Ha causado estupor en la opinión pública y alarmante preocupación en el mundo de la tauromaquia la falta de asistencia de público en las corridas de toros celebradas durante cuatro días en la fiesta veraniega de Bilbao. Ha llamado la atención el vacío del coso de la emblemática e histórica plaza de Vista Alegre, inaugurada en 1882.

¿Se imaginan que, como otros países, en el portal del Parlamento y del Gobierno apareciera la agenda de los políticos y las reuniones y asuntos tratados con los grupos de presión? Es un poderosísimo grupo de presión (lobby en la terminología internacional) el entramado del negocio del toro. Tanto es así que el actual proyecto de ley de protección, derechos y bienestar animal ha excepcionado la tauromaquia de su articulado, a pesar de que en bastantes apartados es una ley progresista y valiente, que se ha atrevido colocar en su enunciado no la protección o el bienestar únicamente, sino los derechos de los animales. No solamente este lobby del toro es poderoso, sino que además se beneficia de la ausencia de una regulación de los grupos de presión de nuestro país en su relación con los representantes políticos y el Gobierno. Hasta Hungría, Polonia, Eslovenia, Lituania tienen regulados jurídicamente sus grupos de presión y nosotros aún no. Con plena seguridad este grupo de presión ha mantenido fuertes y continuados contactos con las más elevadas cotas de la política para mantener el negocio de los toros tal como está. La ausencia de una normativa jurídica sobre los grupos de presión produce que solo los poderosos puedan acceder a los políticos, ya que disponen de organización y capital para ello, con la quiebra del principio de igualdad de los colectivos y los intereses sociales en el reclamo de la atención de los políticos.

Pero a pesar de la influencia del lobby de la tauromaquia, asistimos a su constante declive, que aún no ha tocado fondo. Tanto que podemos plantearnos algunas razones para la supresión de las corridas de toros. He aquí algunas:

Primera: Las instituciones públicas deben estar al servicio de la evolución del cambio social. Hay una circunstancia favorable al mantenimiento de la tauromaquia y es el apoyo de las instituciones públicas, que hoy no se justifica. Las organizaciones privadas tienen todo el derecho de emplear su dinero como quieran con el límite del derecho y especialmente del derecho penal. Pero no las instituciones públicas, que deben regirse por el interés social general. Entre estas instituciones públicas llama la atención que sea el Ministerio de Cultura el que preste su apoyo económico a la tauromaquia. El poder público no puede incentivar lo que no responde al interés social; es la sociedad en su evolución la que determina al derecho y no el derecho el que determina a la sociedad. El problema del Derecho es que muchas veces llega tarde al cambio en la sociedad, unas veces por negligencia y otras claramente por oposición de los creadores del Derecho. Una regla convencional de la sociología jurídica es el desajuste derecho-cambio social, porque el derecho aún sigue cuando la sociedad ya ha cambiado. Y es claro que nuestra sociedad, la sociedad española, ha cambiado, porque ya no asiste al espectáculo de la corrida de los toros. En estos días es noticia que ha sido un estrepitoso fracaso los cuatro días de fiesta torera en Bilbao, precisamente en Bilbao y en la emblemática plaza de Vista Alegre. Los tendidos vacíos como nunca se ha visto. El aforo a menos de la mitad. No es un hecho insólito, pues se constata que desde un decenio la fiesta de los toros va decayendo en España, paso a paso, sin solución de continuidad.

Segunda: Las exigencias de la ética social. Hace unos años los opositores a las corridas de toros eran aparentemente una minoría; eran mal tratados en general en los medios; se les veía como gente rara, insana, falta de razón, absurda… con abundantes expresiones machistas dirigidas a las mujeres y con palabras gruesas tocantes a la “hombría” de los varones. La ética social o pública -distinta de la ética personal de cada cual- es un vector guía de la acción de los poderes públicos. Las democracias deben ser consonantes en el respeto a la ética social pública en un marco de tolerancia y respecto a las morales individuales, concediéndoles válvulas de escape en la medida de lo posible. A ello contribuye el derecho a la objeción de conciencia de la persona para incumplir un deber jurídico a cambio de un comportamiento alternativo o de un sujeto alternativo en la ejecución del deber. Pero no al revés: la moral individual no puede excepcionar la ética social pública. Es un hecho que se ha producido un cambio en la sensibilidad ética de la sociedad española, que ve más como tortura que como tradición respetable la fiesta de los toros. Y este hecho debe condicionar la legislación no solo sobre las corridas de toros, sino sobre los cuantiosos festejos de los municipios en los que se ocasiona un enorme sufrimiento a los animales. Urge una legislación del Estado en la materia, que unifique el tratamiento jurídico y se sobreponga a la resistencia de los grupos de presión contrarios al cambio de la norma de derecho. En la última década cada año decrece el número de corridas de toros y aumentan las personas contrarias a ellas (en una cifra todavía superior los jóvenes). Son significativamente más numerosos los que desean suprimir las corridas que los que prefieren mantenerlas. A modo de ejemplo la encuesta del diario ElPlural (6 de mayo de 2020) arrojaba estos resultados: 46,7% a favor de prohibir la tauromaquia, 18,6% a favor de mantenerla y 34,7% no tiene opinión. En 2022 la cifra de los abolicionistas habrá aumentado. Y si los jóvenes abolicionistas se sitúan en las recientes encuestas en porcentajes superiores al 80%, ¿qué futuro cabe esperar para la tauromaquia?

Tercera: La correspondencia con el proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales, aprobado en el Consejo de Ministros el 1 de agosto de este año, que establece como principal deber de los humanos correlativo al derecho de los animales la prohibición del maltrato, abandono y sacrificio de los animales (art. 31.1). En realidad deberes y derechos del proyecto se sitúan en la órbita del derecho a la vida e integridad física de los humanos, la primera fase histórica del reconocimiento de los derechos humanos. Por lo tanto derechos y deberes mínimos. Pero en el caso de las corridas de toros ni este derecho-deber mínimos se respeta, porque sobrepasan el maltrato y sacrificio, y se convierten en un espectáculo, denigrante para los humanos, de una tortura pública del toro ante el general regocijo de los humanos.

Cuarta: Las tradiciones no se sostienen por ser tradiciones simplemente, si éstas no están a la altura de los valores de la ética pública y la sensibilidad ética de la sociedad. Ambas cosas -valores y sensibilidad- presentan un carácter histórico, ya que se conforman con el paso de los tiempos. Hoy ha desaparecido del derecho penal el delito de escándalo público, que estuvo muy presente y aplicado durante la dictadura franquista. La tortura a los humanos estuvo vigente en el proceso penal hasta ser cuestionada por los ilustrados a finales del siglo XVIII, lo que no quiere decir que dejara de aplicarse. Hoy el escándalo público y la tortura están abolidas del derecho de las sociedades democráticas avanzadas. Cuando las tradiciones no se corresponden con los valores y la sensibilidad ética de la sociedad histórica pierden su razón de ser y deben ser abandonadas. Es lo que sucede con el sacrificio con tortura de los toros en pública fiesta. Y prueba de ello las plazas, donde se ejecuta el sacrificio con tortura, cada vez más vacías y las encuestas de población con mayoría creciente de quienes desean que acaben las corridas y otros festejos de animales torturados (muchos miles cada año) en los municipios españoles.