Opinión
Supremacía nazional
La nevera vacía de los Mbarga
Eran las 7:30 de la mañana cuando Anne, enfermera camerunesa de 42 años, se plantó delante del director de la contrata de limpiezas donde trabaja desde hace nueve años. No iba a pedir un aumento ni a quejarse de los turnos. Iba a entregar su renuncia. La razón: su hijo de 15 años, Christophe, había llegado la noche anterior con una hoja informativa en la mochila. Era el nuevo cartel del comedor social al que acudían dos veces por semana. Decía, con el sello del ayuntamiento gobernado por un partido de extrema derecha: "Prioridad de atención alimentaria: nacionales y residentes de larga duración con dos años de arraigo acreditable".
Christophe había nacido en España. Habla catalán sin acento. Juega en el equipo de baloncesto del barrio. Pero para ese Ayuntamiento, él y su madre —que paga impuestos, cotiza y limpia en casas— son "menos preferentes" que un nacional que llegó ayer del pueblo de al lado. Anne no renunció por orgullo. Renunció porque esa noche, al abrir la nevera, solo había medio brik de leche y dos zanahorias. Y porque la trabajadora social le dijo: “Lo siento, ahora hay lista de espera para los que no son de aquí”.
La trampa ideológica: "Los nuestros primero"
Lo que Anne sufrió en carne propia no es una medida aislada ni un exceso local. Es la punta del iceberg de un marco ideológico que la extrema derecha ha logrado normalizar bajo el seductor eslogan de la "preferencia nacional". La fórmula es tan simple como perversa: en el reparto de recursos escasos —vivienda, ayudas, empleo, sanidad, educación—, los “nacionales” deben ir siempre por delante.
Pero este principio choca con tres verdades incómodas que la ultraderecha oculta tras sus carteles de colores patrios:
Es ilegal según el derecho internacional. La Convención Europea de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE prohíben la discriminación por origen nacional o étnico. La "preferencia nacional" no es patriotismo, es xenofobia aporófoba.
Es económicamente estúpida. España necesita inmigrantes. La Seguridad Social es viable hoy gracias a los trabajadores extranjeros, que aportan más de lo que reciben.
Es una máquina de fabricar ciudadanía de segunda. Lo denunció el filósofo Étienne Balibar: "La preferencia nacional institucionaliza un apartheid cotidiano. No hace falta un muro físico cuando los comedores sociales ya tienen lista de espera para los que tienen el pasaporte equivocado".
La deriva de la "solidaridad restrictiva"
Detrás de cada cartel como el que vio Christophe hay una operación política calculada. La extrema derecha no propone eliminar el Estado de bienestar; propone restringirlo a unos pocos. Es la táctica del "nosotros contra ellos" aplicada a los comedores escolares, las listas del paro y las urgencias hospitalarias.
El historiador Enzo Traverso lo llamó "nacionalismo social": robar símbolos y políticas de la izquierda para teñirlos de sangre y suelo. "Nacionalizarán las ayudas sociales para que los autóctonos pobres odien a los inmigrantes pobres en lugar de odiar a los ricos de cualquier bandera", escribió.
Y funciona. Porque mientras los ultras señalan a la familia Mbarga como "la que nos quita las becas", los verdaderos beneficiarios del sistema —grandes fortunas, fondos buitre, empresas que contratan en paraísos fiscales— siguen jugando en otra liga, sin carteles que las nombren.
Supremacía nazional
La ventana de Overton se está desplazando cada vez más a la derecha. El actual Partido Popular ya ni disimula su herencia franquista. Fundado por los herederos de la dictadura fascista están retornando a sus orígenes. La causa ha sido su "hijo pródigo", Santiago Abascal, que se escindió del partido y montó un "chiringuito" de extrema derecha. Ahora les "lleva de calle" y ha conseguido que compren su marco ideológico supremacista, que sostiene que un grupo es superior a otros y, por tanto, debe recibir más y recibirlo primero.
El eslogan de "supremacía nazional" (o "preferencia nacional" como les gusta tildarla) se ha convertido en una pieza central de las guerras culturales en el repertorio discursivo de la extrema derecha actual. Este marco ideológico y político procede de la extrema derecha francesa (Jean-Marie Le Pen y posteriormente Marine Le Pen), donde se reformuló un discurso abiertamente racista en términos jurídico-administrativos aparentemente menos agresivos: sustituyendo raza por nacionalidad, exclusión por prioridad y supremacía por preferencia.
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Este desplazamiento semántico permite lo que algunos autores denominan "racismo sin raza" o "nativismo institucional": se mantiene la lógica supremacista, pero con un lenguaje menos directo y ligado a vínculos emocionales de un "nosotros" contra los "otros". En la narrativa racista actual del neofascismo, la "preferencia nacional" opera como un marco que define un "nosotros" (los nacionales, "los de casa"), construye un "ellos" (inmigrantes, extranjeros, minorías) y legitima una jerarquía de acceso a derechos. No se presenta como exclusión, sino como protección moral: "los nuestros primero". Este giro retórico convierte una medida discriminatoria en una demanda aparentemente anclada en el sentido común.
