Opinión
Los servicios sociales de Madrid ante la huelga general
Por Luis Nogués Sáez
Profesor de la Facultad de Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid (UCM)
La huelga general del 11 de noviembre tiene un origen singular: surge del Sindicato de Inquilinas, no de los centros de producción. El conflicto va más allá del trabajo y abarca los alquileres, la carestía de la vida y el deterioro de los servicios públicos. Esta convocatoria evoca la concepción de Walter Benjamín: accionar el freno de mano para detener el tren de la historia antes de que caiga al abismo de la catástrofe y abrir un tiempo nuevo. La imagen cobra especial vigencia ante el ataque al Estado del bienestar en toda Europa y la creciente dificultad para sostener y fortalecer sus seis pilares, que han contribuido a construir una Europa más justa: salud, educación, rentas, empleo, vivienda y servicios sociales.
La estrategia de la derecha hasta el momento no ha sido tanto desmontar las estructuras como favorecer un deterioro progresivo y continuado de los servicios públicos, buscando que la sociedad en su conjunto desconfíe del papel de redistribución del Estado y que las clases medias en particular acaben abandonando el barco para subirse a los servicios privados.
En un contexto de ataque general al conjunto de los servicios públicos, tal vez no sea lo más adecuado referirse en concreto a uno de ellos, al conocido por algunos como el cuarto pilar del Estado del bienestar, pero lo hacemos porque percibimos que el propio sector social y la ciudadanía en general no terminan de identificarse con un sistema tradicionalmente considerado como un sistema pobre para pobres.
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Nos centraremos en los Servicios Sociales de la Ciudad de Madrid porque consideramos que se pretende convertirlos en un laboratorio de vanguardia para las estrategias neoliberales autoritarias en este ámbito que podría extenderse a otras comunidades autónomas.
Los servicios sociales cuyas funciones encomendadas están directamente relacionadas con las tareas de cuidados -protección de los sectores más vulnerables, fomento de la autonomía personal, integración de las personas que se encuentran en situación de exclusión y promoción de la interacción y la convivencia social- se enfrentan en Madrid al colapso: las listas de espera de más de tres meses en los distritos del Sur, el déficit estructural permanente de las plantillas con índices de capacidad operativa efectiva (ICOE) inferiores al 50% amenazan la capacidad real de intervención de los equipos sociales.
Madrid se está configurando en las últimas décadas como: nodo financiero-inmobiliario, polo logístico tecnológico, espacio de atracción de capital internacional y territorio de fuerte polarización socioespacial. Estamos en presencia de un extractivismo urbano-turístico-inmobiliario-financiero voraz que reorganiza el espacio urbano en función de la captura de valor, intensificando los procesos de exclusión, expropiación y extracción de la vitalidad de las ciudadanas y ciudadanos madrileños en la vida cotidiana.
Se ha convertido en un motor económico potente a costa de acelerar el desarrollo de una brecha social estructural; la tradicional diagonal de la desigualdad social noroeste/sureste adquiere así, en las últimas décadas, unas características que profundizan la segregación y la fractura social. Provoca un desplazamiento de personas, una expulsión silenciosa, que está produciendo una reconfiguración de la región; la geografía del desplazamiento residencial evoca a las cartografías clásicas de las migraciones.
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Escuchar a las auxiliares que atienden a las personas mayores en sus domicilios y a las trabajadoras sociales y educadoras que reciben a las vecinas y los vecinos en los centros de servicios sociales confirma que cada vez más personas se sienten abandonadas. Son cientos de familias desahuciadas de sus viviendas de alquiler que pasan a vivir en habitaciones alquiladas; trabajadoras cuyos salarios no bastan para comer y que deben solicitar la tarjeta familia; y personas sin hogar que no consiguen plaza en los centros de acogida. Poco a poco, casi sin darse cuenta, se incorporan a los mundos de supervivencia que crecen en los barrios más castigados y vulnerables. Dejan de reconocerse como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho y empiezan a verse como una ciudadanía de segunda: descartados, sobrantes, población superflua.
En estos barrios, otros vecinos y vecinas ven con temor cómo los cambios acelerados desdibujan su mundo. Perciben a diario la retirada del Estado: menos recursos para la integración en la escuela pública, mayores listas de espera sanitarias, venta de vivienda social a fondos buitre y servicios sociales sin tiempo ni medios para protegerles. Quienes aún tienen energías conservan la aspiración de ascenso social propia de la clase media y esperan dejar el barrio.
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Esta es la situación de buena parte de Madrid, tras 35 años de gobiernos de la derecha con un breve intervalo. La ciudad vive una fractura física, social y simbólica lenta pero imparable, que quizá anuncie el principio del fin de una ciudad alegre, cohesionada, plural y mestiza.
En este contexto, es muy posible que pronto la capital de España quede bajo un triunvirato de las derechas surgido de las urnas, con los gobiernos municipal, autonómico y central en manos de una derecha neoliberal autoritaria. Esta convergencia podría propiciar recortes coordinados, transformar las condiciones institucionales de los servicios sociales, aumentar las necesidades de la población y reducir la capacidad del sistema para atenderlas. La red pública afrontaría una doble presión: mayor vulnerabilidad social y menos recursos, con graves consecuencias para los sectores más desfavorecidos y para la mayoría de las trabajadoras del sector social cuyas condiciones laborales empeorarían aún más.
La pluralidad política entre administraciones ha actuado históricamente como contrapeso, una alineación total podría coordinar las agendas de recortes o reestructuración (desregulación), anular la compensación entre instituciones y trasladar en cascada las carencias del sistema a la atención municipal de primera línea. Los efectos de esta confluencia se acumularían reforzándose entre sí, dando pie a una nueva arquitectura institucional caracterizada por el debilitamiento de contrapesos. Un endurecimiento simultáneo del acceso para la población migrante (prioridad nacional) podría dejar necesidades sin cobertura o trasladarlas a entidades asistenciales, familias y redes informales.
La huelga general ofrece una oportunidad para tirar del freno de mano en la ciudad y dejar de actuar sin poder pensar. Permite reflexionar sobre la intervención social en una región con los porcentajes de desigualdad social más altos de Europa, ante una perspectiva de grave fractura social, resultado de las políticas neoliberales de los sucesivos gobiernos de la derecha.
Ante este panorama, en un tiempo histórico que no invita a pensar y en el que la emergencia envuelve de los pies a la cabeza a las trabajadoras y trabajadores del sector social, resulta conveniente que el amplio, complejo y fracturado mundo del trabajo relacionado con lo social -sector público, tercer sector, empresa- se distancie del quehacer cotidiano, ralentice el tiempo y se piense con una identidad colectiva, como condición para poder afrontar en mejores condiciones el día después.
En este tiempo de desencanto, sostener la esperanza y la aspiración de ayudar a algunas personas a mejorar sus vidas exige recuperar el sentido profundo de la democracia: activar el principio de igualdad, como nos recuerda Rancière.
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