Como apuntaba la instrucción desde el principio, ha pinchado en hueso el empeño del magistrado del Supremo Ángel Hurtado en dar por probado -acá, sentenciar de facto o no dejar que la realidad te estropee un buen lawfare- que fue el fiscal general del Estado quien filtró con sus propias manos y urbi et orbi el correo electrónico que confirmaba la confesión del fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

La penúltima campanada del magistrado del Supremo para probar su afán inculpatorio contra el fiscal general ha sido pedir a Google y a Meta, propietaria de Whatsapp, a través de sendas rogatorias a Irlanda y EEUU, todos los mensajes y archivos de Álvaro García Ortiz que hubieran podido circular en su correo y en sus chats entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, las fechas en las que se habría filtrado el correo del abogado de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, admitiendo que su cliente había cometido dos delitos fiscales y ofrecía a la Fiscalía un pacto para librarse de la cárcel. Y el último movimiento de badajo de Hurtado fue anunciar salivando dos piezas bajo secreto con las que la UCO investigaría los datos suministrados por Meta y Google y pasaría las conclusiones a un juez que, de inicio, ya había dejado por escrito sin prueba alguna que el fiscal general había filtrado a Presidencia del Gobierno el correo autoinculpatorio de Alberto Quirón. Así, a pelo.

Mala suerte, sin embargo -y sin que sirva de precedente, intuyo-, en este acoso judicial sin complejos y contra instituciones encabezadas por nombramientos fruto de una mayoría soberana progresista y/o plurinacional elegida democráticamente. El magistrado Hurtado se ha dado de bruces contra un informe de la UCO que le dice que no hay nada en los datos suministrados por Google y Meta que impliquen al fiscal general del Estado en filtración alguna.

¿Y qué dicen los instigadores del lawfare contra una de las instituciones más relevantes y delicadas del Estado, por cuanto guarda información al máximo nivel en seguridad del ídem? Esto es, ¿qué dicen el PP, sus hermanos hiperventilados de Vox y todos los corifeos, siempre demasiados? Nada original: argumentan que lo importante es confirmar que el fiscal general borró sus terminales, cosa que ya se sabía. Y se sabía, digo, porque es algo que obedece a protocolos antes mencionados por la seguridad de todos (y más nos vale)... y que ese borrado no se hizo únicamente cuando García-Ortiz supo oficialmente de su imputación, un miércoles 16 de octubre de 2024, como aseguran los forofos de su culpabilidad (y la UCO, que acreditó que el fiscal general borró sus mensajes de Whatsapp "hasta en dos ocasiones" el 16 de octubre), sino que lo había hecho antes, varias veces, como dictan los cacareados protocolos de seguridad y protección de datos. Por cierto, ¿sabían ustedes que García Ortiz supo ya el 12 de octubre, de fuentes inequívocas, que Hurtado iba a imputarle por sus santas puñetas y no por los indicios que se le exigen como juez instructor? Entonces, ¿qué hacemos ahora con Hurtado?