Narrativa de guerra cultural
La eficacia política del giro reside en tres mecanismos: a) simplificación: se vinculan problemas sociales (paro, vivienda, servicios públicos) con un único factor: la inmigración; b) desplazamiento del conflicto social: Se sustituye el eje clase/desigualdad por el eje nacional/extranjero; y c) activación emocional del discurso: apelando a la inseguridad, el agravio comparativo y la pérdida de estatus, mediante mensajes simples y polarizantes.
No se trata solo de la posibilidad de la aplicación real de estas políticas racistas, sino de su capacidad para redefinir la agenda pública. Introducen nuevos criterios de legitimidad (nacionalidad frente a derechos universales), desplazan debates estructurales (desigualdad social, falta de fiscalidad progresiva) y, sobre todo, reconfiguran lo que era impensable hace poco para ser "decible" políticamente, debatible mediáticamente, asumible socialmente y, finalmente legislable normativamente (es la ampliación cada vez mayor de la ventana de Overton). Porque, incluso aunque sean jurídicamente inviables, porque son anticonstitucionales y contrarios a la normativa europea -al menos, de momento-, funcionan como dispositivos de hegemonía cultural.
La clave de su éxito es su ambigüedad estratégica: puede defenderse como política social "prioritaria", pero opera como mecanismo de exclusión diferencial. A primera vista, parece una política de gestión escasa de recursos. Pero analíticamente introduce un criterio de estratificación de derechos basado en la nacionalidad. No se presenta como racismo explícito, no afirma abiertamente superioridad biológica o cultural (como el supremacismo clásico) pero establece una prioridad estructural de unos sobre otros. Se convierte en un marco ideológico que redefine quién merece derechos y en qué grado. Esto configura lo que puede denominarse un "Estado racista", donde los derechos dejan de ser universales, para volverse condicionados por pertenencia a un determinado grupo.
Una sociedad de racismo institucional
Si extrapolamos ese mecanismo racista, el resultado es una transformación profunda del contrato social. Se construye una ciudadanía jerárquica, donde se pasa de la ciudadanía universal (igualdad formal) a una ciudadanía estratificada: nacionales, residentes con derechos limitados y sujetos "tolerados" sin garantías. Se normaliza la desigualdad jurídica: legitima la discriminación institucional y el trato diferencial legalmente establecido (sería la norma administrativa). El Estado Social deja de atender a la población en función de su necesidad, y lo hace de acuerdo a su pertenencia. Con efectos amplificados en el ámbito socioeconómico: competencia entre clases y grupos subalternos (trabajadores nacionales vs migrantes), desplazamiento del conflicto estructural (la desigualdad pasa a reconfigurarse como identidad), explotación (mano de obra precarizada sin derechos plenos) y rompe cualquier posibilidad de solidaridad intergrupal, lo que beneficia a estructuras de poder económico.
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Esto supone una erosión democrática. Se pasa del principio de igualdad al principio de prioridad lo cual supone una restricción de derechos civiles y sociales, la legitimación de políticas autoritarias y la ampliación del margen de arbitrariedad estatal. No hace falta un giro explícitamente totalitario y fascista: basta con una deriva incremental progresiva.
Pero el cambio más profundo no es jurídico, sino cultural: se naturaliza que "unos valen más que otros", se redefine la justicia como favoritismo legítimo y se institucionaliza el "nosotros primero". Se consagra la hegemonía cultural del nativismo primitivo más racista y aporófobo. La "preferencia nacional" no es una simple consigna electoral, es un principio organizador alternativo del orden social que redefine silenciosamente una cuestión central: quién tiene derecho a tener derechos.
El principio del fin del universalismo
Cuando un ayuntamiento decide quién come primero según su nacionalidad, está abriendo una herida que tarda décadas en cerrar. Está diciendo a los 850.000 niños y niñas nacidos en España de familias inmigrantes que su carnet de identidad y su cédula de empadronamiento no vale lo mismo. Está enseñando a Christophe que por mucho que estudie o trabaje, siempre habrá una cola en la que él estará al final.
La "preferencia nacional" no es una política social. Es un mecanismo de exclusión con envoltorio de bandera. Y su triunfo más devastador es hacernos creer que es normal elegir quién merece comer o curarse según la línea que dibujan los mapas.
Anne volvió a su trabajo una semana después. El director de su empresa le buscó una ayuda de emergencia sin preguntar por su pasaporte. Pero en su barrio, el cartel sigue allí. Y cada día, más gente lo lee y asiente.
Esa es la batalla real: no entre nacionales y extranjeros, sino entre quienes defienden un sistema de derechos universales y quienes construyen, cartel a cartel, un mundo de colas separadas.
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