Ana González-Páramo (@AnaGonzalezPara), investigadora senior de la Fundación por Causa

Las hacen todos los países sea cual sea el color de su gobierno. Reflejan el fracaso de la política migratoria. Esta es la historia de las regularizaciones.

Los programas de regularización, legalización o amnistía son medidas excepcionales que aplican los gobiernos para garantizar la plena ciudadanía de las personas migrantes en situación irregular. Con ello igualan a todos los ciudadanos en obligaciones y derechos. Puede ser una herramienta política muy valiosa de reajuste económico, social y de integración. Reflejan el fracaso de una política migratoria poniendo de manifiesto los desajustes entre las políticas de control y la realidad del país de destino. Al actuar como un despresurizador de la irregularidad, constituyen también un instrumento de lucha contra la explotación laboral y dan amparo o protección humanitaria a determinadas poblaciones o colectivos. Para el conjunto de la sociedad, las regulaciones pueden tener efectos fiscales muy positivos al incorporar los impuestos directos y las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores regularizados.

Desde un punto de vista político, las regularizaciones buscan en ocasiones poner a cero el contador antes de un endurecimiento legislativo o suponen una fórmula de justicia social, de reparación, compensación o gratitud. Al no formar parte de la política migratoria convencional y ser una medida de naturaleza excepcional, hay gran variedad de alcance, enfoques y criterios.

Según el análisis realizado por la Fundación porCausa, las regularizaciones extraordinarias son de todo color político y se producen en todos los continentes.

En Europa, los países meridionales –con España e Italia a la cabeza– son los que más regularizaciones han llevado a cabo. En España, cuatro de ellas se practicaron por gobiernos socialistas (1986, 1991, 1992 y 2005) y cinco por gobiernos del Partido Popular (1996, 2000, y tres programas en 2001). Según el Consejo de Europa, la regularización de 2005 –la más numerosa de nuestra historia, con 550.000 beneficiarios– fue un éxito porque surgió del consenso de las fuerzas sociales, porque existía una demanda real de regularización por parte de todas las partes interesadas y porque respondía a las necesidades del mercado de trabajo y de la sociedad.

Italia tiene una larga tradición de amnistías generales, casi quinquenales, que revela la obsolescencia de su última reforma legislativa en materia de extranjería (1998) y de una gestión y planificación inadaptadas a las demandas de su mercado laboral. En 2020, en el marco de la pandemia, el Decreto Rilancio fue de los pioneros en permitir una regulación extraordinaria de 207.000 trabajadores del sector agrícola y de los cuidados, de los cuales el 85% pertenecían a este último.

Casi todos los Estados miembros han realizado amnistías, pero las percepciones son diferentes. Los países del centro y Norte de Europa las consideran síntoma de un fracaso político, pese a lo cual abrieron procesos por razones humanitarias o de protección de determinados colectivos. Alemania, por ejemplo, regularizó en varias etapas a los llamados "tolerados", aquellos migrantes cuya expulsión había sido aplazada por razones jurídicas o éticas y que vivían en un limbo sin libertad de movimiento ni acceso a la reagrupación familiar.

La Comisión Europea ha sido cauta a la hora de posicionarse. Aun reconociendo las razones prácticas y los beneficios que impulsan a los Estados a ejercer la decisión soberana de recurrir a estas herramientas, el recelo y la oposición por parte de algunos Estados miembros le llevó a establecer un mecanismo de información mutuo y a la creación en 2008 de la Red Europea de Migración, cuya continuidad podría ser negociar unos estándares comunes o un manual de buenas prácticas para el futuro.

El continente americano es otro referente en programas de regularización. En Estados Unidos la amnistía de 1986 (IRCA) mejoró las perspectivas laborales de 2,7 millones de trabajadores, aumentó sus ingresos y mejoró su bienestar general. Disminuyeron las detenciones de migrantes irregulares en la frontera mexicana y, al producirse reunificaciones familiares, descendió el envío de remesas a los países de origen de modo que esos recursos se quedaron en EEUU. Aunque la Dream Act de 2001 no ha conseguido convertirse en ley tras 20 años y diez versiones distintas, los “dreamers” o jóvenes indocumentados que llegaron a este país cuando eran niños evitaron la deportación gracias al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) iniciado por Barack Obama en 2012 (e interrumpido temporalmente por la Administración Trump). El presidente Joe Biden ha anunciado para 2021 un proyecto de ley de inmigración que dará una oportunidad a los cerca de 11 millones de migrantes que viven irregularmente en el país.

Latinoamérica ha sido generosa en la acogida de los desplazados por la inestabilidad política, social, económica y ambiental de los últimos años. Desde que se inició el éxodo venezolano en 2015, de los casi cinco millones de personas que abandonaron el país, cuatro de ellos seguían en la región en 2019, la mayoría en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina. Tras la política de fronteras abiertas de los primeros años, Latinoamérica se prepara para abordar la permanencia de estos desplazamientos. La facilitación y liderazgo de la integración regional han sido claves en lo que llevamos de siglo. El Acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados Parte del Mercosur y Asociados (2009) estableció la libre circulación de personas como vía para la integración y protección de derechos. Reconoce el derecho a migrar, la obligación de los Estados a promover la regularización y garantiza el acceso a derechos, independientemente del estatus migratorio. Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay promueven activamente la regularización y la consideran una obligación estatal y un principio rector de sus políticas migratorias, presente en sus ordenamientos jurídicos. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay garantizan la igualdad de derechos civiles y sociales entre nacionales y migrantes.

A pesar de la ausencia de datos, el alto componente de informalidad en la organización social y económica o la porosidad de las fronteras, África ofrece casos de integración regional y buenas prácticas. Sobre todo a través de los marcos regionales de integración y sus proyectos de libre circulación de personas o de portabilidad de prestaciones sociales. Suráfrica, el mayor destino migratorio del África subsahariana (más de 4 millones en 2019) aprueba con frecuencia programas de regularización cuyo alcance varía según el marco bilateral o regional (SADC). Marruecos se ha transformado en un país también de destino migrante y abrió entre 2014 y 2017 una amnistía aparejada a su recién aprobada Estrategia Nacional de Migración y de Asilo (SN).

Ante la irrupción de la Covid-19 y las medidas de control de la pandemia, varios Estados miembros (Italia, Portugal, Grecia, Malta o España) han aplicado medidas para garantizar los flujos de migración laboral hacia los sectores esenciales. Se trataba de un reconocimiento de derechos asimilable de facto a las regularizaciones temporales y sectoriales, que venían a aliviar la rigidez e ineficacia de las legislaciones y políticas de extranjería mal adaptadas a situaciones como la actual.

Si te ha interesado puedes acceder al cronograma detallado a través de esta página: https://porcausa.org/regularizacion/