Desde ayer, Catalunya ha dicho adiós a los precios abusivos de los alquileres. Ese es, al menos, el propósito de la nueva ley aprobada en el Parlament gracias a ERC, CatComú-Podem, la CUP y JxCat... ya saben, los partidos acusados de querer romper España. ¿Quienes se han opuesto a la ley que permitirá que más familias tengan un techo bajo el que vivir? Pues PSC, PP y Cs que dicen querer mantener España unida, pero a quienes rompen es a los españoles y españolas.

La nueva ley, redactada por ERC junto al Sindicato de Inquilinos, regula el precio del alquiler con el fin de evitar la especulación con un bien de primera necesidad, recogido en la Constitución española. Los autodenominados "constitucionalistas" no están de acuerdo, la pela es la pela y el euro, el euro. Los 60 municipios catalanes que superan los 20.000 habitantes se van a beneficiar de la medida que, para combatir la avaricia picaresca, impone sanciones que pueden alcanzar hasta los 90.000 euros si se incumple.

El sector inmobiliario, fiel a su naturaleza codiciosa, ha puesto el grito en el cielo, avanzando que el sector se paralizará. ¿Y? Quizás eso sea lo que haga falta, que eche el freno, que con más de 3,5 millones de viviendas vacías deje de cosntruir, que dé un paso para atrás y se reorganice para seguir facturando sin necesidad de pisotear derechos constitucionales.

No deja de ser curioso que en un país en el que se producen más desahucios por parte de los bancos que okupaciones por parte de familias, éstas sean las que etá protagonizando noticias y cuñas de publicidad que hacen negocio con el miedo. Okupaciones, por otro lado, que se realizan mayoritariamente (entre un 80-90%) a casas vacías de entidades financieras que, previamente, habían desahuciado a una familia. Como decía el amigo Javier Gallego el otro día, en este país es mas probable que te desahucien que que te okupen la casa, pero la campaña del miedo se centra en lo último.

El mayor aumento de desahucios viene, precisamente, de personas en régimen de alquiler, no de hipotecas. Y la nueva ley en Catalunya es lo que pretende combatir, pese a la oposición de socialistas, populares y de Cs, que anteponen el negocio a los Derechos Humanos. Ni es la primera ni será la última vez que lo hagan.