Montse Fajardo, periodista y activista de Iniciativa Galega pola Memoria

Con la caída de Tui en manos de los golpistas cuando aún no había terminado julio de 1936, Galicia queda completamente dominada por el bando sublevado y, mientras en otras zonas del Estado se dirime una guerra civil, en el territorio gallego se inicia el genocidio. A la masacre de las cunetas se une la aglomeración en las cárceles, tanta que las nuevas autoridades fascistas se ven obligadas a habilitar como prisión instalaciones deportivas, escuelas, conservatorios y hasta islas. La de San Simón, situada en la ría de Vigo, en el término municipal de Redondela, se convirtió en penal en el otoño de ese mismo año, y hasta su cierre en la primavera de 1943, acogió a miles de presos, tan por encima de su capacidad que tras la caída del Frente Norte, el barco Upo Mendi, que trasladaba nuevos represaliados vascos, cántabros y asturianos, tuvo que quedarse fondeado frente a sus costas, con sus bodegas como improvisadas celdas, ante la imposibilidad de que la isla pudiese acoger un solo hombre más.

Conocida como “el Lazareto” por haber sido, en otro tiempo, el destino de las personas que habían contraído enfermedades contagiosas, fundamentalmente cólera, y también el lugar donde los barcos que iban a tocar las costas gallegas sometían a cuarentena a sus tripulaciones, la isla se convertiría en uno de los lugares más vinculados con la memoria antifascista gallega. Si Meirás simboliza la impunidad, el abuso y la corrupción franquista, San Simón atesora como pocos otros sitios, el sufrimiento de las víctimas y la solidaridad que hacia ellas mostraron muchas personas de localidades cercanas, fundamentalmente mujeres que actuaron como “madrinas” llevando tanto a los presos en tierra como a los del Upo Mendi comida, ropa limpia o consuelo. Y metidas en los dobladillos del pantalón, ocultas en las ollas o en medio de la miga de pan, llegaban notas de resistencia que contaban los avances de las tropas, el estado de la familia o los nombres de los responsables de las atrocidades, con gran riesgo para quien hacía de correo. Más de una boda trajo la relación de confianza generada entre madrinas y presos a medida que éstos fueron recuperando la libertad. Pero algunos nunca lo consiguieron. San Simón fue la capilla de muchos sentenciados a muerte, como Johan Carballeira, alcalde de aquella Bueu que, en los veranos republicanos, había congregado el talento de Maruxa Mallo o Torrente Ballester, de tan dispar destino. Otros presos fueron sacados de noche de la celda en la que dormían amontonados como sardinas, e introducidos en la Raposa, nombre con el que bautizaron a la lancha que hacía los trayectos entre la isla y la redondelana playa de Cesantes. El sonido de su motor de madrugada era un anuncio inequívoco de que habría paseos: los guardias coreaban los nombres de quienes al día siguiente aparecerían en cunetas o serían fondeados en la ría de Vigo, probablemente la fosa común más grande de toda Galicia.

Pero, a pesar de lo simbólico del enclave, o precisamente por eso, el gobierno popular de la Xunta de Galicia niega sistemáticamente la solicitud del movimiento memoralista galego para que se recupere la denominación de “Illa da Memoria”, isla de la memoria, que le había otorgado el bipartito de PSOE y BNG que dirigió Galicia entre 2005 y 2009. El único acto de homenaje a las víctimas que acoge la antigua prisión cada año es el que organizan familiares y colectivos englobados en la Iniciativa Galega pola Memoria durante el domingo más próximo al 18 de julio.

No es solo que el actual gobierno autonómico no pusiese en marcha ningún tipo de política pública de memoria para perseguir los objetivos de verdad, justicia y reparación que exige la legislación internacional. Lo más terrible es que el Partido Popular se esforzó mucho en borrar cualquier vestigio de memoria que hubiese quedado del mandato anterior. Como ejemplo, el proyecto universitario Nomes e Voces, que había puesto en marcha la dirección xeral de Cultura, en manos del BNG, en convenio con la universidad compostelana. Los populares eliminaron su financiación hasta ahogarlo, impidiendo el acceso libre de quien investigue esta etapa a la que ya era entonces la mayor base documental, fotográfica y de entrevistas a víctimas y familiares de Galicia.

