van agrandando la desigualdad en nuestro país.

Esa idea de la política es más conservadora que la de la derecha, que sistemáticamente les propone a los propietarios una idea diferente de su vivienda. Básicamente les convence de que tienen un bien de inversión futura para ellos o sus hijos. Porque la inacción siempre deja un hueco que llena alguien. Y hoy se nos está llenando de desokupas, especuladores, fondos internacionales que degradan nuestra democracia y la ideología más individualista posible. Acumular acumular y acumular.

El PSOE cree, en definitiva, que no avanzar en legislaciones protegerá a su electorado mientras este electorado se va derechizando día a día y el pueblo inquilino tiene cada día más frustración y más rabia.