¿Por qué tardamos seis años en conseguir la regularización de medio millón de personas?

Lucila trabaja de interna cuidando de dos abuelos catalanes de Badalona. Una familia humilde y alegre que la trata con cariño, pero aún así lo hace más de 15h al día, casi sin días libres, sin papeles y por debajo del SMI. A Lucila aún le quedan 9 meses para poder acceder a la regularización por arraigo, aunque lleva varios años en España. Nunca se empadronó. 

Como Lucila, miles de familias esperan con esperanza la publicación en el BOE de la reforma del Reglamento de Extranjería que les abrirá la puerta a una regularización. Mujeres, hombres, niños y niñas que hoy no existen ante el Estado, para quienes incluso el trámite más básico resulta imposible. Su invisibilidad administrativa y la criminalización que se hace de ella por motivos políticos los empujan a una situación de máxima vulnerabilidad. No es algo fortuito: hay quien se lucra de ello.

Desde 2020, con la pandemia, la sociedad civil española se organizó para dar respuesta a una de las mayores crisis vividas en nuestro país, la COVID-19. El Gobierno progresista de entonces fue pionero en promover políticas de amortiguamiento para evitar que el impacto recayera de lleno sobre las familias. Los ERTE fueron una medida innovadora, reconocida y aplaudida internacionalmente.

Sin embargo, el Gobierno de Unidas Podemos y el PSOE no pudo ampliar ese escudo social a las personas esenciales. Aquellas que siguieron trabajando en silencio mientras el resto se confinaba; quienes ocupaban los puestos más precarios de nuestra sociedad, realizando trabajos que nadie quería hacer y, en muchos casos, sin contrato ni alta en la Seguridad Social. A esas personas no llegaron los ERTE. Muchas perdieron su empleo con el cierre de empresas y quedaron atrapadas en un limbo administrativo.

Ante esa realidad, las entidades sociales comenzaron a reivindicar una regularización extraordinaria. Sin trabajo no hay renovación, y la Ley de Extranjería atrapa incluso a quienes desearían regresar a su país tras el fracaso de su proyecto migratorio. Tras meses de activismo, principalmente digital por las restricciones sanitarias, comenzó a gestarse la campaña Esenciales, una recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclamaba esa regularización.

En 2022 se abrió el proceso formal. La movilización ciudadana fue masiva: casi 700.000 firmas, 200.000 más de las necesarias. Para dimensionarlo, ese apoyo ciudadano podría equivaler, según provincia y partido, a entre 7 y 11 escaños en el Congreso con el sistema D’Hondt. Más que muchos partidos minoritarios con representación parlamentaria.

Finalizada la recogida de firmas, la ILP quedó bloqueada en el cajón de las presidencias del Congreso. Fueron el movimiento social Regularización Ya!, surgido de la campaña Esenciales, y también Gala Pin —quien me precedió en el Congreso— quienes mantuvieron viva la iniciativa. Pin, conocida por su persistencia y creatividad política, logró además una alianza con la Conferencia Episcopal y entidades sociales cristianas para tratar de convencer al Partido Popular de que, si Aznar aprobó dos regularizaciones extraordinarias en 2000 y 2001, tras las tres impulsadas por Felipe González, no había motivo para no hacerlo en un contexto tan excepcional como el de la pospandemia y las múltiples crisis humanitarias actuales.

Pero el alma del PP que se siente atraída por Vox es la que hoy gobierna el partido. Y aunque hubo voces internas que consideraron la ILP necesaria y justa —entre ellas la de Borja Sémper—, acabaron imponiéndose las tesis del odio, profundamente anticristianas. No es casualidad, y es que en los dos últimos años el rechazo a la inmigración ha crecido de forma exponencial entre el electorado del PP y de Junts en Catalunya. Especialmente en este último caso: en solo dos años se ha pasado de un 48,3 % a cerca del 80 % en 2024, según un estudio del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). Una tendencia similar se observa en el resto del Estado. Pero esto no es nuevo, es cíclico, y un arma política reconocida porque tiene poco impacto electoral: las personas extranjeras no votan.

En este contexto, en el verano de 2025, con un borrador de la ILP a punto de debatirse y votarse, la crisis derivada del caso Santos Cerdán debilitó la aritmética parlamentaria. En los meses siguientes, el debate continuó, pero perdió fuerza. Comenzó entonces a tomar cuerpo la opción de un decreto ley, impulsada por los movimientos sociales y por distintos grupos parlamentarios, incluidas diputadas de Sumar que presionaron directamente al Gobierno. Debe reconocerse también el último empujón de Podemos para cerrar el acuerdo.

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Quim González Muntadas

Un acuerdo que, de haber sido aprobado como ley a través de la vía parlamentaria, probablemente no habría sido tan ambicioso por tener que contentar a más grupos conservadores. Y que, por tanto, representa el mejor resultado posible para las miles de familias que se beneficiarán de él.

Este acuerdo no es solo transformador por el contexto en el que se fragua —con el ICE asesinando personas en Estados Unidos—, sino porque marca un punto de inflexión vital. Personas que hoy recuperan un futuro, que tendrán un poco más de facilidad para alquilar una vivienda, que podrán abrir una cuenta bancaria. Es transformador porque miles de niños y niñas pasarán a existir ante el Estado, y porque sus madres y padres podrán, por fin, respirar hondo.

Hablamos de las personas que abaratan los costes de producción en la agricultura, en la construcción o en el sector de los cuidados. Sin ellas, muchas familias no podrían permitirse que alguien cuidara de sus mayores. La única forma de justificar su exclusión para ese beneficio económico es a través del odio: fomentando bulos y perpetuando la irregularidad administrativa, porque detrás hay una industria millonaria. La irregularidad sirve, y sirve mucho, a Vox, al PP y al entramado caciquil que representan. No es casual que incluso la patronal se haya posicionado a favor de la regularización.

Mientras tanto, el Partido Popular anuncia que estudia recurrir el decreto ley de regularización extraordinaria ante la justicia y llevar el asunto a la Unión Europea. Lo hace en su pugna con Vox por ver quién atiza más el odio. Pero hagan lo que hagan no ganarán. Han ganado ya las miles de personas que salieron a la calle a recoger firmas. Ha ganado el movimiento antirracista. Y, sobre todo, han ganado las personas en situación administrativa irregular.