El mandato de Núñez Feijoo seguía así los pasos del de su predecesor popular, Manuel Fraga, que durante su etapa como presidente realizó una reforma de la isla que estaba destinada a borrar cualquier vestigio de su pasado como lugar testigo del terror de una dictadura de la que él mismo había formado parte. Una capa de pintura azul celeste sobre los edificios que habían albergado celdas y otras instalaciones intentó ocultar el relato de lo que allí había pasado. Incluso quitaron la placa que los republicanos de Redondela habían colocado durante la Transición en memoria de las víctimas. Y solo pudo ser recolocada con la llegada del gobierno de izquierdas en 2005. Un año más tarde, coincidiendo con el 70 aniversario del golpe de Estado, llegaba la declaración como “illa da Memoria” y la celebración en el antiguo Lazareto de homenajes y múltiples actividades para dar a conocer su historia reciente. Pero tras la victoria popular de 2009 llegó la segunda fase de borrado.

Si Fraga se había ocupado del continente, Núñez Feijóo se afanó con el contenido: La isla dejó de albergar cualquier tipo de actividad relacionada con la memoria, se retiró una exposición permanente centrada en el período que fue cárcel, y buena parte de las fotos de los presos que el bipartito había colgado de las ventanas de los locales que habían sido prisión desaparecieron de la isla. Hoy, una persona puede permanecer durante horas en San Simón sin percatarse de que está en un antiguo campo de concentración. Tiene que cruzar el puente que lleva a otro islote, san Antón, para encontrar, al fondo, el monolito colocado por el bipartito en el lugar en el que el movimiento memorialista realiza cada año su acto de homenaje. Es casi un juego de búsqueda del tesoro como los que proliferan en la isla desde que tomó el mando el Partido Popular. Mañana mismo, 31 de julio, se inicia un “campamento pirata”. Así denomina la actividad, que durará una semana, la naviera que la organiza. Aunque San Simón es propiedad del Estado, las competencias están transferidas al gobierno galego, y éste consiente -pese a las continuas denuncias de colectivos y familias- que navieras privadas exploten la isla como si fuese un parque temático, con ginkanas, cenas, encuentros de yoga, rutas en las que se obvia el pasado como cárcel franquista y hasta el anuncio de la celebración de una fiesta de disfraces, en Halloween; es decir, un carnaval en la noche de difuntos en el lugar que fue antesala del asesinato de muchos republicanos. Si no se llegó a celebrar fue por la movilización de las familias, aunque el gobierno anunció que lo suspendía por la mala previsión metereológica.

Como más recientemente pasó en Meirás, con la Xunta anunciando que convertiría el Pazo en un lugar de encuentro feminista y loa a Pardo Bazán, el gobierno del actual líder estatal del PP anunciaba en sus orígenes que San Simón sería una isla del Pensamiento, un lugar de encuentro filosófico. Y acabó convertido en parque temático. Una y otra vez, la derecha española busca fines del todo loables -filosofia, feminismo o lucha contra el terrorismo- para contraponerlos a la memoria, como si fuese obligado elegir qué cosa nos importa más, con el abyecto fin de que la memoria vuelva a relegarse otras cuatro décadas. Y así, las familias de las víctimas, perdida ya para siempre la posibilidad de hacerle justicia a la generación represaliada, siguen abandonadas por una derecha empeñada en reafirmarse como heredera del franquismo y no de los partidos conservadores republicanos.

Por eso, cada aniversario del golpe, el movimiento memorialista galego sigue reuniéndose en San Simón para homenajear a las víctimas y reclamar que se apruebe un plan de usos que evite la realización allí de cualquier actividad lesiva con la memoria. La isla de San Simón fue reconocida como bien de interés cultural. Es preciso que la administración establezca claramente qué cosas se pueden hacer en ella y cuáles no, teniendo en cuenta el parecer de familiares, colectivos de memoria y personas expertas. Debe además ponerse en marcha una política pública de memoria con perspectiva de género, país, -la represión en Galiza fue distinta a la que se vivió en otras partes del territorio donde si hubo guerra- y clase, y que además incida en la debacle que supuso para toda la sociedad la sustitución de un tiempo de democracia y avances por una dictadura, especialmente gravosa en el caso de las mujeres, tratadas como menores de edad.

Es necesario, además, buscar fórmulas para implicar en la lucha a las generaciones nacidas tras la muerte do dictador, porque la memoria no es una cuestión do pasado, es una herramienta de construcción de un futuro libre de fascismo, de ese fascismo que nunca deja de rearmarse para poner en peligro la conquista de la democracia.