Una mujer me contó hace poco más de un mes lo siguiente: Su marido la obliga a ver “pornografía dura”, así lo llamaba, durante sus “relaciones sexuales”. No me lo contaba para que lo hiciera público, como tantas otras historias, sino porque decía tener una duda. “¿Es eso violencia sexual?”, me preguntaba. “¿Es mi marido un maltratador?”. Antes de responderle, pensé que probablemente ella ya lo sabía, que en realidad se dirigía a mí como una forma de reafirmar su certeza, o simplemente para desahogarse con alguien lo suficientemente lejana y desconocida como para evitar el pudor. También pensé que se equivocaba, que no se trata de unas “relaciones sexuales”, que una “relación sexual” es otra cosa.  

Le dije que debería pensar si ella se siente violentada, si ver porno mientras están teniendo relaciones sexuales la violenta de forma evidente. Y en ese evidente, insistí, incluyo a su marido. O sea, si él era consciente de eso. Me respondió que sí, que claro que era evidente. “Lloro todo el rato”, escribió. No le pregunté por qué no le pega un mandoble, no es mi papel, no soy yo quién. Hay mil razones por las que una mujer se somete a la violencia cotidiana, entre las más habituales, los hijos e hijas. Yo sé de primera mano lo que es callarse para que las criaturas no sufran. A veces, son precisamente ellas las que acaban padeciendo las consecuencias inmediatas: broncas, golpes, castigos… Pero por supuesto hay muchas, muchísimas más razones.

Pienso en lo anterior cuando escucho las discusiones idiotas sobre el caso Errejón o el caso Rubiales, aquellos que dicen que “¿cómo vas a condenar a un hombre por un beso?”. O los que cuestionan, como el propio juez Adolfo Carretero, por qué estaba Elisa Mouliaá con Íñigo Errejón. También pienso en ello durante estos días en los que nos han obligado a asistir, en directo o mediante filtración, a los citados juicios. Hay algo perverso en ello.

Al hacernos partícipes de los procesos en tribunales, sitúan ahí, en el Poder Judicial, la medida para definir qué es violencia machista y qué no. Nada más lejos de la realidad. Lo que los tribunales deciden es si el hecho en sí es punible, no si es violento. O sea, el juez Carretero no dictaminará si Elisa Mouliaá sufrió o no violencia machista, sino si eso que sufrió es un acto punible, es decir, si debe recibir una condena en tribunales. Porque el hecho de que Mouliaá sufrió violencia está fuera de toda duda. Si no, ¿de qué iba a estar ahí, ante un juez mostrenco, viéndose una y otra vez revictimizada y, lo que es peor, víctima de una palmaria violencia institucional? No hay más que atender a su descripción de los hechos, hechos que, por cierto, Errejón no niega.

De la misma forma, la futbolistas Jenni Hermoso —cuya valentía no me cansaré de agradecer— sufrió violencia por parte de Luis Rubiales, y así lo hizo constar desde el primer momento, violencia además pública y mundialmente retransmitida. Lo que el juez de turno decidirá es si ese “piquito”, el beso no consentido de Rubiales, es o no es punible.

La mujer cuyo marido la obliga a ver porno mientras ella llora no irá a comisaría denunciar ese hecho, ni se presentará ante un juez para explicarle lo que ella llama sus “relaciones sexuales”. En fin, podría, pero la verdad es que resulta harto improbable. En el caso de hacerlo, espero de todo corazón que no le toque un Carretero de turno. ¿Quiere eso decir que no sufre violencia? Por supuesto que la sufre. Sencillamente se trata de una violencia tan asumida, tan interiorizada, tan familiar, que ni se le pasa por la cabeza.

A lo que me refiero es que con los casos de Íñigo Errejón y Luis Rubiales nos enfrentamos a la evidente brecha que existe entre lo violento y lo punible en el ámbito de la violencia sexual. Que no sea punible, que un juez no lo considere como tal, no significa que Mouliaá o Hermoso no hayan sido violentadas. Como la mujer que llora ante la pantalla mientras su marido la violenta, ellas y nosotras sabemos que no será la justicia quien defina la violencia que sufrimos.