Sí, sigue siendo importante reivindicar el Orgullo

Esa mañana de septiembre de 2002 fui con mi hijo recién nacido al registro civil único de Madrid. Cuando finalmente me tocó el turno, le conté con pelos y señales mi vida a la funcionaria que me tocó en suerte. Me escuchó con paciencia, sin interrumpirme.

Le expliqué que el pequeño tenía dos madres. Que llevábamos conviviendo juntas un montón de años y que este hijo era un proyecto de vida en común. No me habían dejado inscribir su nacimiento en el hospital, como sí habían podido hacer otras familias heterosexuales que habían dado a luz en el mismo centro, y me indicaron que la única forma de inscribirlo era personándome en el registro civil. Así que ahí estábamos.

Dediqué un buen rato a explicarle a la funcionaria nuestra relación, la necesidad de que este pequeño fuera inscrito como hijo de ambas y que entendía que llevaría mi primer apellido.

Relacionado con este tema

De la lesbofobia de Meloni al recorte de las leyes trans y LGTBI+ de Ayuso: las amenazas al colectivo en Europa

Candela Barro

Cuando comenzamos a llenar los datos del formulario, la funcionaria me suelta:

—"Deme un nombre vulgar de hombre para ponerlo como el ‘padre’".

Me quedé atónita. Había desplegado toda mi vida sobre su escritorio y el hecho de que no había un ‘padre’ en esta historia. Le pregunté si no había entendido todo lo que le había contado y me dispuse a repetir parte del relato como un ejercicio de pedagogía.

— "Necesito un nombre vulgar de hombre para inscribirlo", volvió a repetirme antes de que me lanzara.

No recuerdo si me molestaba más lo de ‘hombre’ o lo de ‘vulgar’.

— "¿Me está usted pidiendo que mienta en documento público?" Recuerdo que le dije muy digna e irritada por la insistencia en lo del ‘padre’.

No hubo manera.

— "O me da un nombre vulgar de hombre para ponerlo en la casilla de ‘padre’ o no se puede inscribir al niño en el registro. Se queda sin registrar y tendrá que venir otra vez a hacer el trámite", me retó.

Finalmente le di el nombre de pila de mi propio padre, al no encontrar una alternativa mejor, siendo consciente de la incongruencia de que mi progenitor se convirtiera a la vez en padre y abuelo en los papeles.

Esto ocurrió casi tres años antes de que se aprobara la ley de matrimonio igualitario de 2005. El resultado de esta inscripción, sin mención a la otra progenitora, dejó a nuestro hijo desprotegido y a mi pareja sin derechos. Ella no podía decidir nada clave sobre la vida de nuestro hijo: ni inscribirlo en la guardería o colegio, ni tomar decisiones médicas o de urgencia, si al crío le pasaba cualquier cosa. Ni viajar con él sin mi consentimiento. Nada. Ella no figuraba en ningún sitio. Yo era, sin serlo, una madre soltera. Si a mí me pasaba algo incapacitante ella no podía tomar ninguna decisión sobre su vida. Ni siquiera quedarse con él si yo no podía decidir o moría.

Cuando nacieron los hermanos (mellizos, de los cuales mi pareja era la gestante), el trámite fue algo más sencillo, aunque largo y farragoso. Llegamos pronto por la mañana al registro civil central (el mismo donde años atrás había inscrito al primogénito) y salimos ya pasado el mediodía. Vimos desfilar a decenas de personas que registraban a sus vástagos y se marchaban. Aparentemente sólo había un funcionario que conocía los pasos para inscribir a nuestros hijos. Un trámite que dura unos minutos se alargó varias horas.

Nos vimos obligadas a entregar el registro de nuestro matrimonio (nos casamos tras la aprobación de la ley para poder regularizar la situación de los hijos) y el original de un documento emitido por la clínica de reproducción asistida en el que yo accedía a que mi pareja se inseminase. Una discriminación que prevaleció hasta el año 2017, en que la Dirección de Registros y Notarios decretó, tras muchas protestas, que dicho trámite ya no era necesario y suponía una desigualdad.

