Un país en el que el Tribunal Supremo no es garantía de justicia, sencillamente, está desamparado. Esto es lo que sucede en España, donde los episodios de servilismo y bajeza moral del ente judicial se acumulan. El último, negar la nacionalidad española a quienes nacieron en el Sáhara Occidental antes de 1975, cuando este territorio era la provincia 53 de España.

Entre el cúmulo de capítulos vergonzantes del Tribunal Supremo (TS), aún tenemos fresca aquella tarde en la que, posiblemente tras una llamada de la banca usurera que padecemos, los magistrados optaron por salvarle el culo a ésta con el impuesto de las hipotecas, arrojando a la ciudadanía a los pies de los caballos. Aquello tan sólo fue un ejemplo más de la suprema inmundicia moral de que hace tantas veces gala el TS.

Ahora, el ente judicial niega la historia, contradice a la ONU y asegura que "no son nacidos en España quienes nacieron en un territorio durante la etapa en que fue colonia española". Apoyándose en un Real Decreto de 1976, el TS sostiene que "el territorio no autónomo del Sáhara había estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial, declaraba rotundamente que el Sahara 'nunca ha formado parte del territorio nacional".

Con esta decisión, ya no es sólo que el TS cargue contra los pasados procesos de nacionalización de personas saharauis apoyados en documentación de sus progenitores o abuel@s, sino que mira para otro lado antepruebas irrefutables como la imagen que encabeza este artículo: un DNI español, expedido en 1972 y con fecha de caducidad en 1977, de una joven que vivía en el Sáhara español.

Con esta decisión, el TS contribuye directamente al genocidio del pueblo saharaui que quiere llevar a cabo Marruecos con cuentagotas. La contribución española a esta atroz empresa no sólo consiste en obviar los asesinatos, torturas y demas violaciones de DDHH que comete Marruecos contra el pueblo saharaui, sino con un aniquilamiento burocrático. Pese a cumplir con los requisitos legales -incluso de diez años de residencia- el Gobierno español venía negando por sistema la nacionalidad a las personas saharauis que lo solicitaban. Ahora el TS culmina la infamia.

Hace cinco años escribí la columna Si Marruecos disparó, fue España quien cargó el fusil, criticando duramente cómo, bajo el Gobierno del Partido Popular, nuestro país negó la justicia universal. Mientras en el resto del mundo avanzaba la posibilidad de juzgar crímenes contra la humanidad, en España retrocedía. Aquella causa contra el genocidio ejecutado por Marruecos contra el pueblo saharaui, iniciada por el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional, quedaría en nada. Testimonios como los Sadyama Adjeteu, que era una niña de 6 años cuando en 1976 Marruecos bombardeó el Sáhara Occidental con napalm y fósforo blanco, no bastaron para que la justicia fuera realmente justicia: "Sentí un golpe en la cabeza y, de repente, tenía sangre por todos lados. La gente huía en todas direcciones, escarbaban en la arena para poder esconderse. Había sangre por todos lados y restos de humanos". De nada parece que sirve que otra víctima de aquel bombardeo, Abubekren Ben-Nani, asegurara que "había carne y huesos humanos repartidos por el suelo. Arrastrábamos a los viejos e incluso recuerdo arrastrar a mi madre, que ya estaba casi paralítica. También recuerdo como a una mujer le cayó una bomba encima y la partió por la mitad. El feto salió disparado. Había miedo por todos lados".

En agosto de 2018 se creó una comisión para tratar de restablecer la justicia universal, pero desde entonces el proceso ha encallado en los arrecifes de la bajeza política que sufrimos, amplificada ahora por el COVID-19. Pocas personas se acuerdan ahora de aquello, como pocas darán la importancia que merece la decisión del Tribunal Supremo, metido bajo la chilaba de Mohamed VI... el mismo cuyas ansias de poder amenazan las Islas Canarias ampliando su delimitación marítima ante la sumisión del Gobierno de España. No lo permitan.