Roberto Uriarte

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco

Juan Carlos Monedero

Profesor de Ciencia Política de la UCM

En 1964 el franquismo celebraba los “Veinticinco años de paz” desde el final de la guerra civil. “Veinticinco años de paz” fue uno de los lemas más exitosos de la propaganda política franquista. El nacionalcatolicismo compensaba la pobreza de ese sustrato ideológico común a los nacionalismos con una gran habilidad propagandística, expresada en lemas populistas de fácil asimilación subconsciente. “Quince años de paz fiscal” nos ofrece ahora el nacionalismo vasco para justificar su acuerdo para apuntalar y evitar la caída libre del gobierno de Rajoy, un gobierno que lleva años alentando el delito a la voz del “¡Resiste, Luis!”. Pero, delitos al margen, ¿quién puede oponerse a quince años de paz?

El problema es que la paz viene precedida de la guerra y nadie por estos lares recuerda ninguna guerra fiscal. Es más: el PNV comparte el mismo modelo fiscal que el PP. A pesar de que Euskadi posee una importante autonomía financiera que le permitiría desarrollar un sistema tributario diferenciado y más solidario, las haciendas vascas han decidido copiar estrictamente el modelo español, un modelo basado en una presión tributaria muy baja en comparación con la media europea y en el que la recaudación descansa básicamente en las rentas del trabajo y no en las del capital. Luego las diferencias son mínimas y se limitan a los criterios técnicos para la fijación del cupo que deben aportar dichas haciendas vascas al Estado. En resumen y hablando en plata, la supuesta paz consiste en que el gobierno de Rajoy compre el apoyo de los nacionalistas vascos renunciando a una parte de la aportación vasca a la hacienda estatal. El PNV obtiene a cambio, un incremento de financiación, sin necesidad de hacer tributar a las grandes fortunas vascas.

Estos cambalaches entre el PP y el PNV no sorprenden a nadie, porque llueve sobre mojado. La radicalización en los últimos años del nacionalismo conservador catalán tiene seguramente algo que ver con su menor capacidad de jugar el mismo juego chantajista del PNV. Un juego chantajista que, envuelto en lemas propagandísticos hábiles que apelen subconscientemente al egoísmo insolidario, puede tener réditos electorales a corto plazo, pero que a largo plazo, no puede traer nada bueno.

El pacto generará como siempre perjudicados y efectos colaterales. Perjudicados directos serán los destinatarios potenciales de las políticas públicas que no podrán hacerse por la pérdida de recaudación. Perjudicado saldrá el criterio de solidaridad en la financiación pública. Perjudicada saldrá la idea de una España plurinacional, que ve cómo la legítima reclamación de autogobierno se convierte en un chantaje con resultado de apuntalamiento de un gobierno corrupto. Y perjudicada saldrá, sin duda, la calidad democrática de un sistema en el que un gobierno acorralado por sus connivencias delictivas pretende sobrevivir sucumbiendo una vez más a ese chantaje insolidario de una élite territorial.

Pero los medios convencionales nos venderán el acuerdo como un logro histórico, producto del sentido de la responsabilidad de los dos partidos y de la capacidad de negociar, de transigir y de llegar a acuerdos entre diferentes que les caracteriza. Un acuerdo bueno para los vascos y bueno para los españoles. José Antonio Zarzalejos, ex-director de ABC y El Correo, ya vaticinaba hace unos meses que sería “la culminación de una gran operación política del PNV que repercute sobre el conjunto de España y sitúa a los nacionalistas vascos como la 'tercera pata' de un sistema que debe recuperar la vertebración y solidez que ha ido despilfarrando”. Otra vez el bipartidismo al que le saltaron las costuras sostenido en momentos de crisis por los partidos del 3% y los de Neguri y que hoy andan a la desesperada buscando una salida para perpetuar sus privilegios.

No se puede negar que el acuerdo es el mejor posible para la élite político-económica vasca. Seguro que le parecerá inmejorable, por ejemplo, a Gregorio Villalabeitia, presidente de Kutxabank, heredera del proceso de privatización de las cajas de ahorro vascas, que antes de ser puesto por el PNV al frente, era socio de la empresa de cazatalentos que fichó a Esperanza Aguirre tras una de sus dimisiones periódicas, en premio a “su visión global, su capacidad de liderazgo, de generar entusiasmo y de transmitir confianza, permitiéndole esto último ser altamente respetada en el mundo empresarial”. No es de sorprender que esa misma Kutxabank concediera créditos en Madrid al Canal de Isabel II, muy de actualidad con el caso Lezo, mientras seguía desahuciando en Euskadi a deudores de buena fe. La trama vasca también existe.

Y a los populistas irresponsables no se les ocurre idea más descabellada que intentar aguarles un poco la fiesta a estas buenas gentes presentando una moción de censura. ¡Qué poco sentido de Estado!

Por el contrario, el PNV, derrochando sentido de Estado. Del de siempre y con los mismos resultados.