La sentencia de la Manada vuelve a reforzar la justicia patriarcal. Y, esperando el peor de los pronósticos, la pena es que hasta respiro aliviada por el mantenimiento de la pena cuando, a veces, incluso sospechaba una absolución. También respiro algo más cuando leo esos dos votos particulares frente a aquel vergonzoso “jolgorio” que apuntaba el magistrado Ricardo González.

Ahora se muestra que la interpretación de los hechos, incluso con jurisprudencia, puede ser calificada de forma diferente y que dos de los magistrados reconocen la existencia de una “intimidación ambiental”. Es decir, que te rodean cinco tiarrones, que te desvisten, que se aprovechan de ser más, del estado de shock de la víctima (acreditado en el informe forense) y de la planificación de la agresión. Lo que dos magistrados califican de “encerrona” y de un plan que estaba previsto por ellos. Además, recalcan que hay un carácter “particularmente degradante o vejatorio”. Hay un problema grave y es que cuando no hay unanimidad frente a una violación es porque nuestro testimonio, un informe forense o unos vídeos, aunque resulten creíbles, siempre van seguidos de un “pero”. Un ‘pero’ que nos subestima, que nos daña, que nos deja indefensas. Al final, el fallo, cree de nuevo a la víctima, pero vuelven a decir que es abuso. De nuevo, la duda cae en nosotras, y el in dubio pro reo beneficia, en parte, a los condenados.

Desde la salida de la sentencia, hemos sido muchas las personas que hemos hablado en platós de televisión. Entre ellos, como es normal, la defensa de los acusados. Y, entre ellos, el abogado Agustín Martínez. En Antena 3 expresó que “las relaciones fueron consentidas, allí menos dolor hubo de casi todo”. También cuestionó a Susana Griso: “¿me va a decir a mí que conoce mejor la aplicación del derecho que estas dos magistradas?”. En el programa de Ana Rosa dijo que “sí hubo presión mediática, que el Tribunal no dice la verdad”. Es importante que, quien no tenga acceso a la sentencia, sepa qué se dice. Es normal que Martínez, como abogado, actúe así como defensa. Son sus clientes y es un Estado de Derecho, faltaría. El caso es que vuelve a ensuciarse el debate mediático.

Aclaremos.

No. Las relaciones, ya dice el tribunal, no fueron consentidas. Decir que “allí menos dolor hubo de casi todo” resulta aberrante para esta víctima y para cualquier otra que ha sufrido una agresión y que no se atreve a denunciar. La primera sentencia recogía en el informe forense que no es preciso que una víctima presente un desgarro para confirmar la violación, y explicaban que en el bloqueo de la víctima, al verse rodeada, su cuerpo puede reaccionar de dos maneras: parálisis o relajación. Si cuerpo y mente se disocia para superar el trauma y desconectar emocionalmente no pueden haber lesiones profundas. Está en las páginas 75 y 76 de la primera sentencia. Incluso añadían que la víctima puede reaccionar con "acercamiento o cierta amistad con el agresor, para evitar males mayores y conseguir que concluya cuanto antes". Dejar la sospecha del “disfrute”, al igual que la del “jolgorio”, daña la dignidad de las víctimas y fomenta una justicia estereotipada.

Sí. Podemos acatar sentencias pero también, igual que los abogados transmiten su parecer, el resto podemos hacerlo. También hay juristas que opinan lo contrario, e insisten como expertos y expertas en aplicar la perspectiva de género en la justicia, cuestión que la propia ONU respalda. No hay nada malo en esa demanda. Justo ahora celebramos el aniversario de la Constitución, que contiene un artículo que recuerda que la igualdad debe ser efectiva. Si se aplica una justicia con criterios del pasado, no es una justicia democrática. No puede serlo la que ignora la desigualdad de la que parten las mujeres. En este caso, los estigmas que arrastran las víctimas de violencia sexual. Estereotipos que, también, repiten sin cesar medios de comunicación.

Sobre la presión mediática, los jueces insisten que “no ha causado indefensión a los acusados, las pruebas periciales impugnadas no se acreditan contaminadas”. Es paradójico que la argumentación de la presión mediática venga de un abogado que, a diferencia de otros, en otros muchos casos de violación, ha estado de forma continua en medios de comunicación, propiciando esa exposición. De haber existido presión, desde un principio los jueces hubiesen dicho que es agresión, pero dictaminaron, en su libertad, que fue abuso. Luego no existe esa presión. Presión fue la de la denunciante, que estaba protegida por ley, por el Estatuto de la Víctima, y se vulneraron sus derechos con la difusión de los datos personales e imágenes. Ni presión mediática, ni social, como también se apunta. Agustín Martínez recordará que en 1995 unos 30.000 y 35.000 manifestantes salieron a las calles de Sevilla para exigir que el equipo de fútbol del Sevilla siguiera en primera división, ejerciendo presión a la Liga de Fútbol Profesional. Salvando todas las enormes y grandes diferencias entre los dos casos, si con un equipo de fútbol que no está en primera se produce una movilización social que casi paralizó una ciudad, es muy comprensible que ante una sentencia que trata sobre nuestras vidas, sobre nuestros derechos como mujeres, sobre nuestra libertad sexual, salgamos a la calle justo para que nos escuchen. Justo para recordar de que existe un Convenio de Estambul que nos respalda. Para mostrar que existe otra manera más democrática y justa de hacer justicia. Y este debería de ser el empeño de toda la judicatura de este país y de quienes creen en el Estado de Derecho. Están en riesgo nuestras vidas, y para recordarlo estaremos en las redes sociales, en los medios y en la calle todas las veces que sea preciso. Hasta que la justicia sea justa.