Con los superlativos hay que andarse con mucho cuidado, porque son de esas palabras detrás de las cuales uno ya no encuentra nada, salvo anemia y desolación. Tengo un amigo que sólo muestra interés por los productos premium, el buey de kobe, el whisky de malta japonés, los habanos Cohiba Behike, el jamón de pata negra, y todo así. El problema no sólo consiste en que, después de probar tales maravillas, mi amigo difícilmente puede disfrutar de un buen filete de ternera o de un honesto cigarro dominicano, sino que su existencia se va reduciendo a un constante rodar cuesta abajo, igual que esos escaladores que, después del Everest, tienen que dedicarse a la petanca. Mi amigo encontró a la mujer perfecta, según él, y cuando ella lo dejó, estuvo pensando seriamente en hacerse monje cartujo, pero supo que el voto de pobreza le iba a acarrear muchos disgustos a la hora de abastecerse de productos premium.

Supremo, según el Diccionario de la Real Academia, es un adjetivo superlativo que equivale a "altísimo", "enorme", lo cual aplicado a un tribunal quiere decir que no hay nada más que lleve toga por ahí arriba. También quiere decir que, cuando el Tribunal Supremo se equivoca, no existe corrector, ni goma de borrar, ni típex capaz de deshacer la cagada. Se trata de una cagada suprema, por seguir el rollo semántico, una cagada invulnerable al estropajo y al jabón, que no hay quien la borre ni la arranque de los anales -otro término bastante adecuado en este caso. No es lo mismo caerse del tercer escalón que de un quinto piso.

Uno se imagina a los jueces del Tribunal Supremo elucidando despacio cada palabra en su escrito, sopesándolas una a una, cuidadosamente, sabiendo que luego van a examinarlas cien mil ojos: por eso llama la atención la flagrante e histórica metedura de pata en el auto sobre la suspensión de la exhumación de los restos mortales del General Franco. A quien consideran "jefe de Estado" desde el 1 de octubre de 1936 hasta el 20 de noviembre de 1975, en el que expiró. Mal, mal, muy mal. Da la impresión de que se hubieran informado leyendo los tebeos de Roberto Alcázar y Pedrín o peor todavía, leyendo los tebeos de Pío Moa, que son mucho más divertidos. Casi tan divertidos como la calificación de "golpe de estado con violencia" con que la Fiscalía describe las elecciones de chichinabo que tuvieron lugar en Cataluña el 1 de octubre.

Puesto que la frase, esculpida por el órgano jurídico más alto del país, viene a legitimar no sólo el golpe de estado de 1936, sino los fusilamientos masivos y las feroces y sanguinarias represalias contra la población civil, habría que pedir a los magistrados del Tribunal Supremo un poco más de visión y de conciencia histórica. Con lo fácil que era fijarse un poco y (siguiendo ese razonamiento que justifica el atropello de la legalidad vigente más un baño de sangre de cuatro décadas) retrotraer la jefatura del Estado al mes de febrero de 1936, cuando Franco por fin se decidió a sumarse a la rebelión militar. O mucho antes, a aquellos primeros días en la Academia de Infantería de Toledo en que los otros cadetes se mofaban de él por su tipo de bota de vino y le serraron el cañón del fusil para que estuviera a su altura. O a aquel 4 de diciembre en que ocurrió la desgracia de que viniera al mundo.

Tampoco es que los magistrados hayan andado finos a la hora de fechar el final de la jefatura del Estado el 20 de noviembre de 1975. Franco sigue gobernando después de muerto, como lo demuestran a diario tantos signos paranormales que han convertido este país en una aberración jurídica internacional. La última de ellas, ese auto de suspensión del Tribunal Supremo que, como tantos otros, parece escrito con la prosa del NODO.