Este lunes 14 de junio los sindicatos de alquileres en Barcelona y Madrid se movilizaron en las sedes del Partido Socialista para intentar evitar que el Gobierno recurriera la “Ley de Alquileres”. Este martes el Ejecutivo ha mantenido la ley en vigor –no la anula por decreto– pero la ha recurrido al Constitucional. La Ley de Alquileres Catalana es, en esencia, una traslación autonómica del acuerdo en materia de alquileres por el que Pedro Sánchez fue investido y gracias al cual se formó el Gobierno de coalición con Unidas Podemos. La decisión del Gobierno es una paradoja. Recurre la ley al Constitucional con el argumento de que invade competencias, en vez de convertirla en la guía para las medidas relacionadas con el alquiler en la próxima ley de vivienda.

Este Gobierno existe gracias a cuatro caminos que se entrecruzan y dan forma a la legislatura. Son cuatro caminos que pueden ser complementarios o excluyentes. Uno de esos caminos es el que alza al Ejecutivo para evitar que la extrema derecha acceda al poder político. El segundo es el que alza al Gobierno para abordar diversos problemas territoriales que van desde la situación en Cataluña a la primera (insisto, primera tan sólo) expresión institucional de la lucha de la España vaciada. El tercero son las luchas feministas; y el cuarto. es el largo filón del cambio político nacido en torno a las luchas del 15M. Dicho filón tiene como expresión material fundamental tres elementos. Uno es la participación democrática, el otro es la vivienda y el tercero es la inclusión social y la lucha contra la desigualdad de una generación para la que el empleo ya no es un garante de derechos.

El Gobierno fía la gobernabilidad y su continuidad electoral, fundamentalmente, a cuatro elementos. Uno es la vacunación, otro es la distensión de la situación catalana, el tercero son los fondos europeos y el cuarto es el miedo a un gobierno de las derechas con Vox dentro o como pata fundamental.

Toda esa apuesta se sostiene sobre una variable incierta, que es el desafecto de la base electoral del Gobierno progresista. La pregunta es si los elementos en los que confía el Ejecutivo para sostenerse son suficientes para activar dicha base electoral. No es una pregunta retórica ni mecanicista. El PSOE se dejó cientos de miles de votos que fueron a la abstención el pasado 4 de mayo en Madrid y cedió el puesto de primera fuerza de la oposición a un Más Madrid al que al inicio de la contienda electoral se le auguraba una bajada de mínimo seis diputados y acabo creciendo en cuatro. Por poner sólo otro ejemplo de posibles factores de fractura de dichas bases de voto, Teruel Existe ya ha anunciado que se presentará a las próximas elecciones municipales y autonómicas en Aragón. El espacio político en el frente progresista se diversifica. Veremos que sucede en las elecciones andaluzas con dicho espacio.

Pero la cuestión esencial es si vacunación, fondos europeos, bajada de la tensión territorial y miedo a las derechas es suficiente para producir un afecto electoral, ni siquiera un deseo. El mínimo afecto que va desde votar al gobierno a, simplemente, animarte a defenderlo.

Yo diría que no es posible sin la ampliación y conquista de derechos nuevos para amplias capas de la población española que se ven sistemáticamente fuera del espacio de la representación y que, por tanto, no se les considera sujetos políticos. Dichos “no-sujetos” no se activan yendo a manifestaciones, ni presionando al Gobierno, no se quejan. Más bien van perdiendo el interés, las ganas y finalmente el mínimo vínculo que permite el voto. La crisis de la representación no es más que eso. Es lo que explica por qué hay toda una estructura institucional que permite activar los ERTES para proteger el empleo tradicional y no existe la más mínima estructura institucional para que el Ingreso Mínimo Vital sirva para aquello para lo que, en principio, se creó. Renta indirecta es también que el precio de la luz sea accesible para quienes menos tienen porque tener menos dinero quiere decir, siempre, tener menos tiempo para vivir y organizarte.

Es posible que el Gobierno considere que es un sujeto, en realidad, no tan amplio, o que no tendrá más remedio que votarle si quiere avanzar en algo. Pero precisamente son las condiciones de vulnerabilidad y precariedad la que hacen de ese sujeto mucho más volátil e imprevisible. No en los términos clásicos de movilización y presión, sino por su capacidad para producir un clima de desafecto creciente. Una decepción.

Ese sujeto tiene, básicamente, la necesidad de dejar de depender de forma absoluta de empleos precarios, ausentes o intermitentes para reproducir su vida. Es decir, necesita acceder a una política de rentas directas e indirectas que garanticen continuidad de los derechos en una vida intermitente. Eso sirve tanto para las capas juveniles afectadas por un paro enorme estructural, como a quién entra y sale del empleo, como a las cientos de miles de familias con personas a cargo (a veces hijos/as, pero por edad, también empieza a ser sus mayores) que no pueden sostener dicha conciliación sin disponer de horas y no puede disponer de horas si están completamente atadas a un mercado laboral que les requiere mucha dedicación por muy poco salario para pagar alquileres caros. Eso no lo van a resolver ni la vacunación, ni los fondos europeos, ni la distensión catalana, ni por supuesto el miedo a la derecha.

Los motivos por los que este Gobierno no avanza en esa dirección quizás tienen que ver con que no se formó cuando debía haberlo hecho, impulsado por una enorme energía social en el año 2015, sino en noviembre de 2019, pero a quienes “el acontecimiento 15M” cada vez les dice menos cosas, la retórica no les va a servir. Por eso, quizás, no es tanto una exigencia de valentía y épica, como de pragmatismo. Probablemente ese Joe Biden junto con el que andaba Pedro Sánchez el otro día sea más pragmático que valiente y sabe lo que se juega. Con eso vale.