Razones para estar del lado de las inquilinas, aunque seas propietario

Es imposible no darse cuenta del desequilibrio en la balanza de la vivienda a favor de los intereses de los arrendadores. Los datos aportados por el Ministerio de Derechos Sociales hablan claro: los caseros representan solo un 4,9% de la población total, frente al casi 21% de los inquilinos. Más de la mitad del alquiler en España está en manos de multiarrendadores que tienen dos o más viviendas en alquiler y que no dejan de incrementar sus propiedades en detrimento de los pequeños caseros. Por eso, por más que seamos o aspiremos a convertirnos en rentistas de baja frecuencia (pequeño propietario, si prefieren), no debemos olvidar que la mayor parte de la población ha pasado, o pasará, por el inquilinato, y que defender sus intereses no solo es una cuestión moral, también es una estrategia de supervivencia colectiva. Pensémoslo bien, puedes ser propietario, puedes haber sido propietario incluso toda tu vida pero si tienes hijos, o piensas tenerlos, el alquiler es, en el 90% de los casos, la primera vía para su emancipación. ¿Alguien le compra una casa a la criatura cuando se va a estudiar a la Universidad? ¿Y cuándo empiezan a trabajar, en precario, como hemos empezado casi todos? ¿Cuándo cambian de destino por un contrato temporal o mientras no consolidan la plaza? ¿Cuándo tienen que buscarse las habichuelas en el extranjero? Y ¿qué pasa cuando nos separamos? Aún en el caso de gozar de una buena posición económica, ¿quién es la guapa que se compra una casa al día siguiente de salir de la suya con el divorcio en la mano? Mucha gente vuelve a casa de sus padres y, el resto de los mortales, se van de alquiler una temporada. Eso, sin olvidar que no todo el mundo tiene la posibilidad de gozar de una red familiar que lo cobije: ahí están las personas huérfanas que son echadas de los centros de menores a las calles con una mano delante y otra detrás, las personas desplazadas o migrantes, las mujeres que escapan de los malos tratos.

A las que fuimos jóvenes en los primeros 2000 se nos vendió el alquiler como sinónimo de libertad. No pagabas por arraigo y estabilidad, pagabas por libertad y por oportunidades. Y con esa idea metida a fuego en la cabeza, algunas vivimos en una cantidad absurda de pisos, compartiendo techo con algunas personas de las que no recordamos siquiera el nombre. Me mudé a Santiago de Compostela para estudiar Periodismo en 2004 y estuve en la ciudad hasta 2009, tiempo en el que viví en tres casas. Fue una época radiante en donde el alquiler no cercenaba las posibilidades de estudiar en una universidad pública a la mayor parte de la población. Tras un breve periodo en casa de mis padres, en septiembre de 2009 me fui a vivir a Madrid. Allí di con un piso compartido cerca de Avenida de América. Tenía 6 habitaciones y yo pagaba 500 euros por la más pequeña que era, básicamente, un espacio robado al salón. El negocio lo regentaban dos treintañeros cuyo único oficio conocido era administrar patrimonio familiar mientras los que allí vivíamos estudiando, trabajando, o ambas cosas a la vez, nos dejábamos nuestro dinero o el de nuestros padres por un sueño o una oportunidad. Una noche, uno de ellos, que tenía llaves de nuestra casa y entraba allí cuando le apetecía, me puso un fajo de billetes sobre la cama después de aparecer por sorpresa en mi habitación. Significaba exactamente lo que parecía. Me fui del piso apresuradamente apenas dos semanas después de aquel incidente con dos de mis compañeros, y conseguimos alquilar otro piso en Ventas por un precio asumible para los tres. Si esto me ocurriese a día de hoy, probablemente no habría conseguido un piso con la premura ni con el precio de entonces. Probablemente, me habría tenido que comer el acoso en aquella casa, o me habría tenido que volver a Galicia con mis padres. Finalmente, me fui de Madrid por motivos personales y en 2016 regresé a trabajar a Santiago de Compostela. Entre mudanzas y rupturas, pasé por 4 pisos diferentes, el último, un habitáculo interior de 35 metros cuadrados por el que pagaba 500 euros. En esta segunda etapa, los pisos ya habían subido muchísimo en comparación a mi época universitaria debido, sobre todo, al impacto salvaje que el turismo tiene en la capital de Galicia, pero nada que ver con lo que vendría después del COVID. Tras el estallido de la pandemia regresé a mi ciudad, Pontevedra, donde quise echar de nuevo raíces y no volví a pagar un alquiler, cosa que sería inviable sin el soporte familiar.

Sé, por mi experiencia, que el alquiler puede suponer la libertad y la oportunidad, y también sé que puede ser un lastre y un muro para no avanzar. Hasta en dos ocasiones a lo largo de la última década he rechazado ofertas de trabajo en Madrid porque el precio de la vivienda (digna) es simplemente incompatible con los salarios de la mayor parte de los periodistas. No soy la única, claro. Y aunque no todo el mundo tiene que trabajar en Madrid, que bastante gentrificado está, ni siquiera en Santiago, tal y como están los alquileres en todo el Estado, a este paso la gente normal no va a poder vivir en ninguna ciudad en donde haya un puesto de trabajo a menos de 50 kilómetros. Por eso, pensar que ni tú ni tus hijos vais a necesitar vivir nunca de alquiler es simplemente ignorante. Y creer que con la acumulación de casas irás pagando las rentas hinchadas por el mercado inasumible para la mayor parte de la población no es solo es ignorante, también es profundamente avaro, y la avaricia de unos pocos no puede estar sufragada con los impuestos de la clase trabajadora.

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Adhik Arrilucea

Es una anomalía del Estado de Derecho que a los trabajadores se nos retenga el 15% de nuestro salario en la nómina para dotar al país de servicios públicos que gozamos todos, mientras que los que utilizan el rentismo como principal actividad económica no aporten prácticamente nada por ello. El problema de la vivienda nos impacta a la mayoría, incluso a aquellas empresas que con su actividad económica pretenden fomentar el consumo de la población, porque tener a trabajadores ahogados que destinan la mayor parte de su salario a tener un techo sobre sus cabezas es una estrategia pésima para la prosperidad del propio sistema capitalista.

El caso de Maricarmen ha supuesto un punto de inflexión no solo para darnos cuenta de la situación de desamparo que viven millones de inquilinos en este país, sino también porque ha sido una lección de rebeldía sobre una sociedad profundamente anestesiada. Por eso Maricarmen no pidió clemencia, pidió justicia. Y la justicia social nos atañe a todas las personas normales, seamos propietarias o inquilinas. Aquellos que han tumbado los Decretos de Vivienda no merecen ni un solo voto de la clase trabajadora.