Cuando vivía en Estados Unidos, sufrí depresión durante varios años en los que me negué rotundamente a acudir al doctor debido a varios miedos fundados. El primero, en un sistema sanitario más orientado al lucro que al bienestar del paciente/cliente, era económico: cuánto me va a costar el tratamiento y hasta dónde van a alargarlo –con o sin necesidad– constituían preguntas frecuentes relacionadas con el bolsillo, pero también con la calidad del cuidado una vez media lo pecuniario. El segundo consistía en generar datos con los cuales las compañías de seguros podrían decidir, en algún momento, suprimir prestaciones o subir el precio de la póliza, si ninguna ley intervenía el negocio privado, cosa improbable en aquel país. Los datos médicos, en principio, son confidenciales, precisamente porque su exposición genera una vulnerabilidad en la persona que puede tener consecuencias nefastas. Su valor económico es tan alto que, a veces, son objeto de hackeos y se venden en el mercado negro. En España, estos datos están protegidos por la legislación nacional y la europea, en un intento de amparar a la ciudadanía frente a posibles abusos y seguir respetando su privacidad. Por eso, provoca perplejidad que Cayetana Álvarez de Toledo exigiese en el congreso “desclasificar” el historial sanitario de Pedro Sánchez, haciéndose eco del rumor que corría sobre una supuesta dolencia cardiovascular padecida por el presidente –quien lo ha desmentido tajantemente–.   

Es incomprensible que alguien pueda enunciar tal mandato, y elevarlo al nivel de pregunta parlamentaria. Tanto desde el punto de vista moral como del jurídico, la sola mención genera estupefacción, y crea una congoja que tiene que ver con la degradación que ha sufrido el debate político en los últimos años, desde el "me gusta la fruta" a la mentira descarada, pasando ahora por la salud –que debería ser intocable-. El feminismo ha dedicado décadas a reclamar que se deje de juzgar el cuerpo de las mujeres, pues a menudo esos juicios suponen una humillación pública, cuando no una completa denigración del sujeto femenino: más gordas o más flacas, mejor o peor ajustadas a un canon de belleza que niega el derecho a envejecer o a usar una talla no estándar, nosotras sabemos cuánto hay de pernicioso en la mirada intransigente que suele recorrernos, hasta el punto de desatar problemas de autoestima y no pocas cirugías plásticas. Podría argumentarse que un segundo nivel de ataque al cuerpo, más allá de la valoración estética, lo conforma el embiste a la salud; a menudo, ambas recriminaciones aparecen juntas, y eso causa tanto daño en quien recibe la recriminación como alimenta la mezquindad de quien proyecta el mensaje. Si hubiésemos interiorizado la inmoralidad que suponen dichos actos, tal vez Sánchez no habría tenido que soportar bulos que, señalando su delgadez, acaban por atribuirle enfermedades fantasmas y, por último, pedirle que aporte documentación confidencial.

¿Se debe ceder ante semejantes presiones? Brigitte Macron lo hizo al difundir pruebas científicas que demostraban que no era trans. En mi opinión, se debe abrir la ventana de Overton por el lado de la dignidad y la ética, fomentar la humanización de unos representantes políticos que, sobre todo en el ala de las izquierdas, han visto su intimidad vapuleada y maltratada como el trapo viejo al que sus adversarios acuden en busca de votos. Pero la democracia no es un harapo del que extraer jirones; y hay una suciedad implícita en el gesto de ir a pescar electorado de maneras impropias a la importancia de los derechos en juego. Más bien, los votantes mereceríamos la existencia de un entramado parlamentario que velase por el bien común, dentro del cual destaca una sanidad pública, extremadamente mermada. En este sentido, me pregunto cuándo llegará una conversación abrazada por todos los partidos sobre la necesidad de reducir las listas de espera, reforzar la atención primaria, o eliminar los conciertos sanitarios aprobados por la ley 15/97. Asimismo, siento que urge considerar el cambio climático como un asunto de salud pública y priorizar medidas medioambientales de adaptación que eviten muertes cuando sobrevenga una DANA, que prevengan incendios o la ubicua contaminación química que, por tierra, agua y aire, penetra nuestras anatomías. Echo de menos, además, un control de los alimentos ultra-procesados o del consumo de carne. Desde luego, la premura por un cuerpo sano colectivo está más que justificada y hasta amerita un pacto de Estado; pero lo que no hace falta, de ninguna manera, es violar la legislación de protección de datos ni recurrir a la afrenta personal para que España camine hacia lugares más benévolos, independientemente de quien habite la Moncloa.

Sería tan fácil hacerlo bien; bastaría un poco de profesionalidad, cumplir ciertas normas de convivencia, discrepar desde el reconocimiento de la humanidad del otro. Sin embargo, día tras día, lo más básico se torna una quimera y sólo nos va quedando el trapo ajado de la ignominia.