Finalmente salimos de allí con un libro de familia en el que se inscribieron a los dos pequeños, a mí y a mi pareja. Nuestro hijo mayor aún no estaba dentro de la familia formal, esperando a la decisión judicial de un trámite de adopción, que finalmente salió adelante poco después. Es por eso que el primogénito figura último en el libro de familia.

Tras el reconocimiento de la adopción, volvimos al mismo registro civil, para anotarlo como miembro de la familia y cambiar su segundo apellido (hasta ese momento llevaba sólo los míos). Nos explican que podemos hacer una "limpia". Es decir, una nueva partida de nacimiento del mayor donde figuraremos como "madre 1" y "madre 2", eliminando el primer documento con el “nombre vulgar de hombre”. Un paso reparador y que puso las cosas como siempre deberían haber estado desde un principio.

Hoy en día los trámites para inscribir a los hijos de lesbianas en nuestro país es más sencillo al eliminarse la mayoría de las discriminaciones. Desde 2023, con la entrada en vigor de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ya no es obligatorio estar casadas para realizar la filiación de los hijos e hijas. Desde 2025, otra instrucción elimino definitivamente la discriminación de no poder inscribir a los recién nacidos de parejas lesbianas y de hombres trans que gestan, desde el propio hospital.

Las leyes que reconocen derechos son fundamentales y cambian la vida de la gente, las reconocen, les otorgan derechos y las dignifican. Pero, tal como hemos visto en otras latitudes no muy lejanas, estos derechos, igual que se conquistan, se pueden perder de un plumazo.

De un total de 49 países de Europa evaluados por Ilga-Europa (una ONG presente en 54 países que recopila avances y retrocesos en los derechos LGTBIQ+), 22 tienen reconocido el matrimonio igualitario, pero en una mayoría de 27 Estados este derecho aún está prohibido. En esta última lista se encuentran países como Polonia, Bulgaria, Rumanía o Italia. Y en la mayoría de estos países, los derechos han ido en claro retroceso.

Italia, por ejemplo, aprobó hace una década el derecho a las uniones civiles de gays y lesbianas con amplias restricciones y la prometida ley de matrimonio igualitario nunca se ha aprobado. Esta unión civil no permite la adopción de hijos ni los tratamientos de reproducción asistida para parejas homosexuales o mujeres solas, pero los ayuntamientos han ido reconocido a las parejas como madres de los recién nacidos y los han ido inscribiendo en los registros. Desde el desembarco de Giorgia Meloni en el Gobierno del país vecino, se han impulsado mayores trabas a las familias homoparentales, advirtiendo a los ayuntamientos que registrasen a los hijos de estas parejas que se enfrentaban a penas y emitiendo órdenes que prohibían los registros. La medida no solo afecta a las nuevas inscripciones, sino que se realiza de forma retroactiva. 

El Gobierno de Meloni entiende el concepto de familia como "familia natural" formado por padre y madre y en los últimos años ha puesto en marcha directrices para que los ayuntamientos se abstengan de inscribir a los hijos de parejas homosexuales. Uno de los lugares más conflictivos es la ciudad de Padua, donde el registro han comenzado a eliminar a la madre no gestante de los certificados de nacimiento, dejando a las familias en un limbo. En la actualidad esta medida está en manos del Tribunal Constitucional de Italiano.

Países como Polonia, Hungría o Rumanía, cuya Constitución establece el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer y que prohiben la adopción por parte de parejas del mismo sexo o los tratamientos de reproducción asistida, son, junto a Italia, de los más restrictivos de Europa.

Estos casos muestran a las claras que los derechos se conquistan con mucho sufrimiento y mucha lucha y se pueden perder en un abrir y cerrar de ojos, especialmente con el avance de los grupos de ultraderecha en Europa y en el resto del mundo. Por esto, aunque los derechos en nuestro país parecen ganados y sellados, hoy más que nunca es importante salir a las calles, reivindicar derechos y asegurar que no hay retrocesos. Por todo esto aún es clave reivindicar el Orgullo.