Los servicios sociales, la cara amable del Ayuntamiento de Madrid

La percepción mayoritaria en Madrid es que los servicios sociales son únicamente ayudas para personas pobres, población considerada "sobrante" o para quienes sufren exclusión extrema, a diferencia de la sanidad, la educación y las pensiones que son vistas como sistemas dirigidos a todas las personas y sobre la marcha de los cuales todos nos sentimos concernidos.

En el último tiempo el Ayuntamiento de Madrid viene adoptando diversas decisiones que afectan profundamente a los programas y prestaciones del sistema de servicios sociales y que ponen en peligro su contribución al desarrollo de una ciudad más justa, más solidaria y cohesionada. La privatización de los tres últimos Centros de Atención a la Infancia (CAI) que aún eran de gestión directa; el debilitamiento de los Espacios de Igualdad en los barrios; la implantación del Servicio de Información y Acogida (SIA) herramienta de cribado y triaje que restringe el acceso y maquilla las listas de espera; la desaparición de la Renta Mínima de Inserción (RMI), sustituida por la Tarjeta Familias; la extracción de datos de población vulnerable mediante el sistema ALMA "cerebro" de la Historia Social Única; la externalización de más del 80% de los 1.271 millones de euros anuales destinados a gasto social; unas plantillas con un Índice de Capacidad Operativa Efectiva (ICOE) inferior al 75% en todos los distritos; la cesión de 16 parcelas —más de 200.000 metros cuadrados— para residencias de gestión público-privada; y el endurecimiento del trato dado a las personas sin hogar.

Lo más flagrante es que estas medidas orientadas a "taponar" los daños de un modelo económico que intensifica la exclusión, la expropiación y la fractura urbana y que provocan una progresiva reconfiguración institucional de los Servicios Sociales municipales, apenas encuentran una oposición que se oponga, capaz de defender un sistema que favorezca la integración social, formulando alternativas propias.

Para explicar la ausencia de una respuesta social y política a la altura de las graves circunstancias hay que retrotraerse cuatro años, a la firma de los "Acuerdos por un Nuevo Sistema Público de Servicios Sociales de la Ciudad de Madrid", impulsados por el gobierno de coalición del PP y Ciudadanos y aprobados por unanimidad —desde Vox a Más Madrid— en el pleno municipal del 31 de mayo de 2022. Se presentaron como un pacto amplio, al margen de ideologías y de la política, sustentado en medidas técnicas supuestamente neutras, orientadas únicamente a modernizar los servicios y mejorar su eficiencia.

La izquierda municipal y buena parte de los sectores sociales de la ciudad implicados en la acción social asumieron aquel marco interpretativo y el tiempo se ha encargado de evidenciar que lo que se presentó como un pacto de Estado a escala municipal era, en realidad, la renuncia de los sectores progresistas a negociar desde diagnósticos y propuestas propias.

Las medidas citadas no hacen sino confirmar las graves consecuencias derivadas de la aceptación de los acuerdos. Hoy es necesaria una revisión autocrítica, tomando como punto de partida que no existe un único modelo de servicios sociales, como se pretendió en su momento: si las medidas se orientan a clasificar el riesgo, contener poblaciones, gestionar la desigualdad desde una lógica securitaria reforzando la vigilancia y el control social, estaremos ante un modelo neoliberal. Si, por el contrario, amplían derechos, fortalecen lo público y promueven la igualdad, responderán a un enfoque socialdemócrata en alguna de sus variantes.

Para poder disputar el presente y el futuro de los servicios sociales y ponerlos al servicio de la mayoría social los sectores progresistas deben dar un primer paso: tomarse este sistema público en serio, asumir que no es un sistema residual destinado únicamente a canalizar la compasión hacia los pobres, sino que se trata de un sistema universal al que hay que dedicar los mismos esfuerzos que a la sanidad, la educación o las pensiones. Las derechas lo tienen muy claro: son conscientes de su utilidad para facilitar desahucios, contener la precariedad laboral, maquillar la segregación en la ciudad, ocultar la pobreza en las calles y apoyar sus reaccionarias batallas culturales.

Para formular críticas fundadas y proponer alternativas, es necesario comprender la naturaleza y la función de los dispositivos, instrumentos y prestaciones que, a lo largo del tiempo, se han ido incorporando por capas al sistema de servicios sociales municipales; en definitiva, reconstruir su arqueología institucional.

Conocer los factores que intervienen en su mutación permitiría rescatar aquellos elementos positivos que contienen y criticar sin complejos aquellas adherencias que se han introducido y que modifican su ADN.

El proceso consiste en vaciar de contenido herramientas nacidas al calor del cuidado, la dignidad, la compasión y la presión social, son reinterpretadas por técnicos que tienen como punto de fuga para realizar sus propuestas las expectativas del político de turno susurrando aquello que pueda responder a su sensibilidad ideológica.

Conservan el nombre, pero dejan de ampliar derechos, pasando a ordenar, filtrar y administrar poblaciones. El proceso no es casual: responde a una lógica de gestión política y técnica ya consolidada. El rasgo común es la desactivación de su dimensión política, el espacio público deja de concebirse como lugar de ciudadanía y conflicto democrático para tratarse como un problema de orden; la ayuda económica se convierte en consumo tutelado; la entrada al sistema opera como filtro defensivo; el alojamiento temporal facilita los desahucios al ofrecer una salida residencial precaria y provisional; y la soledad, antes entendida como cuestión relacional y comunitaria, se redefine como incidencia técnico-logística externalizable.

Bajo una apariencia y un lenguaje de cuidado, modernización y respuesta técnica, estos dispositivos suavizan la imagen de la exclusión y buscan contener las tensiones de una ciudad cada vez más desigual y fracturada. En conjunto, imponen una tecnocracia asistencial que privatiza la ejecución, individualiza los conflictos sociales y presenta la gestión de la pobreza como una operación limpia, rápida y eficiente. Así, la exclusión deja de aparecer como un problema estructural de ciudad y se convierte en una suma de carencias individuales gestionables mediante recursos específicos: una tarjeta, una llamada, una plaza, una derivación o un algoritmo hasta convertirlas en emblemas de la "cara amable".

No se trata, por lo tanto, de una simple mejora administrativa. La "amabilidad" de la tarjeta, el lenguaje de la innovación y el atractivo tecnológico de ciertos programas encubren una arquitectura institucional que, en nombre de la eficacia, reemplaza derechos por servicios tutelados, de este modo, el sujeto político desaparece del espacio urbano y reaparece como usuario gestionado, clasificado y acompañado solo mientras no desborde los límites del sistema.

El sistema es eficiente porque evita crisis agudas (hambre, desahucio inmediato), pero es ineficaz para la inclusión porque mantiene al sujeto en un limbo asistencial.

Comprometerse es urgente en un momento en que el gobierno del ayuntamiento de Madrid al igual que el gobierno regional, a pesar de disponer de mayoría absoluta, ya incorporan el discurso de prioridad nacional.