Tenemos unas tragaderas del calibre del Guadiana. Hace ya más de nueve años, cuando el Marianísimo Rajoy aprobó la Ley Mordaza, los grupos de la oposición se rasgaron las túnicas con ademanes ofendidos y se llenaron de promesas, esto no puede ser, esto no hay quien lo aguante, tenemos que llevarnos al PP por delante. “La Ley Mordaza durará lo mismo que el Ejecutivo de Rajoy”, decía entonces Pedro Sánchez. “En cuanto lleguemos al Gobierno será derogada”. Pues nada, son ya seis añazos de dominio sanchista y aquí seguimos deshojando margaritas. Con la boca entrecerrada, eso sí, para que no nos multen.

Dicen que lo prometido es deuda pero tenemos una casta política de pésimos pagadores. Cómo es posible, quisiera yo saber, que aquello que antaño fue un consenso unánime necesite ahora de tantas florituras. Ocurrió con la derogación de la reforma laboral, un compromiso categórico que poco a poco fue descafeinándose y acabó como el rosario del aurora, bendecido con la rúbrica de la patronal y el entusiasmo de Ciudadanos. La zarzuela se repite ahora con el plan de regeneración democrática. Yolanda Díaz dice que se derogará la Ley Mordaza y Pilar Alegría le sale al paso con los delitos por injurias. Adónde vas, manzanas traigo.

A estas alturas de la tabarra, atribuirle al PP la paternidad de la Ley Mordaza es a todas luces una licencia poética. Rajoy mantuvo la norma en vigor durante tres años. Sánchez lleva ya seis años administrándola con cifras de plusmarquista. Véase la recaudación multimillonaria de los días de pandemia. Por el camino, organismos internacionales de todo pelo y color han repetido que el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana cercenan derechos civiles, coartan la libertad de expresión y ponen las más inaceptables zancadillas a la libertad de expresión y reunión. El objetivo siempre fue acotar la protesta social y sofocar las disidencias.

Las mordazas tejidas en 2015 eran hijas bastardas de la crisis de 2008 y ejercieron el cometido de acompañar la austeridad y los recortes. Basta echar una ojeada al ensayo democraticida de Milei en Argentina para entender la estrategia de los dirigentes liberales: con una mano desvalijan los recursos públicos y con la otra dan rienda suelta a los antidisturbios, encarcelan a los manifestantes y consagran la impunidad de la Policía. La historia nos enseña que los procesos de acumulación de capital no son pacíficos. No hay desposesión de las clase populares sin protesta y no hay protesta sin mecanismos disciplinarios, cargas lacrimógenas, arbitrariedad policial y juicios sumarísimos.

No es posible entender la Ley Mordaza sin explicar al mismo tiempo la mutación que han experimentado las Fuerzas de Orden Público en España. Por una parte, el procés catalán despertó en la Guardia Civil y en la Policía Nacional una mitología reaccionaria de patrioterismo y porra fácil. A por ellos. Que nos dejen actuar. En 2019, las marchas por la equiparación salarial ya servían de trampolín al trío de Colón. Por el camino florecieron como los hongos las cofradías policiales de signo ultraderechista, que de una forma poco disimulada homologaban sus discursos a los de Vox. En 2021 y 2023, la derecha política y los jusapoles tomaron Madrid con lemas a favor de la Ley Mordaza.

La Ertzaintza exhibe un proceso paralelo de radicalización. No solo ha germinado un movimiento desbocado de agentes “asindicales”, sino que las propias asociaciones de la Policía autonómica veneran la actual Ley de Seguridad Ciudadana. En 2016, la mayoría del Parlamento vasco dictaminó que la Ertzaintza no debía aplicar la Ley Mordaza. Los ertzainas, ya se sabe, dijeron tururú y tiran de sanciones una media de dieciséis veces al día. De hecho, no fueron la Guardia Civil ni la Policía Nacional sino la Ertzaintza el primer cuerpo que multó a un periodista por difundir imágenes de la detención de una activista.

¿Por qué traigo la Ertzaintza al debate? Porque en este eterno Día de la Marmota, el Congreso ya ha hecho un amago de revertir la Ley Mordaza. En la pasada legislatura, el Gobierno de Sánchez apalabró con el PNV una reforma de índole cosmética a sabiendas de que no contaba con la mayoría necesaria. Las culpas recayeron sobre ERC y EH Bildu, que hacían hincapié en la arbitrariedad policial, las devoluciones en caliente o las pelotas de goma. En el fondo borbotea una sospecha: la presión de los lobbies policiales, tanto de la Guardia Civil y de la Policía Nacional como de la Ertzaintza, forzaron a PNV y PSOE a tirar por la calle de en medio y ahorrarse nuevas broncas.

A todo esto, solo cabe preguntarse de qué sirve votar si los parlamentos agachan la cerviz ante cualquier poder aledaño. ¿De qué soberanía dispone el Congreso si en última instancia van a cortar el bacalao los jueces más obsoletos, los corrillos policiales, la patronal, Antonio García Ferreras o Florentino Pérez? El Presidente puede escribir una carta pública, desaparecer de la faz de la tierra durante cinco días y lamentarse de que los digitales mentirosos mienten y la lluvia moja. Pero conviene también asumir responsabilidades y expandir la perspectiva. No todos los damnificados se llaman Begoña.

Ahora sabemos que la policía patriótica de Rajoy espió a los diputados de Unidas Podemos en los tiempos revueltos de la promulgación de la Ley Mordaza. ¿Pero qué ha hecho la policía patriótica de Sánchez con sus infiltrados en los movimientos sociales? ¿Acaso no existen todavía hoy ficheros de carácter ideológico sobre ciudadanos que no son sospechosos de haber cometido ningún delito? ¿En qué demonios piensan la Policía Nacional y la Fiscalía cuando acusan a los activistas climáticos de terrorismo? ¿Cómo es posible que haya seis jóvenes de Zaragoza en prisión sin otro fundamento que un testimonio policial contradictorio?

En 2021, la chavalada del colectivo Aroztak acampó en un bosquedal del valle navarro de Baztan para impugnar el proyecto de Aroztegia, que prometía un hotel de lujo, un campo de golf y doscientas viviendas de veraneo. Ahora los tribunales imputan a siete vecinos con acusaciones de organización criminal y les reclaman un total de veinte años de cárcel y una propina de 56.000 euros. Un eco pálido del caso Altsasu que no ocupa portadas. Las mordazas más eficaces se ciñen en silencio, resisten todas las promesas electorales y pasan intactas de gobierno en gobierno igual que una dolencia hereditaria. Solo nos queda protestar. Y ya ni eso.