Bruselas no ve “razones para pensar” que el plan del Gobierno contra las fake news viole la libertad de prensa. Ese ha sido el titular de diversos medios que, ni de lejos, ha tenido la repercusión que tuvo hace unos días la publicación de la medida. "Censura" fue, como poco, lo que pudo escucharse estos días atrás, y algunas asociaciones de prensa manifestaron su preocupación. Bruselas insistió en que la orden pretende “asegurar la participación de España en el sistema de la UE” y que está prevista la suma "de representantes de los medios de comunicación y la sociedad civil”. Incluso empresas privadas de verificación se alzaron como portavoces de la independencia y de asumir ese rol, lejos del Estado. Si bien en otros países existen unos organismos independientes parece que la sociedad española (y sus medios) aún no comprenden que el Estado tiene que garantizar (por vías por determinar) que la información cumpla con lo que la misma Constitución dispone. Y que no hay derecho a mentir pero sí está el derecho a informar y el ser informados desde la verdad. Recordemos el artículo 20.1(d), el derecho "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión". Y también la propia Constitución advierte de unos límites como "el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia".

Frente a todo esto se han dedicado minutos de tertulias casi apocalípticas donde justo, los defensores de la "libertad" han desinformado y adelantado hipótesis como certezas, sin contrastar. Y sorprende, sobre todo, que esas manifestaciones fueron más intensas en asociaciones que reaccionaron bastante más tarde o en periodistas que callaron con la ley mordaza. Ley que estos años ha impedido y multado a varios compañeros cuando querían informar.

Quienes vemos el aumento de bulos constantes, a veces de forma burda y otras muy sutiles (las más peligrosas), no nos extraña que la propia Unión Europea pida que, de una u otra forma, los Estados se impliquen para garantizar que la población esté bien informada. Para el 2022, el público occidental consumirá más noticias falsas que verdaderas y eso es gravísimo, porque los medios crean opinión pública. Y cuando esa información es falsa o manipulada se genera odio y se termina con condicionar incluso un voto lejos de la imparcialidad e intereses sociales.

Decía Guillermo Cano que cuando un periódico pierde su credibilidad, desaparece su prestigio y se destroza el respeto que la opinión pública pueda tener sobre sus informaciones. Y eso, lamentablemente, no siempre ha ocurrido. Porque muchos de esos medios refuerzan las creencias de una parte de la población que nunca va a cambiar y que asiste, de forma diaria, a la espera de su ración de odio.

Más allá de la forma de comunicación del Gobierno sobre la medida, que es cuestionable, lo que me ha llamado la atención de muchos periodistas y asociaciones ha sido su inmediatez en pronunciarse (sobre algo no cerrado aún) para defender la verdad, pero cómo callan a diario cuando se mienten. La mentira está tan normalizada en la prensa, que se considera como cotidiana o inevitable. Solo puede entenderse así que día tras día no aparezcan esos mismos llevándose las manos a la cabeza por aquellos medios o periodistas que mienten y que dañan la imagen del periodismo en general.

Me gustaría saber por qué callan, ya no en temas partidistas sino sociales. Por qué no hacen comunicados cuando se atacan a colectivos vulnerables como los menores no acompañados, en una estigmatización constante y en una vulneración de derechos de esa infancia. Me gustaría saber si piensan que también es censura creativa cuando se multan campañas publicitarias machistas. O me gustaría saber por qué callan cuando algunos medios victimizan a víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, dañando su honor, cuando la propia ley de Violencia de Género marca unas pautas para no incurrir en ello y pocas veces se cumple. ¿Por qué esa vista gorda en todas estas cuestiones? ¿Por qué esa alarma previa donde se ha desinformado desde el minuto uno? ¿No es mejor que ese esfuerzo lo destinen en llamar la atención a otros profesionales que vulneran sistemáticamente y con intencionalidad informar desde la veracidad, como contempla la Constitución? Y, además, tenemos que enseñar a las nuevas generaciones de periodistas. Hace unos días, parte de mi alumnado sostenía que el morbo de una violación era un criterio de noticiabilidad, porque eso es lo que habían aprendido de otros medios. O damos un cambio de timón o el periodismo perderá la poca credibilidad que le queda y su escasa función social, a estas alturas.

Yo no me veo amenazada si trabajo desde la verdad, me veo amenazada si trabajo desde la mentira y si esta se tolera. Y creo que ese es el motivo de la reacción de una parte, los que viven de mentir. La amenaza es la desinformación y hay tiempo para establecer mecanismos. Si nos preocupa que la sociedad esté bien informada, empecemos por señalar siempre a los que manipulan porque las consecuencias posteriores son graves. El problema no empieza en el BOE ni en el Gobierno, el problema estaba ya antes, en algunos medios y periodistas que han hecho caja lejos de la verdad. Y han hecho de ello una sociedad peor. Porque como decía Walter Lippman: “No puede haber libertad en una comunidad que carece de la información necesaria para detectar la mentira”.