Entre la satisfacción y el alivio

Nadie que conozca mínimamente las condiciones de precariedad e inseguridad jurídica en las que viven inmigrantes irregulares y los solicitantes de asilo y protección internacional, pendientes durante años de un laberinto administrativo que demora durante años una respuesta, puede dejar de alegrarse de la medida pactada por el gobierno con Podemos, para regularizar a más de medio millón de ellos, de los cerca de 840.000 que se encuentran en España a diciembre de 2025, según calcula un informe de FUNCAS.

Desde luego, somos muchos los que nos alegramos de que se ofrezca esta oportunidad a tantos cientos de miles de personas. Y a ello se une una sensación de alivio al pensar en el contexto que nos ofrecen los EEUU, con la actuación fascista (propia de la Gestapo) del ICE, que ha costado ya varios muertos y nos ha proporcionado imágenes insoportables de crueldad, como el arresto de un niño de 5 años. Alivio, porque esa reacción feroz contra inmigrantes sin papeles y demandantes de asilo podría suceder también en Europa si triunfan las tesis políticas de los partidos de extrema derecha. Esta medida ofrece un amparo previo a más de medio millón de personas que podrían ser objeto de tales barbaridades. Recordemos que VOX ha pregonado a los cuatro vientos que allá donde llegue al gobierno pondrá en marcha deportaciones masivas.

Sin embargo, y a la espera de conocer el texto definitivo del Real Decreto que se anunció ayer en Consejo de Ministros y que se encuentra en este momento en trámite de consulta pública, y por tanto los detalles de su aplicación, ya se pueden enunciar algunas objeciones debidas a aspectos que han subrayado por ejemplo Maria Martín en un artículo de recomendable lectura, publicado en El País con el título "No era tan difícil", y desde luego Alberto Perez y J Jorrin en un artículo en El Confidencial que los condensa en su propio título: "Regularización exprés: pagar a Podemos, quitar Adamuz del foco y dar gasolina a Vox frente al PP".

 Problemas del Decreto: déficit de legitimidad y de técnica legislativa  

La primera de las reservas al Decreto nace, en efecto, del contexto de adopción de esta medida, que aparece como una inteligente estrategia política que acerca al gobierno a Podemos y quizá también a Junts (si Podemos acepta así la delegación de competencias migratorias en la Generalitat), y que puede propiciar la aprobación de los presupuestos. El problema no es ese; el problema es que la vía elegida, el Real Decreto, supone dar carpetazo a la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Congreso hace más de 2 años con el apoyo de más de 100 organizaciones (como Cáritas) y 800.000 firmas, el más importante apoyo en la historia de nuestra democracia. Y es que no podemos olvidar que el Gobierno (el PSOE) dejó arrumbada la tramitación de esta ILP que había contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto VOX. Después, desde el ministerio que encabeza la señora Sáiz se alegó que la reforma del reglamento de extranjería hacía ya superflua la ILP presentada ante el Congreso con un amplísimo respaldo, aunque era evidente que esa reforma dejaba en desamparo a buena parte de los irregulares que se encuentran en nuestro país, comenzando por esos que esperan la respuesta al asilo. Ahora queda patente que, en efecto, aquella reforma fue técnicamente defectuosa y materialmente insuficiente.

Es discutible la conveniencia de la estrategia del gobierno de ceder a Podemos (y su previsible candidata en las generales, Irene Montero) la presentación de la medida, con el indiscutible propósito de usufructuar los réditos. Pero a mi juicio es necesario señalar que, aun siendo cierto que este partido ha sostenido la oportunidad de esa medida, no es Podemos, sino la sociedad civil, cientos de organizaciones, cientos de miles de personas, desde luego, los propios inmigrantes y los frustrados solicitantes de asilo, quienes consiguieron que la iniciativa legislativa popular de regularización llegara al Congreso. Podemos debería ponerse menos medallas y reconocer ese impulso.

Por lo demás, me parece bastante claro que, desde el punto de vista de técnica legislativa y sobre todo de legitimidad democrática, llevar a cabo esta iniciativa mediante un Real Decreto no era la única ni la mejor vía para aprobar esta medida. Esta medida podía y debería haber nacido de un amplio respaldo parlamentario, si se hubiera desbloqueado la tramitación de la ILP. y se hubiera posibilitado un debate en el Congreso que diera lugar a acuerdo suficiente en el Parlamento, lo que la dotaría de mayor legitimidad. Ahora, por el contrario, la regularización aparece como una respuesta partidista, una respuesta sólo de la izquierda.

