Antonio Pérez,

miembro de La Comuna

En septiembre del 2013, el gobierno del PP aprobó un nuevo reglamento de la Ley de Víctimas del Terrorismo que regulaba con efectos retroactivos unas sustanciosas indemnizaciones para aquellas personas que hubieran sufrido amenazas terroristas desde el año 1960. A renglón seguido, el gobierno neofranquista aprobó una partida presupuestaria de 77 millones de euros para satisfacer pecuniariamente a las susodichas víctimas. Fue todo un ejemplo de previsión y de generosidad material, aún más loable puesto que se dictó -excepción que confirma la regla- en pleno vendaval de hachazos al gasto social y de implantación de la austeridad –ajena-.

Huelga añadir que, por “víctimas del terrorismo”, el gobierno sólo entiende a las víctimas de ETA, Grapo y nada más. Por ello, algunos tiquismiquis objetan que el primer atentado de ETA ocurrió en 1968, seis años después de la fecha fijada por este reglamento. Personalmente no me afecta porque yo soy víctima del terrorismo desde el año 1961.

Así sucedieron los primeros hechos: en 1961, mientras cursaba el bachillerato, el régimen franquista me amenazó –incluso físicamente- con el infierno terrenal si persistía en la autogestión sexual. No consiguió que me salieran pelos en la palma de la mano ni me quedé ciego, pero sus chantajes y sopapos me hicieron ver que, en efecto, la coalición Iglesia-Estado había convertido a España en una especie de averno terrenal cuyos zulos eran enormes oficinas, aulas, catedrales y cuarteles, cuyas bombas lapa cabían en mi pupitre escolar y cuyos encapuchados desfilaban en procesiones armadas.

Desde el año 1961, el terrorismo no ha dejado ni un minuto de apalearme. Es más, en varias ocasiones he sufrido sus más refinadas palizas físicas y sociales con el consiguiente grave daño para mi hacienda y para mi integridad corporal. Por todo ello, solicito ser incluido en la nómina de los beneficiarios de la Ley de Víctimas del Terrorismo en ésta su última versión.

El nuevo Reglamento pone el énfasis en los abandonos del lugar de residencia que tuvimos que afrontar los amenazados por los terroristas. Es muy justo que haya alguna reparación para mi familia por las molestias que la ocasionaron los violentos fanatismos franquista y neofranquista. Por fortuna, las indemnizaciones fijadas no se quedan en las migajas de antes sino que esta vez ascienden a miles y miles de euros: ¡bien! En mi caso, me corresponde un dineral porque tuve que cambiar mi residencia no sólo de país sino incluso de continente. Si a eso añadimos lo que me tocará por secuelas físicas, tratamiento psicológico, problemas de reinserción laboral y un larguísimo etcétera, es evidente que este magnánimo gobierno me hará millonario.

Raudo y veloz voy a presentar mi solicitud pero, antes, debo resolver una pequeña duda: ¿cómo contabilizar los varios-muchos-demasiados años en los que residí a pensión completa en el Palacio de la Incomodidad (Cervantes dixit) y en otras parecidas instituciones estatales?

Sumido estaba en esas cogitaciones cuando, el 21 de octubre de este año 2015, el gobierno español acudió al Consejo de Seguridad de la ONU para exigir al mundo intergaláctico que las víctimas del terrorismo tengan “memoria, verdad, justicia y dignidad”. ¡Brabo, biba el govierno! Me gustan esas palabras. Pero, ya lanzado, el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz apeló a la necesidad de escribir una “contranarrativa” a través del relato de las víctimas para “deslegitimar la propaganda y la falsedad” de los terroristas. ¡Brabo menistro, tú sí que sabes! No sólo vuelvo a suscribir sus palabras sino que esta nota es una primera muestra de lo que entiendo por contra-narrativa.

Además, me solidarizo con Fernández puesto que, como miembro del Opus Dei, el ministro necesita el abrazo de todos “los españoles de bien” en la actual lucha de su orden contra los jesuitas del Papa. Incluso me atrevo a sugerirle que aplique a los papistas algunas de las leyes que ha promulgado durante sus cuatro años de ordeno-y-mando. Por ejemplo, la de Seguridad Ciudadana, la llamada “ley mordaza” o cualquier otra nacida de su prolífica porra o pistola.

Lamentablemente, también dijo Fernández que su invitada de honor, Marimar Blanco - hermana de un concejal del PP que fue asesinado en 1997-, “va en representación de todas las asociaciones y fundaciones [de víctimas del terrorismo]”. Pues no. La inmensa mayoría de las víctimas no estuvimos representadas en la ONU. Muchísimas víctimas organizadas –por ejemplo, las de la Asociación de Presxos del Franquismo La Comuna-, no fuimos invitadas a Nueva York ni jamás recibimos la menor ayuda del gobierno sino todo lo contrario, palo y tentetieso. Sr. Fernández, se lo diré con menos palabras: la señora Blanco no me representa.

Asimismo, el gobierno español dijo en la ONU que “promoverá una Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo” que, al parecer, ha sido redactada “con las aportaciones de las víctimas”: pues no sé, debe haber un error, a mí nadie me ha preguntado. Pero, si lo hicieran, más que una aportación les trasladaría una duda que he esbozado antes, que me corroe desde septiembre de 2013 y que me gustaría resolver para mejorar y niquelar mi solicitud de inclusión en la nómina de los beneficiarios de todas estas maravillosas canonjías que mi gobierno ha prometido en la ONU. Insisto: puesto que durante todo el tiempo que me estuvieron en Villa Rejas no pagué alquiler ni manutención, ni transporte siquiera de un internado a otro, ¿en mi solicitud de reparación como víctima del terrorismo franquista debo incluir esos años o, por el contrario, debo sustraerlos del gigantesco monto final al que tengo derecho?