 La regularización no es la solución. Es necesario otro modelo de política migratoria  

Tiempo habrá de examinar los detalles de este proceso de regularización que, insisto, me parece más que justificado. Habrá que ver, por ejemplo, qué medios materiales y qué dotaciones se ponen al servicio de ese proceso que se anuncia de abril a junio, y a quiénes se extiende el beneficio de la regularización (parece que sí a los hijos, pero no a los padres de los regularizados), para evitar que asistamos a un enésimo laberinto administrativo. También si incluye algún compromiso o exigencia adicional a los candidatos a regularización, por ejemplo respecto a la competencia lingüística, un asunto muy sensible para Junts. Quizá sea oportuno recordar que en el caso de la Dana en Valencia, la propuesta de regularización fue manifiestamente insuficiente, de conformidad con los análisis de los expertos, por ejemplo, los del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de Valencia y diferentes ONGs como Oxfam, pues se calcula que de 40000 inmigrantes sin papeles no se llegó a regularizar a más de 23000.

En todo caso, quiero subrayar sobre todo algo que no siempre se expone. Cualquiera que ha seguido la evolución de las políticas migratorias en los últimos treinta años, en España y en Europa (donde se ha recurrido en no pocas ocasiones y bajo gobiernos de distinto signo a esta iniciativa; en España, con gobiernos del PSOE y del PP), sabe que todo proceso de regularización conceptualmente es siempre el reconocimiento de un fracaso: la ausencia de un modelo de establecimiento de vías legales, seguras, estables, para que los inmigrantes puedan llegar e instalarse en otros países, donde encontrar posibilidades de mejorar sus expectativas de una vida mejor. Las regularizaciones son, así, una consecuencia  no querida pero recurrentemente inevitable, que muestra que nuestro modelo de política migratoria no es el adecuado.

El informe de FUNCAS de 2025 sobre la situación de irregulares en España era elocuente sobre los datos de hecho, pero otros informes más específicos de carácter económico y financiero, como los elaborados por las Universidades Pompeu Fabra o la Carlos III, también apuntaban un saldo beneficioso como consecuencia de la emergencia a la legalidad de estas personas. Así, cifran el efecto neto por migrante regularizado entre 3.300 euros y 4.000 euros, como consecuencia positiva de la repercusión de sus cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF, y teniendo cuenta que, frente a tópicos sin fundamento, el gasto en servicios públicos es reducido.

A la vista de algunas reacciones en medios de comunicación, y de las tomas de posición de Vox e incluso del PP que ha sostenido que acudirá a las instituciones europeas frente a esta medida, me temo que el hecho de que este proceso de regularización venga asociado a una disposición dictada desde el Gobierno y no debatida y aprobada por el Parlamento, da munición a la atávica utilización partidista de la inmigración y con ello a los mensajes de la extrema derecha, que ya claman sobre el efecto llamada y sobre el hecho de que esta regularización significa incorporar a España a una población "superior a la de La Rioja o casi igual a la de Aragón" sin discriminar si son "buenos inmigrantes" o no y si tienen voluntad de integrarse y respetar las leyes, como ha verbalizado uno de sus portavoces radiofónicos, que da pábulo así a la tesis del "gran reemplazo".

Pero también cabría considerar si no es precisamente esa la arriesgada apuesta del Gobierno y del PSOE. La misma que asoma una y otra vez, en esta permanente campaña electoral en la que andamos embarcados en 2026. Me refiero a la insistencia en visibilizar la posición extremista de VOX, facilitando que la extrema derecha detraiga electorado a la derecha , con el resultado (probablemente buscado) de obligar a ésta (al PP) a asociarse con ella, lo que permite, una vez más, utilizar el argumento electoral del miedo a que venga el lobo. Es la táctica que utilizó Mitterrand para debilitar a la derecha republicana al potenciar al Front National. A la vista de la evolución en Francia, creo que eso es una táctica miope y a medio plazo dañina para todos... Al tiempo.